Economistas advierten por la actividad y reclaman medidas antes de que el deterioro llegue a las urnas

• Los economistas coinciden en que la recuperación de la actividad es uno de los principales desafíos del Gobierno.
• Miguel Ángel Broda advirtió sobre un trilema entre estabilidad, inflación y nivel de actividad.
• El desarrollo de infraestructura mediante capital privado aparece como una alternativa para impulsar la economía.
• Redrado y Spotorno plantearon utilizar activos del FGS para fortalecer el financiamiento de largo plazo.
• Caputo analiza mecanismos para canalizar fondos de largo plazo hacia créditos hipotecarios.
• El Gobierno enfrenta el desafío de reactivar la actividad sin comprometer el equilibrio fiscal ni la baja de la inflación.

Un diagnóstico comenzó a reunir a economistas de distintas corrientes y referentes del mercado financiero: la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación no alcanzan si la actividad económica no consigue recuperarse. Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, distintos especialistas advierten que el desempeño de la llamada “economía de la calle” podría convertirse en uno de los principales factores que condicionen las posibilidades electorales del Gobierno de Javier Milei.

Entre quienes plantean esta preocupación aparecen Miguel Ángel Broda, Martín Redrado, Carlos Melconian, Miguel Kiguel, Fausto Spotorno y Fernando Marull. Más allá de sus diferencias de enfoque, el punto de coincidencia es que el oficialismo debería acelerar la gestión para impulsar la actividad sin poner en riesgo el equilibrio fiscal que constituye uno de los pilares de su programa económico.

Broda planteó el escenario como un trilema compuesto por orden macroeconómico, inflación y nivel de actividad. Los tres objetivos son relevantes, pero no tienen necesariamente el mismo peso desde el punto de vista electoral. En su análisis, el nivel de actividad es actualmente el punto más débil y, al mismo tiempo, el que podría tener mayor influencia sobre el comportamiento de los votantes.

La dificultad radica en que el Gobierno mantiene un margen fiscal muy reducido. Milei reiteró en distintas oportunidades que no está dispuesto a abandonar el equilibrio de las cuentas públicas, por lo que las alternativas para estimular la economía deben buscarse principalmente en la gestión, el crédito y la inversión privada.

Una de las opciones mencionadas es el desarrollo de un ambicioso plan de infraestructura mediante concesiones y asociaciones público privadas. El objetivo sería movilizar capital privado para obras capaces de reducir costos logísticos, mejorar el transporte y eliminar obstáculos que afectan la productividad.

La infraestructura aparece así como una herramienta capaz de combinar dos objetivos: generar actividad en el corto plazo y mejorar las condiciones de crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo. El planteo adquiere relevancia porque, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la gestión, todavía no se puso en marcha un programa de infraestructura de gran escala bajo ese esquema.

Otra posibilidad analizada es una política monetaria algo más expansiva. El argumento es que la economía todavía no recuperó completamente su nivel de monetización y que parte de los pesos que ingresan al sistema financiero regresan al Banco Central o al Tesoro, limitando la transformación de esos recursos en crédito para empresas y familias.

La elevada morosidad constituye, además, otro obstáculo para ampliar el financiamiento. En este contexto, algunos economistas consideran que una reducción de determinadas restricciones podría contribuir a mejorar el crédito, aunque advierten que sus efectos serían graduales y concentrados en sectores específicos.

También aparece sobre la mesa la cuestión cambiaria. Un tipo de cambio algo más elevado podría mejorar la situación de sectores afectados por la competencia de productos importados y permitir una recuperación más equilibrada de la producción local. Sin embargo, modificar esa variable implicaría asumir riesgos sobre la dinámica inflacionaria.

Otra propuesta apunta al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Redrado planteó la posibilidad de utilizar las acciones que el Estado posee en empresas argentinas para obtener recursos destinados a financiar créditos de largo plazo. Spotorno también consideró que esos activos no deberían ser vistos como un patrimonio intocable.

El ministro de Economía, Luis Caputo, exploró una alternativa diferente con el mismo objetivo: utilizar recursos de largo plazo del FGS para fondear a bancos que otorguen créditos hipotecarios. La idea consiste en realizar licitaciones transparentes de depósitos de largo plazo, de manera que las entidades puedan contar con financiamiento suficiente para ampliar los préstamos destinados a vivienda.

Kiguel sumó otra posibilidad: utilizar el FGS para financiar infraestructura o ampliar el crédito hipotecario sin recurrir a emisión monetaria ni generar un costo fiscal directo. Su planteo apunta a utilizar herramientas financieras disponibles para estimular la actividad sin abandonar el equilibrio presupuestario.

El problema para el Gobierno consiste en encontrar un punto de equilibrio entre objetivos que pueden entrar en tensión. Una política demasiado contractiva favorece la reducción de la inflación, pero puede prolongar la debilidad de la actividad. Una estrategia más expansiva podría acelerar la recuperación, aunque con riesgos sobre los precios.

Con las elecciones todavía por delante, el tiempo comienza a convertirse en una variable relevante. El oficialismo busca preservar la desinflación como uno de sus principales activos políticos, pero los economistas y el mercado observan con creciente atención la evolución del empleo, el consumo, la producción y el crédito.

La discusión, por lo tanto, ya no pasa únicamente por mantener el orden macroeconómico, sino por determinar cómo transformar esa estabilidad en una recuperación perceptible para la población. El desafío será hacerlo sin quebrar los pilares que el Gobierno considera innegociables.