El RIGI acelera las inversiones, pero crece el debate por el vínculo con los proveedores nacionales

• El RIGI ya concentra una cartera potencial cercana a USD 200.000 millones.
• Ocho VPU importaron USD 284 millones en bienes entre mayo de 2025 y junio de 2026.
• El 87% de esas importaciones correspondió a productos vinculados con el núcleo metalúrgico.
• El régimen establece un compromiso de proveedores nacionales equivalente al 20% de una base específica.
• La industria metalúrgica acumula una caída de 5,5% en los primeros siete meses del año.
• Argentina LNG elevó la cartera potencial del RIGI con una inversión proyectada de USD 51.000 millones.

Los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) avanzan en escala y comprometen montos cada vez mayores, pero al mismo tiempo abren interrogantes sobre cuánto de ese desembolso se traduce efectivamente en actividad para la industria argentina. El crecimiento de las importaciones vinculadas con los proyectos, especialmente en bienes metalúrgicos, volvió a poner el foco sobre el esquema diseñado para promover la participación de proveedores locales.

Entre mayo de 2025 y junio de 2026, ocho Vehículos de Proyecto Único (VPU) realizaron importaciones por USD 284 millones FOB. El 87% de ese monto correspondió a productos relacionados con el núcleo metalúrgico, de acuerdo con registros aduaneros de ARCA analizados en un relevamiento sobre proveedores nacionales.

La composición de las compras externas permite dimensionar el fenómeno. Cerca de USD 100 millones correspondieron a manufacturas de hierro y acero, una cifra similar se destinó a máquinas y aparatos mecánicos y otros USD 47 millones a máquinas y material eléctrico. La tendencia, además, muestra una aceleración durante 2026: solo en el primer semestre se importaron bienes por unos USD 140 millones, prácticamente el mismo monto registrado durante todo 2025.

Junio marcó un máximo mensual, con operaciones por aproximadamente USD 36 millones. Entre los productos ingresados aparecen tanques, cisternas y depósitos de acero por USD 75,2 millones, además de equipos de filtrado y ósmosis inversa por USD 56,4 millones. También se registraron compras de tubos de acero destinados a oleoductos, transformadores eléctricos, puentes grúa, subestaciones y distintos componentes industriales.

El volumen de importaciones plantea una discusión sobre uno de los compromisos asociados al RIGI: el desarrollo de proveedores nacionales. La normativa establece una participación mínima del 20%, aunque ese porcentaje presenta particularidades que condicionan su alcance.

El 20% no se calcula sobre el monto total de inversión de cada proyecto. La base está constituida por los pagos destinados a proveedores de bienes y obras, según el plan presentado por cada VPU. Como esos planes no se difunden individualmente, resulta difícil conocer públicamente cuál es el universo concreto sobre el que se aplica el porcentaje.

Además, la posibilidad de recurrir a proveedores locales está condicionada a que exista una oferta disponible, competitiva en precio y calidad y capaz de cumplir con los volúmenes y plazos exigidos. Para determinar la competitividad del precio se compara el valor ex fábrica nacional con el costo CIF del producto importado, sumando aranceles y eventuales medidas antidumping.

Otro punto de discusión aparece en la contratación indirecta. Los VPU pueden contratar constructoras, montadoras o empresas integradoras que luego adquieren los equipos necesarios. En esos casos, fabricantes argentinos que venden sus productos a esos contratistas pueden quedar excluidos de determinados beneficios previstos para los proveedores directos.

También el requisito del 20% contempla conjuntamente bienes y obras, sin establecer una participación mínima para cada categoría. De esta manera, actividades como construcción civil, movimiento de suelos o montaje pueden computarse para alcanzar el objetivo, aun cuando no representen compras de bienes industriales fabricados en el país.

La verificación del compromiso tampoco permite todavía contar con una fotografía completa. El cumplimiento se controla en períodos bienales mediante una declaración jurada presentada por cada proyecto, por lo que aún no existe información pública consolidada que permita determinar cuánto corresponde efectivamente a adquisiciones de productos nacionales.

La discusión adquiere mayor relevancia por la situación actual de la industria metalúrgica. En julio, el sector registró una caída de 4,4% interanual y acumuló un retroceso de 5,5% durante los primeros siete meses del año. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 39,2%, seis puntos por debajo del nivel registrado durante el mismo período de 2025.

La debilidad alcanzó especialmente a los fabricantes de bienes de capital, cuya producción disminuyó 9,5%, mientras que los equipos y aparatos eléctricos retrocedieron 4,3%. También se registraron bajas en otros segmentos vinculados con la actividad industrial.

El contraste se vuelve todavía más significativo al observar las cadenas relacionadas con los grandes proyectos de inversión. Las empresas metalúrgicas vinculadas con la minería redujeron su actividad 6,4% interanual en julio, mientras que las relacionadas con petróleo y gas cayeron 4,4% y las vinculadas con energía eléctrica, 3,2%.

Mientras la industria enfrenta esa contracción, el RIGI continúa ampliando su magnitud. Con la incorporación de Argentina LNG, impulsado por YPF, Eni y XRG, la cartera conocida llegó a 44 proyectos y se aproxima a USD 200.000 millones de inversión potencial.

De ese universo, 21 proyectos ya cuentan con resolución de adhesión, por USD 46.708 millones, mientras que otros 22 permanecen bajo análisis por USD 101.241 millones. Esto significa que una parte significativa de las inversiones todavía espera una definición administrativa.

La incorporación de Argentina LNG, con una inversión proyectada de USD 51.000 millones para desarrollar la exportación de GNL desde Río Negro, elevó considerablemente el volumen potencial del régimen. En ese contexto, el desafío para el RIGI no pasa solamente por atraer capitales de gran escala, sino también por determinar cuánto de esa inversión puede integrarse efectivamente con la industria y los proveedores argentinos.