Polémica por el alcance de la promesa presidencial de abrir los archivos secretos de la AFI sobre la AMIA

El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la desclasificación de archivos secretos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) sobre el atentado a la AMIA en 1994 en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso abrió una polémica sobre al alcance de la medida.

El jefe de Estado adelantó el domingo que firmará un decreto para ordenar a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) "desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo". Y agregó que, también, "lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo".

Luis Czyzewski, padre de Paola asesinada en el atentado terrorista y ex dirigente de la Asociación de Familiares de la Víctimas de la AMIA, apoyó la medida pero se preguntó si hace falta seguir firmando decretos con “la eventual consecuencia de entrar a una nueva frustración o ejecutar los ya firmados”. “Ojalá que esto no se dé, que demos un paso adelante, pero no soy muy optimista, creo que quedará como un anuncio, como los que se hicieron anteriormente, como las desclasificaciones que ya se hicieron y que no sirvieron para nada”, expresó Czyzewski a radio Jai.

El dirigente se refirió a que en el 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner dictó la resolución 119 para que la SIDE abriera sus archivos a las partes de la causa, medida que está vigente. Luego su sucesora Cristina Kirchner firmó el decreto 395 del 2015 en la que dispuso la desclasificación de documentación conforme solicita la Unidad Fiscal AMIA -tras el crimen de Alberto Nisman- que fuera remitida en custodia a la referida unidad fiscal mediante resolución de la ex secretaria de inteligencia de la presidencia de la nación “r” n° 119/05, código de seguridad n° 538”.

En el mismo sentido, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 229 del año 2017 que dispuso la desclasificación de “la totalidad de las notas, informes y resoluciones, que no fueron alcanzadas por la desclasificación dispuesta por el decreto n° 395/15, por resultar posteriores a la resolución si “r” n° 119/05, haciendo lugar a lo solicitado por la unidad fiscal de investigación del atentado”.

Entonces, Czyzewski consideró “muy importante”, a “quién se le va a dar la información, quién va a controlar que la información que se abre es todo la que existe y si se va a entregar lo proporcionado por servicios extranjeros”. Por compromisos internacionales, el estado argentino no puede difundir documentos secretos enviados por servicios de inteligencia de otros países como la CIA, el Mossad o los servicios de inteligencia de Alemania o Francia, entre otros.

El presidente se refirió a las declaraciones de espías argentinos en juicios orales como la del ex director de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso, cuyo testimonio incluso ya se vio en el documento de Netflix sobre Nisman.

Por la AMIA ya hubo dos juicios. Uno en el que se juzgó al ex reductor de autos robados Carlos Telleldín y a ex policías bonaerenses por la entrega de la Trafic usada como coche bomba que terminó en la absolución de los acusados y otro en el que se juzgaron las supuestas irregularidades cometidas por el ex juez federal Juan José Galeano impulsado por Cristina Kirchner.

En ese sentido, Czyzewski dijo que “la pregunta que surge es si las declaraciones de los espías fueron en los juicios orales, las tiene la Justicia, no la AFI, y el Presidente no puede pedirle al Poder Judicial que abra una información que no es propia del Poder Ejecutivo. Pero que si estas fueron hechas por escrito, la AFI tendrá una copia, y que eso es lo que se puede desclasificar”. Pero hay un tercer juicio oral y público en marcha contra Telleldín por la entrega de la Trafic que aún no terminó y si hay testimonios de espías habrá que esperar a que finalice. Actualmente, la AFI está intervenida por la ex fiscal de Justicia Legítima, Cristina Caamaño.

En cambio, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge Knoblovits, dijo que "es auspicioso que se rescate la memoria de la causa",en diálogo con la Agencia Judía de Noticias (AJN).

Por su parte, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, consideró que "la intención es muy buena" y que espera "ver los resultados". "Ojalá se produzca y no quede como otra promesa que no se concreta", agregó Eichbaum.

En cambio, para el ex titular de la SIDE y ex diputado peronista Miguel Angel Toma la clave es saber si el decreto va “desclasificar el Informe AMIA producido por la Secretaría de Inteligencia en el año 2002, sobre el que se basó Alberto Nisman” para acusar a Irán como autor intelectual del atentado de 1994. Ese informe, “más el documento de Nisman del 2013 sobre la expansión de la red terrorista de Irán en América Latina y la reunión del ex fiscal de la AMIA con la familia del conductor suicida Ibrahim Hussein Berro son los informes secretos valiosos que dan todo el contexto”, agregó Toma. A criterio de este especialista, el decreto de Fernández debería incluir también la causa contra Cristina por el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado que hizo Nisman en el 2015 antes de aparecer muerto con un balazo en la cabeza y el crimen del fiscal de la AMIA.

Por su parte, la agrupación Memoria activa, aliada del CELS de Horacio Verbistky, dijo en Twitter que “pedimos que las audiencias del #juicioencubrimiento y declaraciones de agentes de inteligencia se hagan públicas”. “Todos merecemos saber la verdad y cuantos más ojos puestos en los procesos judiciales, mayor garantía de transparencia, seriedad y justicia”, agregó la entidad.

Unos días antes Memoria Activa había pedido la remoción de Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal AMIA, con el argumento de que es sobrino de "una de las máximas responsables del encubrimiento y desvío de la investigación", la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo. "La decisión de nombrar y mantener al frente de la UFI Amia al fiscal Basso resulta una medida perniciosa y regresiva que debilita ostensiblemente su funcionamiento", sostuvo la organización.

Fuentes judiciales contestaron que el vínculo de la prima de la madre de Basso “es conocido desde siempre” y “no es relevante, máxime que Riva Aramayo falleció hace 18 años”. El procurador general Interino, Eduardo Casal, elabora ahora una respuestas al pedido de Memoria Activa, informaron fuentes judiciales.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Daniel Santoro