Avanza la investigación por el caso $LIBRA y el Congreso redobla la presión sobre el Gobierno

• La comisión del caso $LIBRA avanzó con nuevas medidas contra funcionarios
• Se denunciará al fiscal Eduardo Taiano y pedirán su apartamiento
• Exigirán explicaciones a Javier y Karina Milei por sus vínculos con Novelli
• Impulsan interpelaciones en el Congreso a Manuel Adorni y otros funcionarios
• Advierten sobre un posible uso indebido de recursos del Estado
• El conflicto suma tensión política e institucional y podría escalar

La Comisión Investigadora del caso $LIBRA dio un nuevo paso en su labor al emitir un informe en el que define una serie de medidas orientadas a profundizar el análisis sobre las presuntas implicancias del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y otros integrantes del Gobierno en la causa vinculada a una supuesta estafa con activos digitales. El documento refleja una escalada institucional que suma tensión entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el ámbito judicial.

Entre las decisiones más relevantes, la comisión resolvió avanzar con una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal. Según el informe, se lo acusa de obstaculizar el pleno ejercicio de las facultades del Congreso en el marco de la investigación. En paralelo, se solicitará formalmente su apartamiento de la causa por presunto entorpecimiento del proceso y posible encubrimiento de los hechos bajo análisis.

El informe también pone el foco en la necesidad de obtener explicaciones directas por parte de los principales funcionarios involucrados. En ese sentido, se anticipa la presentación de un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que tanto el presidente como Karina Milei, junto a otros asesores cercanos, detallen el contenido de sus comunicaciones con el trader Mauricio Novelli, figura central en la trama investigada. La comisión busca establecer con precisión el alcance de esos vínculos y su posible relación con el lanzamiento del token $LIBRA.

Asimismo, los legisladores plantearon la intención de avanzar con interpelaciones formales en el Congreso. Entre los convocados se encuentra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien debería responder institucionalmente por el accionar del Ejecutivo, así como Karina Milei, señalada en el informe por su presunta participación directa en reuniones y contactos telefónicos vinculados al caso.

Uno de los puntos más sensibles del documento es la calificación política que realiza la comisión sobre los hechos investigados. En sus conclusiones preliminares, sostiene que se habría producido una utilización indebida de la investidura presidencial y de recursos del Estado en el marco de una operatoria que podría configurar una estafa de alcance internacional. En esa línea, se resolvió remitir copia del informe a instancias judiciales tanto locales como extranjeras, con el objetivo de delimitar responsabilidades individuales y evitar eventuales implicancias institucionales para el Estado argentino.

El informe también incorpora un capítulo vinculado a la libertad de prensa, en el que se expresa preocupación por la situación de la periodista Natalia Volosin. La comisión denuncia una presunta persecución judicial en su contra por la difusión de información relacionada con la causa y cuestiona cualquier intento de vulnerar el secreto de las fuentes periodísticas, reconocido por la Constitución. En ese marco, se exhorta al Poder Judicial a garantizar el ejercicio pleno de la labor informativa.

En sintonía con este planteo, los legisladores impulsarán una iniciativa de repudio en la Cámara de Diputados frente a lo que consideran ataques del oficialismo contra el periodismo. Además, propondrán la convocatoria a la Comisión de Libertad de Expresión para escuchar a los periodistas que investigaron el caso y respaldar públicamente su trabajo.

Como parte de la estrategia a futuro, la comisión resolvió crear un ámbito específico de seguimiento parlamentario que permita monitorear el avance de la causa judicial. Al mismo tiempo, se evalúa la posibilidad de abrir una segunda etapa investigativa en el Congreso, con el objetivo de profundizar el análisis y avanzar en la determinación de responsabilidades políticas.

De este modo, el caso $LIBRA se consolida como un nuevo foco de conflicto institucional, con derivaciones que trascienden el plano judicial y se proyectan sobre la dinámica política nacional.