Kicillof cuestionó el enfoque sobre la edad de imputabilidad y pidió un abordaje integral del delito juvenil

• Kicillof cuestionó el anuncio oficial sobre la baja de la edad de imputabilidad.
• El gobernador afirmó que cambiar la edad no resuelve los problemas de fondo.
• La Provincia propone un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil integral.
• Javier Alonso calificó el debate como funcional a la grieta política.
• Se advierte que bajar la edad no impide el uso de menores por bandas delictivas.
• Buenos Aires reclama diálogo y coordinación con el Gobierno nacional.

En medio de la renovada discusión impulsada por el Gobierno nacional en torno a la baja de la edad de imputabilidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a fijar posición y marcó diferencias con el enfoque planteado desde la Casa Rosada. A través de un mensaje público, el mandatario bonaerense consideró que el eje del debate está mal planteado y advirtió que modificar un parámetro legal de manera aislada no resolverá los problemas estructurales vinculados al delito juvenil.

Kicillof respaldó de manera explícita los argumentos expuestos por el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien viene señalando que la discusión, tal como está planteada, funciona más como un elemento de confrontación política que como una herramienta eficaz para mejorar la seguridad. En ese sentido, el gobernador sostuvo que la Argentina necesita una actualización profunda del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero remarcó que reducir la edad mínima de imputabilidad no constituye una solución de fondo.

El planteo oficial de la Provincia se apoya en la idea de que no existen respuestas simples para un problema complejo. Según Kicillof, cualquier política pública seria en esta materia requiere coordinación entre los tres poderes del Estado, planificación de largo plazo y una intervención estatal sostenida que vaya más allá de medidas simbólicas o anuncios de alto impacto mediático.

En la nota de opinión difundida por Alonso, el funcionario provincial pone el foco en la normativa vigente, que data de 1980, y coincide en la necesidad de su reemplazo. Sin embargo, advierte que centrar toda la discusión en la edad de imputabilidad implica desviar la atención de los verdaderos desafíos. Para el ministro, cambiar un número no altera, por sí solo, la dinámica del delito juvenil ni la capacidad del Estado para prevenirlo o abordarlo de manera eficaz.

Alonso también cuestiona el enfoque del Gobierno nacional, al que acusa de insistir en debates que resultan atractivos desde el punto de vista político, pero poco efectivos en términos prácticos. Señala, además, que el marco legal actual ya permite la detención y el encierro de menores que cometen delitos graves, por lo que la discusión no pasa únicamente por la edad, sino por cómo se aplican y se articulan las herramientas existentes.

Uno de los puntos centrales de su argumento apunta al uso de menores por parte de organizaciones delictivas. Desde su perspectiva, una baja progresiva de la edad de imputabilidad no resolvería el problema, ya que las bandas criminales simplemente recurrirían a niños aún más pequeños para cometer ilícitos. Bajo esa lógica, Alonso se pregunta hasta dónde estaría dispuesto el Estado a seguir reduciendo la edad y alerta sobre un camino sin salida.

El ministro bonaerense también hace referencia a la experiencia internacional, donde los límites de edad varían considerablemente. En ese marco, subraya que lo determinante no es el umbral etario, sino la capacidad estatal para intervenir de manera temprana, sancionar cuando corresponde y garantizar un seguimiento efectivo de los menores involucrados en hechos delictivos. Para la gestión provincial, dejar en libertad a un menor que comete un delito grave, independientemente de su edad, no puede ser una opción.

En el tramo final de su exposición, Alonso cuestiona la falta de diálogo con el Gobierno nacional y afirma que la Provincia solicitó reuniones que no fueron aceptadas. Sostiene que un trabajo conjunto permitiría compartir experiencias y construir soluciones más sólidas, evitando discusiones estériles que, según advierte, ya generaron frustraciones en el pasado con otras iniciativas de seguridad.

La posición de Kicillof y su equipo vuelve a poner en evidencia la distancia política y conceptual con la administración de Javier Milei. Mientras desde Nación se insiste en anuncios de fuerte impacto, la Provincia reclama un abordaje integral que priorice resultados antes que consignas, en un tema especialmente sensible para la sociedad.