Ferraro cuestionó el DNU 70 y apuntó contra Milei

• Maximiliano Ferraro volvió a cuestionar el uso del DNU 70/2023
• El titular de la Coalición Cívica acusó a Milei de avanzar sobre el Congreso y la división de poderes
• La oposición necesita 129 diputados para abrir la sesión y tratar el decreto
• Ferraro reclamó modificar la Ley 26.122 que regula los DNU
• El diputado sostuvo que un rechazo del decreto no tendría efectos retroactivos
• La oposición también busca tratar discapacidad y endeudamiento familiar el 15 de octubre

El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional Maximiliano Ferraro volvió a cuestionar el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y centró sus críticas en la decisión del Gobierno de Javier Milei de sostener una herramienta que, según su interpretación, afecta el funcionamiento del Congreso y la división de poderes.

Las declaraciones del legislador se produjeron mientras la oposición intenta reunir las 129 bancas necesarias para conseguir quórum en la Cámara de Diputados y llevar el decreto al recinto. Ferraro sostuvo que el DNU constituye una muestra de lo que definió como una “tentación autoritaria y totalitaria” del Presidente y cuestionó que el Poder Ejecutivo avance sobre asuntos que, a su criterio, deberían ser discutidos mediante el procedimiento legislativo.

El dirigente cercano a Elisa Carrió también puso el foco en las negociaciones que se desarrollan para alcanzar el número requerido para abrir la sesión. Según explicó, algunos sectores vinculados con gobernadores podrían tener posiciones propias sobre determinadas medidas incluidas en el decreto, una situación que podría incidir en el tratamiento parlamentario.

La discusión sobre el DNU 70/2023 no es nueva para Ferraro. El 1 de octubre había publicado un extenso planteo en el que cuestionó el mecanismo utilizado por el Gobierno y sostuvo que gobernar mediante decretos fuera de las circunstancias excepcionales contempladas por la Constitución resulta, desde su perspectiva, inconstitucional.

En aquella oportunidad, el titular de la Coalición Cívica definió al decreto como un “enorme castillo de naipes normativo” y cuestionó que haya modificado cientos de normas sin que esas reformas atravesaran previamente un debate parlamentario. Para Ferraro, esa modalidad produjo consecuencias vinculadas con la seguridad jurídica, la litigiosidad y la estabilidad normativa.

El diputado también cuestionó que el Gobierno no haya enviado al Congreso las distintas reformas incluidas en el decreto para que fueran discutidas y eventualmente convertidas en leyes. Para graficar su crítica recurrió a una referencia literaria y comparó a Milei con Jorge Argentino Daneri, personaje de “El Aleph”, de Jorge Luis Borges, al que caracterizó a partir de la expresión “autoritario, pero también ineficaz”.

Otro de los puntos planteados por Ferraro estuvo relacionado con la Ley 26.122, que establece el procedimiento parlamentario para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. El diputado sostuvo que, si el objetivo es impedir que un Presidente pueda gobernar mediante decretos, debería modificarse esa normativa.

En ese marco, Ferraro también planteó su interpretación sobre las consecuencias que tendría un eventual rechazo del DNU 70/2023. Según su postura, esa decisión no afectaría retroactivamente las relaciones jurídicas que se hubieran establecido con anterioridad. Al mismo tiempo, sostuvo que el Gobierno tendría la posibilidad de enviar proyectos de ley al Congreso para mantener aquellas reformas que considere necesarias.

La discusión tendrá un nuevo capítulo en Diputados el próximo 15 de octubre, cuando la oposición pretende llevar al recinto el debate sobre el decreto. La jornada también contempla otros asuntos impulsados por los bloques opositores, entre ellos los proyectos relacionados con la Emergencia en Discapacidad y el Endeudamiento Familiar.

El escenario estará condicionado por la posibilidad de alcanzar el quórum. Mientras la oposición busca reunir los votos necesarios para iniciar la sesión, el oficialismo enfrenta una negociación parlamentaria en la que las posiciones de sectores vinculados con gobernadores pueden resultar determinantes para definir el futuro del decreto en la Cámara baja.