Aguiar pidió juicio político contra Milei y lo acusó de “insania mental” tras la apertura de sesiones

• Rodolfo Aguiar solicitó juicio político contra Javier Milei tras su discurso en el Congreso.
• El dirigente de ATE acusó al Presidente de mostrar “insania mental”.
• Cuestionó la ausencia de referencias a salarios, empleo y cierre de pymes.
• Sostuvo que el Gobierno carece de un programa económico integral.
• Denunció beneficios a sectores privilegiados y caída del consumo e inversión.
• El planteo profundiza la confrontación entre el Ejecutivo y el sindicalismo estatal.

El secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Rodolfo Aguiar, reclamó este domingo el inicio de un juicio político contra el presidente Javier Milei, luego del discurso de apertura de sesiones ordinarias 2026 en el Congreso. El dirigente sindical sostuvo que el mandatario dejó en evidencia una “insania mental” y cuestionó con dureza el tono y el contenido del mensaje presidencial.

A través de sus redes sociales, Aguiar planteó que el jefe de Estado evitó referirse a los problemas estructurales que, a su juicio, afectan a amplios sectores de la sociedad. Señaló que durante la exposición no hubo menciones concretas a la pérdida del poder adquisitivo, los despidos, la falta de empleo ni al cierre de pequeñas y medianas empresas. También criticó la ausencia de referencias a casos de corrupción en el Estado y al endeudamiento de las familias.

En ese marco, el titular de ATE consideró que existen “motivos suficientes” para promover el juicio político y argumentó que la causal más evidente sería la presunta incapacidad del Presidente para ejercer el cargo. Las declaraciones escalaron rápidamente en tono, al describir el discurso oficial como desconectado de la realidad social y económica.

Aguiar profundizó sus cuestionamientos al afirmar que el Gobierno carece de un programa económico integral y que su gestión se reduce a un “plan de negocios”. Según su visión, el oficialismo presenta como logros decisiones vinculadas con despidos en el sector público y la reducción de estructuras estatales, algo que el dirigente calificó como un proceso de desarticulación del Estado.

El sindicalista también puso en duda la legitimidad del respaldo político que exhibe el Presidente en el Congreso. Sostuvo que el consenso no se limita a acuerdos parlamentarios con otras fuerzas políticas, sino que requiere apoyo social amplio, algo que —según indicó— estaría en retroceso a raíz del malestar generado por las políticas oficiales.

En el plano económico, Aguiar cuestionó las reducciones impositivas orientadas, según afirmó, a beneficiar a sectores de mayores ingresos, y sostuvo que la presión fiscal se trasladó a los sectores más vulnerables. Asimismo, objetó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y planteó que los jóvenes atraviesan un contexto de mayor vulnerabilidad social.

El dirigente sindical amplió sus críticas al entorno presidencial y denunció supuestos beneficios obtenidos por funcionarios cercanos al poder. También aseguró que la caída del consumo y de la inversión contradice los planteos oficiales sobre una eventual recuperación económica, y advirtió que el aumento de la desocupación constituye uno de los indicadores más preocupantes del escenario actual.

En su declaración más contundente, Aguiar sostuvo que, si se aplicaran con rigor los principios de responsabilidad y transparencia que el propio Gobierno invoca, los actuales funcionarios deberían rendir cuentas ante la Justicia. Con ese planteo, elevó el nivel de confrontación política en un contexto ya marcado por tensiones entre el Ejecutivo y diversos sectores sindicales.

El pedido de juicio político no tiene, por el momento, correlato en otras fuerzas con representación parlamentaria, lo que limita su viabilidad institucional inmediata. Sin embargo, la iniciativa refleja el endurecimiento del discurso gremial frente a la agenda de reformas impulsada por el oficialismo.

La apertura de sesiones, que buscaba consolidar el rumbo económico y político del Gobierno ante el Congreso, derivó así en una nueva escalada de críticas desde el sindicalismo estatal. Las declaraciones de Aguiar no solo cuestionan la orientación de las políticas públicas, sino que apuntan directamente a la figura presidencial, profundizando la confrontación en un escenario político de alta polarización.