Subsidios: El silencio de Llaryora

A 48 horas de que el voto negativo de los diputados dialoguistas, entre ellos los que responden al gobernador Martín Llaryora, tumbaran la ley Ómnibus del presidente Javier Milei, el gobierno nacional empezó a cumplir su promesa de ajustar a fondo a las provincias y anunció la eliminación de los subsidios al transporte en el interior del país y su reemplazo por el subsidio al usuario a través del sistema Sube, que no funciona en Córdoba Capital.
La medida abarca a servicios urbanos, que dependen de los municipios, e interurbanos, cuyo poder concedente es la Provincia. En ambos casos, la falta de subsidios se trasladará a las tarifas, a mantos que aún no están definidos. Ayer desde la Municipalidad de Córdoba graficaron el impacto de la quita: sin ayuda estatal, el boleto urbano se iría de 340 a 1110 pesos. El recorte no afecta al Amba.

La medida fue considerada “intempestiva” en el Panal pero el generalato del gobernador evitó consideraciones políticas en público.  El propio mandatario, sindicado por el oficialismo nacional como responsable de la conspiración anti ley Bases, se mantuvo en modo zen, dedicado a resaltar el perfil “hacedor” de su gestión frente a la crisis, y su talante dialoguista. “Hoy no es momento para peleas, ni discusiones, ni grietas. Hoy es el momento para, más allá de las diferencias políticas, estar juntos y tirar para adelante”, posteó en Twitter frente al incendio de los subsidios. Había estado en Unquillo para entregar un grupo de “viviendas semillas”.

En cambio, el bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, encabezado por el llaryorista Miguel Siciliano, sí le puso pimienta. En un proyecto de declaración para rechazar la medida, sostuvo que el objetivo del ajuste es “intimidar a quienes con mucho esfuerzo hemos acompañado al Presidente garantizando su gobernabilidad”, aunque aclaró que dicha gobernabilidad “no es a costa de que nuestros cordobeses paguen el ajuste atroz que se lleva adelante en perjuicio de sectores vulnerables”.  A diferencia del sanfrancisqueño, la mayoría de sus colegas de distintos partidos expresaron su rechazo y la arbitrariedad de la medida, de cuyos perjuicios queda afuera el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri y en menor medida al bonaerense Axel Kicillof.
Llaryora dejó la reacción para los intendentes de más peso en Córdoba: el capitalino Daniel Passerini, el sanfrancisqueño Damián Bernarte, el villamariense Eduardo Accastello, el riocuartense Juan Manuel Llamosas, todos peronistas, y el radical de Río Tercero Marcos Ferrer. Los jefes comunales, junto a más de una docena de pares de las principales ciudades del país, emitieron un documento crítico anunciando que van a tomar las medidas “políticas y judiciales” necesarias para asegurarse partidas ya asignadas, y adelantando que se autoconvocarán para solicitar a la Casa Rosada la revisión de la medida. Desde el Palacio 6 de Julio confirmaron que se está evaluando “una acción legal en conjunto con los intendentes”.

Hasta ahora, la Nación mandaba mensualmente unos 700 millones de pesos a la provincia y un monto similar a la Capital, mientras que el Palacio 6 de Julio pone unos 3500 millones aproximadamente. “Lo que no ingresa en subsidios se compensa con tarifas”, repiten los conocedores del negocio del transporte. El Boleto Educativo Gratuito estaría garantizado al igual que otros boletos subsidiados por la Provincia, pero con una fuerte política de ajuste y control.

Hay malestar de los actores del sistema con Franco Moggeta, el exsecretario de Transporte de Juan Schiaretti que pasó con el mismo cargo al gobierno de Milei, con el argumento cordobesista de que era el hombre clave para defender la equidad de los subsidios entre interior y AMBA. El comunicado del Ministerio de Economía que anuncia el fin del Fondo Compensador tiene como emisora a la Secretaría de Moggeta, que el miércoles a la noche estaba virtualmente despedido en el marco del enojo de Milei por la malograda ley Bases. No sucedió, y ayer el vocero presidencial Manuel Ardoni confirmó que no habría pedido de renuncias.

El gobernador Martin Llaryora fue uno de los sindicados por el oficialismo nacional como responsable de la conspiración anti ley Bases Cámara de Diputados.

El documento de la Liga de Intendentes dice que la eliminación del Fondo Compensador al transporte del interior dispuesto atenta contra millones de personas y no contra los intendentes, y afecta “la productividad del país”, en una frase que es marca registrada del cordobesismo. Por fuera de los cordobeses mencionaron, firmaron el texto Emiliano Durand  (Salta), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Javier Martinez (Pergamino), Jorge Jofré (Formosa) Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Mariano Gaido (Neuquén) y Pablo Javkin (Rosario), entre otros. Los intendentes reclamaron por la “inequidad con el AMBA” y remarcaron que el esquema de subsidio directo al pasajero tiene que ser “estudiado en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir” el beneficio.

Al anunciar el recorte, Transporte avisó que mantendrá la compensación por usuario individual mediante el sistema SUBE, que implica un descuento del  55% a determinados segmentos de la población”. El caso es que sólo en Córdoba Capital se necesitan mil validadoras de la SUBE para las unidades de colectivos, que deberían ser aportadas por la Nación, a un costo de cuatro mil dólares cada una, además del tiempo que requería establecer las segmentaciones de beneficiarios. 

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE BETTINA MARENGO.