Córdoba impulsa la “Ley Joaquín”, un proyecto para reforzar la protección de víctimas de delitos

El Gobierno de Córdoba presentó este jueves en la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación de un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, una iniciativa que busca fortalecer la asistencia y las garantías para quienes atraviesan un proceso penal.

La propuesta lleva el nombre de “Ley Joaquín”, en homenaje a Joaquín Sperani, y tiene como objetivo ordenar y consolidar un marco legal que garantice una tutela efectiva para las víctimas dentro del sistema de justicia.

Según se detalla en el proyecto, la iniciativa apunta a establecer derechos concretos para las personas afectadas por delitos, además de fijar responsabilidades claras para el Estado y los operadores judiciales que intervienen en cada caso.

El texto sostiene que, si bien el sistema penal contempla instancias de participación para las víctimas, en la práctica continúan existiendo desigualdades de información, demoras en los procedimientos y obstáculos para acceder a la justicia. A esto se suman situaciones de revictimización que pueden agravar el daño sufrido.

Por ese motivo, la normativa propone que una serie de derechos sean garantizados desde el primer contacto de la víctima con el sistema judicial.

Entre los principales puntos del proyecto se destacan el derecho a recibir un trato digno, con respeto por la privacidad y evitando cualquier forma de revictimización durante el proceso. También se establece que las víctimas deben contar con información clara y comprensible sobre el desarrollo de la causa penal y sus distintas etapas.

Además, el régimen prevé el acceso a patrocinio jurídico, que podrá ser gratuito y especializado cuando la situación lo requiera. De igual modo, se contempla la posibilidad de que las víctimas participen activamente en el proceso, aportando pruebas o interviniendo en audiencias y decisiones relevantes.

Otro aspecto central del proyecto es la garantía de asistencia integral, que incluye apoyo médico, psicológico, social y legal de manera gratuita y continua.

La iniciativa también incorpora la posibilidad de adoptar medidas de protección urgentes cuando exista riesgo para la víctima o situaciones de intimidación, con el fin de resguardar su integridad durante el desarrollo de la investigación y el proceso judicial.

Asimismo, se contempla el derecho a la reparación integral del daño, que podrá canalizarse tanto a través de la vía penal como mediante acciones civiles.

El proyecto incorpora además el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar con rapidez y eficacia en la atención de las víctimas, evitando demoras que puedan profundizar el perjuicio sufrido.

Con la presentación del proyecto en la Legislatura, el Gobierno provincial busca avanzar en un marco legal que fortalezca la protección de las víctimas y mejore su acceso al sistema de justicia. Ahora será el turno del debate legislativo para definir el alcance y la eventual aprobación de la iniciativa.