El Gobierno denunciará a la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos durante la marcha

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentará este lunes una denuncia contra Karina Andrade, la jueza que tuvo a cargo la situación legal de las personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados del último miércoles y que decidió liberar a todas las personas horas después, durante la madrugada del jueves.

A través de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, la cartera que conduce Patricia Bullrich la acusará por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez, funcionario o abogado dicta resoluciones contrarias a la ley.

Eso, al menos, es lo que entiende el Gobierno que hizo la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes de Seguridad a Infobae, el Gobierno considera que Andrade actuó en base a sus opiniones y no siguiendo la ley cuando decidió mandar a sus casas a los 114 detenidos durante la marcha en defensa de los jubilados frente al Congreso.

“No es que nos estamos quejando de que no nos gusta lo que resolvió. Sino que el modo en que lo resolvió violó la ley”, explicaron. El ministerio de Seguridad había anticipado la movida el viernes, cuando presentó una denuncia contra supuestos barrabravas por “sedición” y acusó a dos intendentes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de haber contribuido en la organización.

Andrade habló en las últimas horas en diversos medios y explicó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.

“Mi sentencia dejó claro cuál es el abecé de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, respondió y citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un ‘derecho baluarte' del sistema democrático”.

Para el Gobierno nacional, lo que tenía que hacer Andrade es valorar cuando hay un detenido por el delito de flagrancia si, para liberarlo, existe peligro de fuga o peligro de que se obstaculice la investigación.

“Es a la luz de estos dos peligros, no que efectivamente puede haberse fugado o tiene que haber amenazado testigo robarse pruebas, sino que exista la posibilidad cierta de que se fugue o se obstaculice el proceso. Y la reiterancia es el peligro de tener detenciones anteriores y causas en trámite que indiquen que el acusado posiblemente eluda la acción de la Justicia”, argumentó una fuente cercana a Bullrich.

No lo dirán públicamente, pero en el entorno de la ministra creen lo de la jueza “no fue ingenuo” y que lo hizo para “anular el procedimiento policial”.

La magistrada, en su fallo, detalló que las fuerzas de seguridad omitieron información trascendental para considerar si una persona puede o no permanecer privada de su libertad: “No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”.

Y cuestionó que las detenciones le eran informadas con frases genéricas como “misma situación” o “mismo lugar”, sin especificar de qué delitos graves -como portación de armas o incendio de bienes públicos- se los acusaba. “Era una situación donde no tenía ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. Hasta las 10 de la noche tenía 14 personas detenidas”, contó.

Desde Seguridad explicaron que cuando la Policía tiene que identificar una persona, eso le lleva un tiempo, ya que tiene que tomar los datos filiatorios, hacer fichas, tomar las huellas dactilares, los datos del funcionario policial que lo detuvo, las circunstancias y motivo de detención.

“Eso le lleva una hora haciéndolo muy rápido con una persona. Cuando tenés más de 100 personas, el caso es complejo. Además, mientras estaban haciendo esto, de identificar a los detenidos, seguían los desmanes. Esto la juez lo sabía porque era público y notorio, pero lo obvió en la práctica”, acusaron.

“Algo que no puse en la resolución, porque la escribí a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana la firmé, más allá de que lo decidí a las 12 [de la noche], que los jueces de la Ciudad lo sabemos muy bien, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. ¿Dónde iban a quedar alojadas esas personas? Eso tampoco estaba siendo informado. Son datos básicos que como jueza a cargo del control de la detención tengo que tener de forma inmediata”, indicó en declaraciones a Radio 10.

Con información de www.infobae.com