Autoconvocados tensionan la paz sindical de Llaryora

El modelo económico del Gobierno Nacional ha empezado a mostrar limitaciones que, más allá de la permanente ebullición en materia financiera, alcanzan a los índices de actividad. Según explican los especialistas, la recuperación económica del segundo semestre de 2024 estuvo motorizada por una serie de factores entre los que se cuenta la recuperación de los salarios (junto al aumento del crédito y la estabilidad cambiaria). 

Ese repunte fue efecto de un modelo de negociación que no miraba hacia adelante, sino hacia atrás, en un afán de los gremios de recuperar el poder adquisitivo perdido tras la devaluación de diciembre de 2023. Ahora, a más de un año de aquel salto devaluatorio y consecuente licuación de los salarios, ese modelo de negociación está cambiando, y con él, la recuperación salarial que dinamizaba el consumo empieza a empantanarse.

Este factor, que reviste un dato de análisis macro a nivel nacional, también puede ser traído a juicio en la política doméstica. Llegado el caso, esto es lo que sucedió con las paritarias de la UEPC, con distancia, el sindicato público más grande de la Provincia. Las paritarias, que venían mirando hacia atrás para recomponer la licuación salarial de los meses en los que el Centro Cívico pagó la mitad del IPC, empezó a mirar hacia adelante. Esto tiene dos efectos: por un lado, adelanta pauta, permitiendo que la recomposición vaya no “por encima”, pero sí “por delante” de la inflación. Pero, por el otro, opera consolidando la pérdida salarial, ya que marca un parangón a partir del cual no se toma en consideración la licuación salarial pasada, sino que sólo se atiende a compensar hacia adelante.

Los docentes, urgidos por el cobro del bono de 100 mil pesos que el Centro Cívico había pagado en enero resto de los estatales, rubricaron la paritaria. Pero, en rigor, los departamentos que concentran a la gran mayoría de los educadores no lo hicieron. Estrictamente, la UEPC aceptó, pero la mayoría de los docentes rechazaron. Un efecto que hace posible la distorsión que el Estatuto del sindicato imprime sobre los canales de representación.

La semana pasada, la delegación Capital del gremio, controlada por colectivos de independientes y agrupaciones de izquierda, organizó un Plenario Docente que buscará replicarse en cada departamento y concluir en un nuevo plenario provincial. Una manifestación del descontento que dejó la paritaria. Y una semilla que puede -o no- germinar.

Por lo pronto, ese plenario ya dispuso una movilización para el 4 de abril, otra -en solidaridad con los docentes de las modalidades hospitalaria y especial- el 8 de abril, y participar de la movilización de jubilados del miércoles 9 de abril, además de la convocatoria a plenarios en cada departamento y a un plenario general provincial el 10 de mayo.

Judiciales

El caso de los empleados judiciales es diferente en cuanto a la organicidad, aunque guarda obvias similitudes por el contexto.

El Sindicato de Empleados Judiciales (AGEPJ) acopló hace años sus actualizaciones salariales a las de la Justicia Federal, pero no equiparó los salarios, sólo los reajustes. Desde la llegada de Milei al poder, la Justicia Federal no ha quedado afuera del ajuste, y la CSJN viene concediendo sistemáticamente recomposiciones por debajo de la línea de la inflación. Pero el impacto sobre los salarios de los empleados judiciales de la Provincia es mucho más severo, porque la línea de partida cambia: los salarios de los empleados de la Justicia Federal duplican a los provinciales.

Con la suerte de los judiciales provinciales atada a los de sus pares de la Justicia Federal, la Provincia ha podido ahorrar en las partidas salariales (que liquida el TSJ en el ejercicio de sus funciones de superintendencia). Y a esto ha agregado otros ajustes, como la liquidación del FOSAET en los recibos de sueldo o la contribución coactiva para las enfermedades catastróficas, junto a los diferimientos en los reajustes de los jubilados.

Este combo ha colmado la paciencia de los Judiciales, que desde hace semanas organizan protestas y asambleas, por dentro y fuera de la estructura sindical. Una parte de los reclamos es vehiculizada por el sindicato. Pero, en paralelo, autoconvocados que no se sienten representados por la conducción también organizan manifestaciones. Entre otras, una tuvo lugar en pasado viernes, en la Apertura del Año Judicial a la que asistió el gobernador en el Palacio de Justicia, recibido por el TSJ. Al momento de salir de Tribunales I, una muchedumbre de autoconvocados reclamó a Llaryora por la existencia de salarios bajo la línea de la pobreza entre los empleados de la Justicia Provincial.

Los autoconvocados juran que fue después de esta iniciativa que la AGEPJ convocó al paro de 24 horas que tendrá lugar hoy. Desde AGEPJ corrigen, y apuntan que el paro fue decretado horas antes de la protesta de los autoconvocados. Sea cual sea el caso, es indudable que la conformación de colectivos de autoconvocados, o el accionar coordinado de espacios independientes y opositores el en caso de la UEPC, empieza a condicionar a las estructuras oficiales, amenazando la ‘pax’ gremial que Hacemos Unidos daba por descontada para atravesar el electoral 2025, y empujando hacia un ‘revival’ de las protestas que asediaron al gobierno de Juan Schiaretti a la salida de la pandemia. 

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE FELIPE OSMAN.