Lousteau cuestionó el RIGI y advirtió que el Gobierno busca “desarticular” controles del Estado

• Martín Lousteau cuestionó duramente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones
• El diputado advirtió sobre posibles pérdidas fiscales para las provincias
• También criticó la falta de exigencias de “compre nacional” en el RIGI
• Lousteau apuntó contra el régimen de “inocencia fiscal” impulsado por el Gobierno
• El legislador vinculó el sistema con el caso patrimonial de Manuel Adorni
• Además, alertó sobre un posible debilitamiento de controles institucionales

El diputado nacional Martín Lousteau lanzó fuertes cuestionamientos contra algunas de las principales herramientas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias fiscales e institucionales que, según sostuvo, podrían generar tanto el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como el denominado régimen de “inocencia fiscal”.

Durante una entrevista reciente, el legislador y economista afirmó que ambas iniciativas forman parte de una misma lógica orientada a reducir la capacidad de control y recaudación del Estado. Según planteó, las medidas están “hilvanadas” dentro de una estrategia más amplia que favorece la discrecionalidad y limita la intervención estatal.

Lousteau sostuvo que el RIGI otorga beneficios excesivos a grandes empresas y consideró que el esquema podría derivar en situaciones de corrupción debido al amplio margen de discrecionalidad que, según afirmó, contempla el sistema.

“El esquema del RIGI se prestaba a un nivel de corrupción desaforado porque todo es discrecional”, aseguró el diputado.

El legislador cuestionó particularmente la reducción de impuestos prevista para compañías que ingresen al régimen. Entre los puntos más criticados mencionó la baja de la alícuota del impuesto a las Ganancias del 35% al 15%, un beneficio que consideró innecesario para sectores como minería y petróleo.

Según explicó, las inversiones vinculadas a esas actividades suelen planificarse a largo plazo y responden principalmente a la existencia de recursos naturales estratégicos, más que a incentivos tributarios extraordinarios.

En ese sentido, Lousteau advirtió que el impacto fiscal del régimen podría sentirse con mayor fuerza en los próximos años. “Hoy parece que no tiene costo, pero esa plata va a faltar”, sostuvo al referirse a la pérdida de recaudación que podrían sufrir tanto el Estado nacional como las provincias.

Otro de los aspectos cuestionados por el diputado fue la ausencia de exigencias vinculadas al “compre nacional”. Según señaló, el régimen no establece obligaciones para que las grandes compañías incorporen proveedores locales o desarrollen cadenas de valor dentro del país.

“No hay ninguna imposición para esas empresas de tener algún tipo de compre nacional”, afirmó.

Lousteau sostuvo además que algunas compañías extranjeras ya comenzaron a operar importando desde sus países de origen gran parte de los insumos y estructuras necesarias para los proyectos. Incluso mencionó casos en los que empresas chinas habrían traído desde el exterior hasta los campamentos habitacionales destinados a sus trabajadores.

El otro eje central de sus críticas estuvo dirigido al régimen de “inocencia fiscal”, un sistema simplificado de declaración patrimonial y tributaria que también comenzó a generar fuertes cuestionamientos desde sectores opositores.

Según explicó el diputado, quienes adhieren al esquema obtienen un “efecto liberatorio” que, a su criterio, dificulta futuras investigaciones patrimoniales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“La lógica acá es que bajo el rótulo de inocencia fiscal no tenés por qué explicarle a nadie cómo hiciste tu plata”, expresó.

Lousteau consideró que el sistema limita las capacidades de fiscalización del Estado sobre consumos, movimientos financieros y evolución patrimonial de los contribuyentes adheridos.

En ese marco, vinculó la discusión con el caso de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien solicitó ingresar al régimen recientemente. Según el legislador, la adhesión podría buscar evitar futuras complicaciones vinculadas a controles patrimoniales.

“Seguro entró para bloquear cualquier problema que haya tenido”, afirmó Lousteau, quien además especuló con la posibilidad de que el propio Adorni también termine incorporándose al sistema.

Para el diputado, uno de los principales riesgos del régimen es que personas políticamente expuestas puedan utilizarlo para quedar fuera del alcance de investigaciones judiciales o tributarias.

Hacia el final de la entrevista, Lousteau amplió sus cuestionamientos y sostuvo que las medidas económicas del oficialismo forman parte de una estrategia destinada a debilitar mecanismos de control democrático.

Según planteó, junto con otros cambios vinculados al lobby y al financiamiento político, el Gobierno estaría impulsando un modelo donde determinados sectores económicos operen con menor supervisión estatal.

“Lo que está haciendo es desarticulando todas aquellas cosas que permiten la libertad de poder dar estos debates”, afirmó.

Finalmente, el diputado advirtió que estas transformaciones podrían tener consecuencias institucionales profundas y sostuvo que el impacto de las decisiones actuales se reflejará durante los próximos años sobre el funcionamiento democrático y económico del país.