Desclasificación de archivos, el caso Viola y una marcha con críticas al Gobierno: crónica del día de la Memoria

Este lunes 24 de marzo volvió a conmemorarse el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en el país, con una convocatoria masiva en Plaza de Mayo como habitualmente ocurre y un contrapunto en la forma en que el Gobierno Nacional propuso revisar los acontecimientos históricos vividos en Argentina en la década del setenta y la visión que tradicionalmente postulan los organismos de derechos humanos.

Así, el inicio del día conmemorativo tuvo en el centro de la escena el video difundido por la cuenta oficial de Casa Rosada en las distintas redes sociales, que constituyó un contenido de 19 de minutos en el que el escritor y asesor del Gobierno, Agustín Laje, expuso la visión oficial, proponiendo un ejercicio de memoria completa, esto es, no escindir del relato histórico la responsabilidad de los grupos que ejercieron violencia política y que, desde esta mirada, instauraron el clima en el que las fuerzas armadas tomaron el poder y cometieron crímenes, desde el Estado.

“Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política responsable de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo 21, conoció la teoría del demonio único”, dice Laje en uno de los fragmentos salientes del video.

Avanzado la jornada, el Gobierno comunicó, además, una medida: ordenó desclasificar los archivos de la Secretaría de Inteligencia, con el objetivo de que las investigaciones de los acontecimientos de aquel periodo violento del país tomen estado público. Lo comunicó la cuenta Oficina del Presidente, que comunica habitualmente decisiones del Poder Ejecutivo.

“Esta decisión responde al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que si bien se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente”, amplió luego en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En ese mismo acto, el Poder Ejecutivo informó que pasará a considerar al asesinato del capital Humberto Viola y su hija de 3 años, María Cristina, como un crimen de lesa humanidad. Se trata de un atentado perpetrado por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974, en la provincia de Tucumán. El planteo venía siendo realizando desde hace décadas la familia de la víctima y que hasta el momento el Estado argentino no había concedido. La petición llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La hija del capitan Viola, María Fernánda —quien también resultó gravemente herida en aquel crimen— valoró la decisión del gobierno nacional. En una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”, la mujer celebró que el Ejecutivo Nacional haya reconocido “hidalgamente” que el atentado sufrido por su padre, el capitán Humberto Antonio Viola y su hermana, María Cristina, representa un crimen de lesa humanidad. El hecho fue cometido en la provincia de Tucumán 1° de diciembre de 1974, por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

“El atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, insistió María Fernanda en la misiva a la que accedió Infobae.

Más adelante, cuestiona la actuación del gobierno del Frente de Todos. “Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado (el gobierno actual) que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso”.

“Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas”, añade.

Con el debate instalado en la agenda del día, la marcha comenzó en la Ciudad de Buenos Aires desde primeras horas del día, con la Plaza de Mayo como destino final. También hubo notables movilizaciones en las principales ciudades del país.

Las imágenes mostraron cientos de miles de personas en las calles que participaron, de forma pacífica, de la conmemoración de la fecha. El tono allí fue crítico con la visión que plantea la gestión del presidente Javier Milei.

En la marcha confluyeron organismos de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos, identificados con el peronismo y la izquierda. Por caso, participaron en la marcha el diputado Máximo Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. También referentes del Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

“El Gobierno salió a decir en su video que quiere la historia completa. Nosotros también queremos la historia completa: que nos digan dónde están los desaparecidos ¿Cómo puede ser que una madre o un padre se hayan muerto sin poder despedir el cuerpo de su hijo?”, afirmó en una conversación con Infobae, Ricardo, uno de los cientos de miles de ciudadanos que se acercaron a Plaza de Mayo. Su prédica reflejó el espíritu de la movilización.

Cómo fue el brutal asesinato del capitán Viola y de su hija de 3 años

El 1 de diciembre de 1974, en San Miguel de Tucumán, el capitán del Ejército Humberto Antonio Viola fue asesinado junto a su hija María Cristina, de tres años, en un atentado perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El ataque ocurrió cuando la familia llegaba a la casa de los padres de Viola para almorzar. Su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, y su otra hija, María Fernanda, de cinco años, también fueron víctimas del ataque; María Fernanda resultó gravemente herida con un disparo en la cabeza.

Tras el atentado, el ERP reconoció la muerte de la niña como “un exceso injustificable”. Los responsables fueron capturados y condenados a reclusión perpetua en 1976; sin embargo, para fines de la década de 1980, todos habían sido liberados bajo libertad condicional.

Con información de www.infobae.com