Llaryora va a la mediación con la ANSES por la plata de los jubilados

Martín Llaryora expresa mesura a la hora de analizar la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia a una audiencia de conciliación entre la ANSES y el gobierno provincial, por la demanda planteada por el retaceo de fondos que el poder central debe realizar a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

"La expectativa es moderada", sueltan en el Panal, como se conoce al Centro Cívico mediterráneo. La citación formal del máximo órgano de justicia es para el próximo miércoles 23 de abril. Por la administración provincial acudirán, para dialogar con los representantes de la Administración Nacional de Seguridad Social, funcionarios de la Fiscalía de Estado de la Provincia y del Ministerio de Economía y Gestión Pública. Sus nombres aún no fueron revelados.
 
La audiencia de conciliación había sido comunicada informalmente en septiembre pasado, tal como contara Letra P, al concluir el acto por el 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de 1994 que se realizó en la ciudad de Córdoba.
El compromiso, asumido por los tribunos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda (hoy jubilado) tuvo como primera e imprecisa referencia un “antes de fin de año”. Finalmente será al cierre del primer cuatrimestre del 2025, en momentos políticos bien distintos a los de hace seis meses.
Dos años desde la denuncia de Juan Schiaretti
En aquella jornada de primavera aún se especulaba con la futura conformación de la Corte ante la inminente salida de Maqueda. Aunque se conocía la intención del gobierno de impulsar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para las vacantes, la posibilidad de un nombramiento por decreto parecía aún lejana.
Ya en otoño, con García Mansilla y Lijo “en comisión” y a la espera del tardío tratamiento de sus pliegos, cada decisión de los tribunos restantes es sometida a minucioso análisis.

Tal es el caso de la citación para la audiencia de conciliación por los fondos que reclama el gobierno de Córdoba a la Nación. La demanda original había sido presentada en abril del 2023 por el entonces gobernador Schiaretti contra la administración nacional, por entonces en manos de Alberto Fernández, por la falta de actualización de los montos girados por el tesoro nacional.

Según aquella denuncia, ANSES incumplía con las cláusulas que rigen para calcular las transferencias que deben realizarse, a modo de compensación, a las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales.

La primera respuesta formal de la Corte llega dos años después, cuando parecía diluirse en los manejos políticos de los antiguos tribunos, quienes están dando señales ambiguas de reacomodamiento. Muchos leen la convocatoria como una “marcada de cancha” a un gobierno nacional obligado a cuidar sus reservas.

La deuda de Javier Milei
La demanda presentada por Schiaretti reclamaba unos $200 mil millones. En 2025 el cálculo se eleva por encima de los $900 mil millones . No sólo el frenesí inflacionario explica el crecimiento exponencial. Tan pronto asumió, el presidente Milei decidió cerrar el grifo a las 13 provincias que administran sus propias Cajas de Jubilaciones. Entre ellas, claro, Córdoba.

Desde entonces se han sucedido distintas reuniones entre funcionarios mediterráneos y pares nacionales, incluido el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para intentar destrabar la situación.

En cada encuentro, los voceros provinciales acercaron propuestas para recuperar parte de lo detraído y recordaron la existencia de una instancia judicial en curso. A cada intento, el hombre al que Milei define como “el mejor ministro de Economía de la Nación”, respondió con la misma negativa.

Tampoco fueron fructíferas las charlas con Guillermo Francos, hoy jefe de Gabinete, quien se ha escudado en la necesidad de auditorías nunca realizadas.

Desde la administración provincial estiman que el rojo de la Caja asciende a $20 mil millones por mes. Tal restricción, junto a la poda de los fondos para el transporte y el recorte del FONID, es tomada como argumento a la hora de explicar medidas impopulares, como diferimientos en las remuneraciones que reciben jubilados estatales y actualizaciones impositivas hasta aquí postergadas.

Las expectativas de Martín Llaryora
En el entorno del gobernador aseguran tener expectativas “moderadas” sobre los resultados de la audiencia conciliatoria. Reconocen que se trata de un importante avance en el frente judicial abierto por el reclamo primordial a la Nación, pero no esperan una solución inmediata de un paso muchas veces administrativo.

A la hora de interpretar posibles desenlaces evocan lo ocurrido con la demanda presentada por José Manuel de la Sota en 2012 contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aceptada por la Corte Suprema, pero resuelta en 2015 con el pago de la administración de Mauricio Macri.

Diez años después, con la bandera del federalismo nuevamente en alto, es otro gobierno cordobesista el que intuye una salida política a una puja muy significativa para su narrativa. Aunque contemplen la posibilidad de una sentencia, en caso de falta de acuerdo, sus voceros saben que lo peor sería un conflicto. Ni siquiera en momentos en que la imagen del Presidente parece en baja.

CON INFORMACION DE LETRAP.