Lousteau volvió a cuestionar la Ley de Inocencia Fiscal y advirtió sobre riesgos para el control de la corrupción

• Lousteau cuestionó la Ley de Inocencia Fiscal por considerar que limita los controles patrimoniales
• El legislador utilizó el caso de Adorni para ejemplificar los riesgos que observa en la norma
• Advirtió que la legislación podría dificultar investigaciones sobre corrupción y delitos económicos
• También puso en duda las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre su patrimonio
• El dirigente radical reclamó mayores mecanismos de transparencia y fiscalización
• La discusión sobre los alcances de la ley continúa generando debate entre oficialismo y oposición

El senador nacional Martín Lousteau renovó sus críticas contra la denominada Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que la normativa debilita los mecanismos de control estatal sobre la evolución patrimonial de los contribuyentes. En ese marco, utilizó el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para cuestionar tanto el alcance de la legislación como las explicaciones brindadas por el funcionario respecto de su patrimonio.

Durante una entrevista radial, Lousteau sostuvo que el régimen modifica sustancialmente las facultades de fiscalización que históricamente tuvo el organismo recaudador para detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y el crecimiento patrimonial de una persona. Según explicó, hasta ahora los controles permitían analizar si el nivel de consumo, los bienes acumulados y las declaraciones impositivas guardaban relación con los ingresos registrados formalmente.

A criterio del dirigente radical, la nueva normativa reduce significativamente esa capacidad de supervisión. Según planteó, el esquema vigente limita la posibilidad de revisar períodos anteriores y restringe la utilización de variaciones patrimoniales como elemento para detectar posibles irregularidades. Por esa razón, consideró que la ley dificulta el trabajo de control sobre contribuyentes que podrían haber acumulado bienes o recursos sin una justificación adecuada.

En ese contexto, Lousteau afirmó que el caso de Adorni constituye un ejemplo apropiado para debatir los efectos de la norma. El funcionario nacional quedó envuelto en una controversia luego de presentar una declaración jurada rectificatoria en la que explicó que parte de su patrimonio provendría de inversiones realizadas en criptomonedas a partir de fondos que permanecieron sin declarar durante varios años.

Para el legislador, la ley genera un escenario que podría ser aprovechado por personas involucradas en delitos complejos. En sus declaraciones, sostuvo que la normativa favorece el ocultamiento de antecedentes patrimoniales y advirtió sobre eventuales consecuencias en investigaciones vinculadas a corrupción, lavado de dinero y crimen organizado.

Lousteau argumentó que el régimen ofrece herramientas para regularizar fondos sin que determinadas inconsistencias puedan ser examinadas con la misma profundidad que en el pasado. Por ese motivo, expresó que la iniciativa representa un retroceso en materia de transparencia y control fiscal.

Las críticas también alcanzaron la estrategia utilizada por Adorni para responder a los cuestionamientos públicos. El senador señaló que, si efectivamente el origen de los fondos se encontrara respaldado por operaciones con criptomonedas, esa explicación podría haber sido presentada desde el comienzo de la controversia. Según sostuvo, la demora en brindar precisiones alimentó dudas y terminó generando un problema político adicional para el Gobierno.

En ese sentido, Lousteau manifestó que aún persisten interrogantes respecto de la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y sugirió que las explicaciones conocidas hasta el momento no alcanzan para despejar completamente las sospechas planteadas por distintos sectores de la oposición.

El dirigente radical también vinculó el debate con una discusión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones y el control de los funcionarios públicos. Al referirse a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que los procesos judiciales deben aplicarse con los mismos criterios independientemente de la identidad política de los involucrados.

Según afirmó, uno de los principales problemas del sistema institucional argentino es la percepción de que determinados sectores reciben un tratamiento diferente por parte de la Justicia y de la dirigencia política. Por ello, reclamó una mayor uniformidad en la evaluación de las conductas públicas y privadas de quienes ejercen funciones de gobierno.

Las declaraciones de Lousteau se suman a una creciente discusión política sobre la Ley de Inocencia Fiscal y sus alcances. Mientras el oficialismo sostiene que la iniciativa busca facilitar la incorporación de recursos a la economía formal y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, sectores de la oposición advierten que podría debilitar herramientas de fiscalización consideradas clave para la prevención de delitos económicos.

La controversia promete mantenerse en agenda, especialmente a medida que avancen los debates parlamentarios y las investigaciones vinculadas a la situación patrimonial de distintos funcionarios nacionales.