Operativo "borrar a Alberto"

Con una inflación del 100% anual que golpea especialmente a pobres, indigentes y a la clase media baja, es decir al corazón de su clientela lectoral del conurbano, Cristina Kirchner desarrolló una estrategia de supervivencia de dos fases.

La primera consistió en sacar la gestión económica de manos de su desafortunada creación, Alberto Fernández. Para eso puso como ministro de Economía a Sergio Massa y echó a Martín Guzmán, aunque al primero no le está yendo mejor que a su antecesor, sino peor. En materia de inflación Massa tuvo en cinco meses de gestión (agosto/diciembre 2022) un 33,2%, mientras Martín Guzmán había sumado en los siete primeros meses de ese año un 36,2%. En 2023 el aumento de precios de enero dio 6% y  el aumento interanual 98,8%. En los últimos 12 meses de Guzmán la inflación había sido del 71%.

La segunda fase de la estrategia de CFK consiste en borrar a Alberto Fernández de la campaña. Es indefendible y la oposición se hará un banquete con él. Se convirtió en un activo tóxico del que es mejor desprenderse antes de que sea tarde. Pero para que eso suceda, es necesario que el presidente renuncie a su candidatura y entregue la lapicera con la  que serán firmados los cheques para la campaña.

Sin embargo, Fernández también tiene su propio objetivo: llegar al final del mandato sin ser convertido en el chivo expiatorio del peronismo; el responsable único del desastre. Un objetivo modesto, pero que podría transformarse en dudoso si renuncia de manera anticipada a la reelección. La ficción de la candidatura le asegura un lugar en la mesa de discusión del poder de la coalición oficialista. También cierto margen para demorar las definiciones.

Como quedó a la vista el jueves pasado en la mesa “política” del peronismo mientras el presidente resista sus adversarios internos sólo podrán dedicarse a repetir el vacío discurso de la “proscripción” de Cristina Kirchner, el “lawfare” y todo el cotillón que distribuye el camporismo a falta de otro mejor.

Por lo contrario el día que Fernández reconozca públicamente que se va el 10 de diciembre se acelerará un desgaste que ya lo trae escorado. Por eso sólo aspira en realidad a llegar al final del mandato.

Es llamativo el parecido de su situación con la de Mauricio Macri después de que perdió las PASO en agosto de 2019. Tras haberse confirmado la vuelta de Cristina Kirchner al poder el ex presidente debió soportar una fuerte corrida con devaluación y a partir de ese momento surfear una crisis cambiaria y financiera complicada. Lo consiguió, pero no le sobró nada. Las condiciones macroeconómicas actuales son peores que las de 2019.

En medio de este escenario complejo de alta inflación, pobreza y explosiva situación de la deuda el gobierno no sólo se aplica a enfrentamientos internos, sino también con otros poderes. Ante el caos, no pisa el freno, sino el acelerador como hizo con el enfrentamiento con la Corte Suprema a la que la vicepresidenta quiere destituir en masa.

Mientras la economía anda con dos ruedas por la banquina el peronismo citó al juez Sebastián Ramos para interrogarlo en el Congreso. Ese magistrado mandó al archivo una causa que el Frente de Todos pensaba explotar para la campaña porque afecta a la oposición. Se trata de la difusión de mensajes interceptados ilegalmente entre Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ex Ministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alesandro. En ese “chat” ambos intercambiaban supuestamente opiniones sobre una causa judicial.

Como la “prueba” en que se fundaba la denuncia era ilegal, Ramos la archivó poniendo fin al escándalo en los medios. Ahora el peronismo, de la mano del diputado Rodolfo Tailhade quiere sentar al juez en el banquillo de los acusados (al que lo convoca engañosamente en calidad de testigo) para resucitar el “affaire”.

Tailhade, operador kirchnerista en materia judicial y ex funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia, pidió también que se requiera el registro de las comunicaciones entre los celulares de Robles y D´Alesandro, a pesar de las advertencias de que ese tipo de requisitorias exigen la participación de un juez.

El objetivo del juicio político es menos la destitución de la Corte que denunciar connivencia entre la oposición y la Justicia. El FdT busca justificar por anticipado los reveses que se avecinan para Cristina Kirchner. Por ejemplo, la próxima lectura de los fundamentos de la condena a seis años de prisión por malversación de fondos públicos. Pero la Corte tampoco se quedó atrás y dictó el mismo jueves una acordada negando el acceso al Consejo de la Magistratura a otro operador judicial “K”, el senador Martín Doñate. El enfrentamiento escala, aunque la campaña no empezó todavía.

Con información de La Prensa, sobre una nota de Sergio Crivelli