La puja por el peaje de La Calera pone a prueba la consistencia del bloque de Martín Llaryora

La cuestionada continuidad de las casillas de peaje ubicadas en el ingreso a la ciudad de La Calera, sobre la ruta provincial E55, propone un inesperado test de solidez al bloque del gobernador Martín Llaryora en la Legislatura de Córdoba.

Reclamo de larga data de los habitantes de la ciudad del Gran Córdoba y de barrios cerrados ubicados a la vera de la Avenida Ejército Argentino (tal el nombre de la ruta en su paso por la capital), ha cobrado renovado impulso con la asunción del vecinalista Fernando Rambaldi como intendente.
 
Formalizado a través de proyectos de ley, condición indispensable para su factibilidad, la iniciativa volverá a las arenas parlamentarias antes del receso invernal.

Aunque la pasada semana haya sido rechazado el tratamiento sobre tablas de un proyecto en tal dirección, lo ocurrido en la sesión parece alentar las chances de una oposición que obligó al bloque de Hacemos Unidos por Córdoba a extremar sus recursos para evitar una derrota.
Con más tiempo, con un conocimiento “real” de la voluntad de los representantes, la dirigencia impulsora de la remoción del peaje ya afina sus estrategias, que incluyen rosca con legisladores afines y presión a los parlamentarios que representan al estratégico departamento Colón.
No tan unidos por Córdoba
Formalmente, el proyecto para la eximición de pago a los vecinos de La Calera fue presentado la pasada semana por parte de Rodrigo Agrelo, único representante de Encuentro Vecinal, el partido de Rambaldi, en la Unicameral.

La iniciativa que reúne el aval de los bloques opositores, recoge antecedentes similares (políticos y judiciales) y fue pulido con los ruidos de protestas que congregan cada día más gente. Al momento de instalarse las casillas, en 2003, la población de la ciudad serrana era un tercio de la actual. En estos 20 años, se ha cuadruplicado la cantidad de barrios cerrados, de uno y otro lado de la línea de cobro.

Llevado a la sesión sobre tablas, el proyecto motivó un arduo debate que difuminó identidades previas. Con votos cruzados, se llegó a un empate en 35 votos, lo que obligó al desempate del presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima, quien se inclinó por la negativa, lo que obliga a su tratamiento en comisiones.

Lejos de interpretarlo como derrota, la oposición realizó un balance positivo de la jornada. Según expresaron, el oficialismo quedó “expuesto” en un juego enteramente político, que incluyó gestiones cruzadas y traiciones de quienes prometían acompañar la iniciativa.

Teléfono desde La Calera
Más ánimos aún tiene la gestión de Rambaldi, que paralelamente atraviesa una crisis política derivada del cambio de parecer de una concejala radical que asumió como representante de Juntos por la Calera pero tira en tándem con el peronismo.

También atento a la sequía de fondos, el dirigente vecinalista cuenta con repetir la adhesión casi monolítica de la oposición provincial. Para evitar otra derrota, pule las acciones para el pasaje por comisiones, pero especialmente para un futuro nuevo debate sobre tablas.

En primer lugar, confían en recuperar lealtades prometidas. En primer lugar, la de Federico Alesandri, quien acompañó el proyecto pero finalmente votó en contra de su tratamiento, aduciendo cuestiones reglamentarias.

Luego el del “imprevisible” Agustín Spaccesi. Aunque el referente del Partido Libertario se ha manifestado contrario al pago de peaje, no sólo votó en contra de la iniciativa de Agrelo. En simultáneo impulsó la condición de mayoría agravada para todos los proyectos que se traten en el recinto.

En paralelo, la comunidad calerense siguen con atención los movimientos de sus coterráneos en el departamento. La superposición del cobro con la de impuestos existentes (entre ellos uno que se paga con la carga de nafta) y el incumplimiento del plan de obras que justificó la instalación de las tickeadoras parecen argumentos anexos.

Como indicio toman con pinzas el voto positivo al proyecto de Rodrigo Rufeil. Vecino de la ciudad, aún desde una banca oficialista acompañó el texto, recordando su propia lucha en la materia. Adversario de Rambaldi, también acusó de oportunista a la oposición por presentar un proyecto para remover lo que habían instalado como gobierno. Pese a ello, confían en que mantendrá su decisión en un eventual.

También reparan en la ausencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto en aquella sesión. Exintendenta de Juárez Celman, expresidenta del Ente Metropolitano Córdoba, hay quienes recuerdan sus posturas contrarias al cobro por las rutas que rodean a la capital. La más reciente instalación se ubica a pocos kilómetros de su ciudad.

Finalmente, refuerzan contactos con dos legisladoras de Hacemos Unidos por Córdoba con ascendencia territorial: Luciana Presas, vecina de Unquillo e hija de un histórico dirigente departamental; Dolores Romero, de Villa Allende, parte del acuerdo con el PRO que sustenta al Partido Cordobés.

Hasta el momento, los intentos de diálogo han sido a través de interpósitos. Habitantes calerenses promueven vías directas, como llamados telefónicos, exposiciones públicas o a través de redes sociales.

Un problema para Martín Llaryora
Por las casillas de peaje ubicadas en la ruta E55, y concesionadas a la empresa estatal Caminos de las Sierras, pasan diariamente en promedio, unos 25 mil vehículos. Actualmente, cada uno de ellos debe pagar $800. A excepción de los calerenses, que tienen un sistema de descuentos.

Sin embargo, el problema para la gestión provincial excede lo económico. En el gabinete hay quienes temen a un “efecto contagio” que aliente reclamos en otras jurisdicciones con accesos viales concesionados.

Tampoco se digiere fácilmente en El Panal la sucesión de protestas en el punto exacto de articulación con la ciudad más poblada del corredor metropolitano. Allí convergen vecinos de distintas realidades, desde trabajadores precarizados hasta profesionales, desde habitantes tradicionales hasta pobladores de barrios cerrados de altísimos ingresos.

Más importante aún, el reclamo ha ofrecido una posibilidad de unificación a los partidos que integran la oposición. En particular, a Juntos por el Cambio, que mantiene una incómoda unidad en la legislatura provincial, aún atravesada por el juego de rompecabezas nacional a que invita Javier Milei.

“Llaryora no quiere quilombos. Lo sabemos”, sintetiza un funcionario del gobierno calerense, quien vincula tal temor con la anunciada inauguración de una pasarela peatonal sobre la mencionada ruta. Tal obra, presupuestada en casi $5 millones, ha sido presentada por la Gobernación como “indispensable para mejorar el tránsito y la seguridad vial”.

La ausencia de tales conceptos es otro de los argumentos que sostiene el reclamo de la intendencia de La Calera. Más aún, deslizan que “el apuro” por poner la obra en agenda apunta a atenuar el volumen de los reclamos. Atentos a ello, declinaron la invitación oficial a participar del acto de firma del correspondiente contrato.

con informacion de letra p.