El llaryorismo se organiza en comisión

El escándalo de las cripto no diluyó la agenda de los impuestos que instaló la oposición en Córdoba, y mañana miércoles se prevé una jornada caliente en la Legislatura provincial, donde los bloques enfrentados a Martín Llaryora tratarán de mantener alto el reclamo por los fuertes incrementos. Ese día podría tratarse sobre tablas, con mayoría simple por los plazos cumplidos sin dictamen de comisión, el proyecto del legislador Gregorio Hernández Maqueda, de Córdoba Futura, cercano a Patricia Bullrich y al senador Luis Juez, que impulsa la reducción del 50% de la alícuota de Ingresos Brutos, el gravamen que más incidencia tiene en la recaudación propia de Córdoba, y también elimina el impuesto a los Sellos. Una reforma tributaria completa que tiraría abajo prácticamente el andamiaje impositivo de la provincia, además de lo votado en diciembre pasado con el Presupuesto 2025 y la ley impositiva.

La iniciativa fue presentada el año pasado, no tuvo despacho de la comisión de Economía, y la oposición ahora ve que ahora, con el rechazo que provocó el fuerte incremento del inmobiliario urbano y rural, es momento propicio para dar la estocada en la Unicameral. Hace semanas que el diputado radical Rodrigo de Loredo está subido a ese reclamo y el propio oficialismo admitió que mantenerlo en el ring le sirvió para no dejarle el campo orégano a Juez, el amigo de Milei a quien ahora gozan en el Panal porque quedó incómodo frente al criptogate. 

La ofensiva tributaria sumó otros capítulos. Los legisladores del Frente Cívico, con el presidente Walter Nostrala, junto a Maqueda, ayer presentaron un proyecto para destituir vía juicio político al ministro de Finanzas y Gestión Pública, Guillermo Acosta, por mal desempeño en sus funciones. La Unión Cívica Radical, con su titular Matías Gvozdenovich, también le apuntó al ministro pero con un proyecto de interpelación.

Acosta está en Arabia junto a Martín Llaryora en una gira comercial para conseguir fondos para financiar deuda y obras públicas. Desde allí mandó a su secretario de Ingresos Gerardo Pintucci a representarlo en una reunión de la comisión de Economía de la Legislatura que se realizará el jueves, un día después de la sesión. El funcionario viene de San Francisco y es de extrema confianza del gobernador.  El presidente de la comisión es el schiarettista Ricardo Sosa.

El bloque que preside Miguel Siciliano va a pedir en la sesión del miércoles el pase a comisión de los cinco proyectos de rebaja impositiva impositiva presentados por la oposición, la mayoría por el bloque de la UCR, con la promesa de empezar a debatir las iniciativas y armar un plan de trabajo en la reunión del día siguiente. El llaryorismo no tiene margen en el recinto para el retruco con el escándalo cripto que protagonizó el jefe de la Casa Rosada, del cual son aliados gran parte de los legisladores opositores, pero sí para hablar de los recortes de fondos nacionales -subsidios al transporte, incentivo docente, fondos para obras y para la Caja de Jubilaciones- y su impacto en las erogaciones del Ejecutivo provincial. “Pongamos todo en discusión, incluso las tasas municipales”, azuzan en Hacemos Unidos.

Los oficialistas lucen confiados. La reunión de la comisión de Economía se empezó a organizar la semana pasada, con el estallido de los reclamos ruralistas en Río Cuarto y Jesus María, y la instalación mediática de los cedulones y archivos digitales donde figuran los importantes incrementos en el inmobiliario urbano. Confían en la presión de los intendentes frente a la eventualidad de una baja de Ingresos Brutos y de los impuestos patrimoniales, que automáticamente reduciría la coparticipación que reciben de la administración central. Solo con IIBB, la masa coparticipable se reduciría el 36 o 37%, advierten. “Ni el “Lilito” (así se le decía a Maqueda cuando revistaba en el partido el Elisa Carrió) ni Juez tienen intendentes a los cuales responder”, afirmaron, dejando la puerta abierta a una ayuda radical, partido que sí tiene intendentes que gestionan, para evitar la mayoría simple que necesita la demolición de IIBB. 

Ponen de ejemplo el apoyo de la comunidad regional de Río Tercero, donde los intendentes se expresaron en apoyo a la política tributaria de Llaryora frente al recorte de los envíos del gobierno nacional. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, está trabajando para sumar a más comunidades regionales.

Hernandez Maqueda dice que tiene el número para avanzar, en una sumatoria donde incluye, además del Frente Cívico, a toda la UCR, con la excepción de Graciela Bisotto, al libertario Agustín Spaccesi y al kirchnerista Federico Alessandri. También cuenta con Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, quien presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para impugnar el aumento inmobiliario y declarar inconstitucional la ley impositiva. Dice el “Lilito” que Spaccesi, que suele tener gestos para con Hacemos Unidos por Córdoba, apoya porque se trata de rebaja de impuestos. “Si no hay sorpresas los números están”, aseguró. Habrá que ver que hace el PRO y la izquierda, con Luciana Echevarría. 

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE BETTINA MARENGO.