¿Qué pasará con las tarifas de gas natural y energía eléctrica?

Este lunes asistimos a la primera Audiencia sobre tarifas de energía, entre otros temas. Es importante contextualizar el marco en que estos debates tuvieron lugar para comprender mejor su relevancia.

En primer lugar, el escenario: los entes reguladores del gas natural (ENARGAS) y de energía eléctrica (ENRE) convocaron a audiencias públicas para tratar las tarifas de gas natural y electricidad en enero de 2024. Estos servicios tienen algunas características y problemáticas en común, aunque también importantes diferencias.

En este marco, cabe aclarar el término “tarifas pisadas”. Tanto el precio del gas natural como de la energía eléctrica están artificialmente reprimidos. El gobierno optó durante mucho tiempo por ocultar al usuario el verdadero costo del servicio, el cual se paga igual, pero con impuestos generales. Dicho de otra manera: no pagan por el gas y la energía quienes lo usan y en la medida en que lo usan; lo pagan todos los contribuyentes, gocen o no del suministro; con responsabilidad o lo derrochen.

Otro concepto son los “contratos alterados”. En enero de 2002, la Ley 25.561 alteró los contratos de concesión de transporte y distribución de energía eléctrica y de licencias de transporte y distribución de gas natural encomendando al Poder Ejecutivo su renegociación. Es más, 21 años más tarde, sigue sin finalizar esa renegociación que debería haber demorado 180 días. Se realizaron estudios, dictaron actas de acuerdo provisorias e infinidad de normas y prórrogas, sin alcanzar ni un solo pacto definitivo de renegociación.

La falta de un contrato claro con derechos y obligaciones nítidas durante más de dos tercios de la vida de dichas licencias y concesiones es de una irregularidad palmaria. La carencia de un marco normativo y contractual claro, estable y previsible no es inocuo. Gradualmente, los servicios de gas y energía muestran un decaimiento en las inversiones necesarias para un servicio adecuado. Falta de desarrollo de nueva infraestructura de transporte y distribución, obsolescencia de activos, falta de competitividad; son signos de la muy mejorable situación de nuestra industria energética.

Sin embargo, hay algunas diferencias relevantes: en electricidad, las tarifas de distribución son provinciales. Buena parte de los contratos de concesión de distribución sí fueron readecuados por las provincias, y sus tarifas se mantuvieron actualizadas. Por ello, los valores de energía eléctrica que pagan los usuarios del interior son sensiblemente más elevados que los que pagan los consumidores de Edenor y Edesur (únicas dos concesionarias bajo jurisdicción nacional).

¿Qué están haciendo las nuevas autoridades de Energía? A poco de asumir, el Gobierno de Milei dictó el decreto de necesidad y urgencia (DNU), hoy vigente, que decretó la Emergencia del Sector Energético Nacional. Esto ordenó adecuar las tarifas de inmediato e iniciar la Revisión Tarifaria Integral, intervino el ENRE y ENARGAS e instruyó a la Secretaría de Energía a implementar un programa de sanción de precios en competencia y libre acceso que incentive inversiones y garantice el servicio adecuado.

En ese marco el ENARGAS convocó a Audiencia Pública para este último 8 de enero, cuyos temas a debatir y resolver son de gran importancia:

1) Adecuación transitoria de las tarifas transporte de gas natural;

2) Adecuación transitoria de las tarifas de Gasnor, Gasnea, Ecogas Centro y Cuyo, Litoral Gas, Naturgy, Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana y Gas del Sur;

3) Traslado a tarifas del precio de gas comprado por las Distribuidoras. Dentro de las muchas rarezas y parches del sector, la realidad es que las distribuidoras, contra toda lógica, no compran el gas que distribuyen. Lo compra el Estado en un afán intervencionista poco común, para luego revendérselos a un precio menor.

4) Determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas mencionadas en los puntos previos;

5) Tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes;

6) Tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC);

7) Reversión del Gasoducto Norte - criterios de tarificación y asignación de capacidad. Este último tema es de importancia y urgencia crucial. Bolivia cada vez entrega menos gas y en el invierno 2024 podría llevar sus entregas a cero. Para abastecer adecuadamente a la demanda del NOA, es urgente revertir el gasoducto Norte.

Tendremos un enero cargado de noticias energéticas, en especial en lo que hace a tarifas y reglas. Cabe recordar que tarifas “pisadas” no significa servicios “baratos”. Los costos se pagan igual, lo pagan los contribuyentes. Los subsidios a la energía impactan de lleno en el déficit fiscal: explican casi 2% del PBI. Entre CAMMESA y ENARSA, el Estado gastó prácticamente 9.000 Millones de dólares.

A contramano de lo que ocurre en el mundo, dos “cuasi empresas” como ENARSA y CAMMESA se transformaron en “megacorporaciones” que pueden operar indefinidamente a pérdida, ocupando lugares y responsabilidades que corresponde a empresas privadas a su riesgo y ventura. Hoy un generador de energía no puede comprar su propio combustible; los distribuidores de gas no pueden comprar el gas que distribuyen; los distribuidores de electricidad tampoco su energía y potencia; los usuarios del sistema de gas o electricidad no pueden contratar transporte actual ni futuro para financiar obras.

Es hora de que esta situación se revierta para transformar a Argentina en el referente regional y global de energía que puede ser, gracias a los recursos naturales y humanos con los que cuenta.

 

 

* Para www.infobae.com