El fin de una era: el Gobierno nacional interviene por decreto la Casa de Moneda y apunta al dinero digital

El Gobierno nacional oficializó la intervención de la Casa de Moneda, con la designación del abogado Pedro Daniel Cavagnaro como interventor. La decisión, que había sido anticipada días atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni, se formalizó mediante el Decreto 964 publicado en el Boletín Oficial. La intervención tendrá un plazo de 180 días corridos a partir de este 1° de noviembre de 2024 y apunta a iniciar una reestructuración completa de la institución.

La medida se enmarca en la decisión del Banco Central de rescindir los contratos de impresión de billetes de $1.000 y $2.000 que estaban en curso, argumentando que «la emisión de billetes de baja denominación no tiene sentido en términos de costo/beneficio», según declaró Adorni. Este cambio forma parte de una estrategia del gobierno para reducir los costos y fomentar el uso de medios de pago electrónicos.

Reestructuración de la Casa de Moneda y cierre de la ex Ciccone

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que el objetivo de la intervención es «optimizar las actividades» de la Casa de Moneda y dar inicio a «la transformación y actualización de su objeto social». Esto implica una revisión integral de sus funciones, su estructura orgánica, y una posible modificación de su identidad corporativa para alinearla con la actual estrategia del gobierno.

Cavagnaro, en su rol de interventor, tendrá amplias facultades, incluyendo la capacidad de revisar los convenios colectivos, negociar nuevas condiciones laborales y replantear la administración de fondos. La reorganización también podría derivar en la transferencia de los servicios de la Casa de Moneda a entidades privadas, así como en la eventual disposición de sus bienes muebles e inmuebles.

Como primer paso en el proceso de intervención, el decreto ordena que Cavagnaro presente un informe detallado al Ministerio de Economía sobre el estado actual de la Casa de Moneda y un plan de reformulación de sus operaciones. Además, se exigirá un relevamiento de los procesos judiciales y administrativos en los que la sociedad del Estado esté involucrada.

La intervención también contempla una auditoría integral de las instalaciones y los bienes de la institución. Según el decreto, esto es importante para garantizar la transparencia en la transición y asegurar que la entidad cuente con una estructura y procedimientos adecuados para su nueva etapa.

Adorni aseguró: «Se usan cada vez las billeteras virtuales y el pago electrónico, por lo que no tiene mucho sentido seguir con ese nivel de ineficiencia en la impresión de billetes».

Como parte de la reestructuración, los empleados afectados por la cancelación de los contratos de impresión deberán hacer uso de los períodos vacacionales que tengan pendientes, en tanto se define el futuro operativo de la institución.

Con información de www.elintransigente.com