La reforma laboral entra en fase de negociación fina en el Senado

• La comisión técnica del Senado comenzó a analizar posibles cambios en la reforma laboral
• El oficialismo aceptó negociar modificaciones, pero descarta sostener el statu quo
• La CGT mantiene diálogos paralelos con el Gobierno y con senadores
• Bullrich confirmó que el objetivo es votar la ley, aun con ajustes
• El Senado es el principal canal institucional de negociación con los gremios
• La CGT presionará a los gobernadores para frenar los puntos más resistidos

La reforma laboral impulsada por el Gobierno comenzó a transitar una etapa clave en el Senado, marcada por negociaciones técnicas, diálogos políticos cruzados y una pulseada abierta con la Confederación General del Trabajo (CGT). En ese marco, quedó formalmente constituida la comisión técnica de la Cámara Alta que analizará posibles modificaciones al proyecto oficial, con el objetivo de acercar posiciones sin alterar el núcleo de la iniciativa que promueve el oficialismo.

La comisión está presidida por Josefina Tajes, abogada laboralista y asesora de Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. El cuerpo se completa con el secretario parlamentario del Senado y dos asesores legales. Según lo previsto, este ámbito recibirá hasta el 26 de enero las propuestas de cambios formuladas por cámaras empresariales y otros sectores interesados. A partir de esa fecha, el análisis pasará al plano estrictamente político, con la participación directa de los senadores.

Desde el oficialismo aclaran que no se buscará emitir un nuevo dictamen en comisión. La estrategia apunta a que las eventuales modificaciones consensuadas sean debatidas directamente en el recinto a partir del 10 de febrero, cuando el proyecto llegue al momento decisivo. La hoja de ruta replica, en parte, el esquema utilizado con la Ley Bases, donde el Gobierno aceptó cambios para garantizar los votos necesarios.

En paralelo al trabajo técnico en el Senado, la CGT mantiene canales de negociación abiertos con el ala política del Gobierno. Allí aparecen como interlocutores centrales el asesor presidencial Santiago Caputo y los hermanos Menem —Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule”, desde la Secretaría General de la Presidencia—, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Se trata de una mesa informal pero decisiva, donde el sindicalismo busca morigerar los aspectos más resistidos de la reforma.

Bullrich reconoció de manera explícita que el Gobierno tomó la decisión política de negociar con la CGT. El objetivo, sostuvo, es lograr la aprobación de la ley, aun aceptando cambios, siempre que estos no impliquen sostener el statu quo del mercado laboral. La senadora remarcó que el oficialismo está dispuesto a escuchar planteos “razonables” que apunten a generar empleo y dinamizar la contratación, pero descartó de plano la posibilidad de que la reforma quede desdibujada.

El Senado aparece, así, como el principal escenario del diálogo institucional con el sindicalismo. Bullrich subrayó que los gremios han canalizado sus planteos a través de la Cámara Alta y que el oficialismo necesita construir mayorías más allá de sus propios 20 senadores, articulando acuerdos con el radicalismo, el PRO y los bloques provinciales. En ese esquema, cualquier aporte que sume voluntades es bienvenido, siempre dentro de un marco de cambios estructurales.

Sin embargo, en la conducción de la CGT predomina la cautela. Aunque reconocen un diálogo fluido con algunos referentes libertarios, persisten las dudas sobre si las objeciones sindicales se traducirán efectivamente en modificaciones sustantivas o en la eliminación de artículos considerados inaceptables para el poder gremial.

Frente a ese escenario, la central obrera desplegará una estrategia de doble vía. Mientras mantiene las negociaciones con el Gobierno, avanzará en una ofensiva política sobre los gobernadores. Dos de sus cotitulares, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, iniciarán una gira por distintas provincias para reunirse con mandatarios y buscar que no acompañen el proyecto tal como está redactado. Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe figuran en la primera etapa, antes de extender los contactos a la Patagonia.

El movimiento busca contrarrestar la tarea que el propio Gobierno encomendó a Santilli, quien también recorre provincias para asegurar apoyos. En ese juego de presiones cruzadas, la reforma laboral se encamina a una definición donde el equilibrio entre cambios, consensos y poder territorial será determinante.