Jubilados cordobeses llevarán su reclamo a la Justicia tras el cierre de las vías política y administrativa

Las organizaciones de jubilados de Córdoba que impulsan el reclamo por el 82% móvil atraviesan una nueva etapa en su conflicto con el Gobierno provincial. Luego de dos recientes decisiones institucionales, los referentes del sector consideran que se agotaron las instancias políticas y administrativas para cuestionar la Ley de Equidad Jubilatoria, por lo que concentrarán sus esfuerzos en el ámbito judicial.

El primer revés llegó en la Legislatura provincial, donde el oficialismo rechazó avanzar con uno de los proyectos surgidos de la Iniciativa Popular respaldada por 38.800 firmas. La propuesta buscaba restablecer el Directorio de la Caja de Jubilaciones, previsto por la legislación vigente, con representación de trabajadores activos, jubilados y del Poder Ejecutivo.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora radical Brenda Austin junto a distintos bloques opositores. Sin embargo, la mayoría oficialista resolvió archivar el expediente al sostener que el planteo ya había sido contemplado durante el tratamiento de la reforma previsional aprobada en diciembre pasado.

Los impulsores del reclamo rechazan esa interpretación y aseguran que los proyectos presentados por la ciudadanía nunca fueron debatidos formalmente, además de señalar que la norma finalmente sancionada avanzó en un sentido distinto al que proponían.

Pocos días después, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba también adoptó una decisión que generó malestar entre los jubilados. El máximo tribunal resolvió no analizar el planteo de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Equidad Jubilatoria y derivó la presentación a la Caja de Jubilaciones, al considerar que se trataba de una cuestión administrativa vinculada con la aplicación del régimen previsional.

Además, el tribunal indicó que el pedido de pronto despacho había sido presentado antes de que se cumpliera el plazo legal correspondiente, por lo que no correspondía intervenir en esa instancia.

Desde las organizaciones que impulsan la Iniciativa Popular interpretaron ambas resoluciones como un cierre de las vías institucionales para debatir el contenido de la reforma previsional.

Entre las voces más críticas se encuentra María del Carmen Robbiatti, una de las referentes del movimiento, quien reiteró que la ley aprobada no refleja el proyecto presentado por los jubilados y cuestionó la falta de respuestas sobre el destino de los recursos girados por el Gobierno nacional para atender el sistema previsional cordobés.

Frente a este escenario, las agrupaciones comenzaron a redefinir su estrategia. El objetivo ahora será fortalecer las demandas judiciales ya iniciadas y promover nuevas presentaciones que permitan obtener un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley de Equidad Jubilatoria y los descuentos aplicados a los haberes desde comienzos de este año.

Los referentes del sector sostienen que la reforma afectó tanto a jubilados como a trabajadores activos, al incrementar los descuentos y no generar una recuperación significativa del poder adquisitivo de la mayoría de los beneficiarios.

De esta manera, el conflicto previsional en Córdoba suma un nuevo capítulo. Aunque el debate legislativo quedó cerrado y el planteo administrativo no prosperó, las organizaciones anticipan que la disputa continuará en los tribunales, donde buscarán una definición de fondo sobre la legalidad de la reforma y sus efectos sobre el sistema jubilatorio provincial.