Tapia: indagatoria, millonaria deuda fiscal y paro en el fútbol argentino

• Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, fue citado a indagatoria en una causa por presunto perjuicio fiscal superior a $19.353 millones.
• La investigación, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, apunta a la retención y falta de depósito de tributos y aportes a la seguridad social.
• La defensa pidió la nulidad de la citación ante el juez Diego Amarante y aguarda una definición de la Cámara en lo Penal Económico.
• El expediente se cruza con la disputa por el Decreto 510/2023, firmado por Alberto Fernández, que estableció una alícuota especial para el fútbol.
• El gobierno de Javier Milei cuestionó ese régimen y el conflicto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• La AFA respondió con un paro de actividades y el caso podría tener impacto internacional ante la FIFA.

El próximo 5 de marzo no habrá partidos en los estadios del país. La escena principal se trasladará a los tribunales de avenida de los Inmigrantes 1950, donde el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, está citado a prestar declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto perjuicio fiscal superior a los 19.353 millones de pesos.

La convocatoria fue dispuesta por el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, quien también llamó a otros dirigentes de la entidad. Sin embargo, en las últimas horas la defensa de Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria, argumentando que aún está pendiente la resolución de una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. El magistrado deberá definir si mantiene la citación o hace lugar al planteo.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 12 de diciembre pasado. El organismo acusó a la AFA de haber descontado tributos a terceros y omitido su depósito dentro del plazo legal de 30 días en un total de 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Las conductas bajo análisis encuadran, según la imputación, en los delitos de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, previstos en el Régimen Penal Tributario, con penas que van de dos a seis años de prisión. De acuerdo con la querella, la omisión no respondió a dificultades financieras: en diciembre de 2024 la AFA habría recibido más de 45.000 millones de pesos en acreditaciones bancarias y constituido plazos fijos en pesos y dólares.

La deuda investigada incluye más de 8.675 millones de pesos en contribuciones a la seguridad social correspondientes a 1.225 empleados y otros 10.678 millones por retenciones impositivas, entre ellas el 21% de SIRE-IVA y montos vinculados al Impuesto a las Ganancias. Según los registros oficiales, varios pagos se realizaron con hasta seis meses de demora.

El fiscal Claudio Navas Rial respaldó el avance del expediente en base a informes técnicos de ARCA, que sostienen que los vencimientos no sufrieron modificaciones normativas que justificaran los retrasos.

En paralelo, la causa se entrelaza con una disputa más amplia sobre el régimen de aportes del fútbol argentino. La AFA ampara su esquema contable en el Decreto 510/2023, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, que estableció una alícuota fija del 7,5% sobre los ingresos brutos para cubrir cargas sociales, reemplazando el sistema tradicional.

El actual gobierno, bajo la presidencia de Javier Milei, cuestionó ese mecanismo por considerar que genera un déficit previsional y lo dejó sin efecto. La AFA recurrió a la Justicia Contencioso Administrativa Federal y obtuvo cautelares para mantener vigente el esquema, mientras el conflicto aguarda una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el plano procesal, Amarante dispuso reforzar la seguridad en el juzgado y prohibió la salida del país de los imputados. Tapia obtuvo un permiso excepcional para viajar a compromisos oficiales en Colombia y Brasil tras fijar una caución de cinco millones de pesos.

El avance judicial también activó tensiones institucionales. El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió un paro de actividades del 5 al 8 de marzo, en coincidencia con la novena fecha del Torneo Apertura. Desde la dirigencia se interpretó la causa como un “ataque” al modelo actual de conducción y se vinculó el trasfondo del conflicto con el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas.

En el horizonte asoma además la dimensión internacional. Un eventual procesamiento podría activar mecanismos disciplinarios de la FIFA, cuyo Código de Ética exige a los dirigentes cumplir sus deberes económicos con integridad y diligencia.

Mientras la pelota se detiene y la atención se concentra en los tribunales, el juez contará con diez días hábiles tras las indagatorias para definir la situación procesal de los acusados: procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito. El resultado no solo impactará en el tablero judicial, sino también en la conducción del fútbol argentino.