Mabel Careaga reabre la discusión sobre memoria y política en un nuevo cruce con el Gobierno

• Mabel Careaga reapareció y acusó al Gobierno de promover un clima “anti-derechos” y “negacionista”.
• Sus declaraciones vincularon la política actual con la dictadura, lo que generó críticas del oficialismo.
• El Gobierno sostiene que comparar la crisis económica con crímenes de lesa humanidad “banaliza la tragedia”.
• Careaga afirmó que el modelo económico reproduce desigualdades estructurales originadas en la dictadura.
• El oficialismo remarca que la política de derechos humanos continúa vigente y critica la narrativa opositora.
• La activista cuestionó también a las Fuerzas Armadas, generando otro frente discursivo con el Gobierno.

La activista por los derechos humanos Mabel Careaga, hija de una de las víctimas del grupo conocido como “Los 12 de la Santa Cruz”, reapareció públicamente esta semana y lanzó duras críticas a la gestión de Javier Milei. En una entrevista concedida a Radio Splendid, afirmó que el Gobierno mantiene una línea “anti-derechos y anti-humanidad” y advirtió sobre lo que considera un “contexto de negacionismo” respecto de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Sus declaraciones reabrieron un debate sensible y volvieron a enfrentar a organismos de derechos humanos con el oficialismo.

Las palabras de Careaga llegan en la previa del aniversario de los secuestros ocurridos entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, cuando un grupo de tareas se llevó ilegalmente a doce personas, entre ellas tres Madres de Plaza de Mayo y dos religiosas francesas. Para la activista, ese episodio marca el “núcleo más oscuro” de un trauma social que, según sostiene, aún condiciona a la Argentina. Al vincular el presente político con la dictadura, Careaga despertó fuertes cuestionamientos desde sectores cercanos al Gobierno, que interpretaron sus dichos como un paralelismo injustificado.

Desde fuentes oficiales respondieron que equiparar las dificultades económicas actuales con los crímenes de lesa humanidad “banaliza la tragedia” y constituye, a su juicio, un intento del kirchnerismo de instalar un clima social adverso en un momento delicado del programa de estabilización. En la visión del oficialismo, las referencias al terrorismo de Estado aparecen nuevamente como un recurso discursivo para deslegitimar la agenda económica.

Un relato que regresa: dictadura, neoliberalismo y crisis social

Durante la entrevista, Careaga afirmó que existe un intento deliberado de “minimizar” los delitos cometidos por la última Junta Militar. Repasó su historia personal, detalló testimonios sobre los “vuelos de la muerte” y destacó que la identificación de restos en las últimas décadas permitió avanzar en juicios que siguen activos. Para ella, el presunto negacionismo actual estaría acompañado de un retroceso social y laboral, fenómeno que atribuye a la política económica del Gobierno.

Según su lectura, la democracia argentina nunca logró consolidar plenamente los derechos económicos y laborales, y la estructura de desigualdad que dejó la dictadura persiste bajo nuevas formas. Fue en ese marco que vinculó el programa económico de Milei con “la estructura que dejó el genocidio”, frase que dirigentes libertarios rechazaron de manera categórica. Para ellos, sugerir una continuidad entre un gobierno democrático y el terrorismo de Estado constituye una manipulación política ajena al debate de fondo.

La mirada del oficialismo: pasado y presente en tensión

La respuesta gubernamental no se hizo esperar. Desde el Ejecutivo sostienen que algunos organismos de derechos humanos y referentes opositores recurren a una narrativa que mezcla dictadura, neoliberalismo y crisis económica con el objetivo de esquivar la discusión sobre los desequilibrios heredados. Consideran que hablar de genocidio para cuestionar reformas fiscales y laborales implica un salto argumental que no aporta al diálogo democrático ni a la construcción de memoria.

Analistas consultados remarcaron que la política de derechos humanos sigue activa, con juicios en curso y programas estatales que no han sido desmantelados. El Gobierno suele enmarcar declaraciones como las de Careaga dentro de una estrategia opositora orientada a reinstalar “un clima de miedo” en un contexto de tensiones sociales por las medidas que se discuten en el Congreso.

Fuerzas Armadas y nuevos nombramientos: otro foco de disputa

Careaga también criticó la designación del nuevo ministro de Defensa y afirmó que, a su juicio, “no se pudo cambiar la cabeza” de las Fuerzas Armadas en cuatro décadas de democracia. Desde el oficialismo respondieron que esa lectura desconoce las profundas reformas institucionales aplicadas desde 1983, así como el rol actual de las Fuerzas Armadas, centrado en tareas constitucionales que van desde la asistencia en catástrofes hasta la modernización tecnológica y la vigilancia de fronteras.

Para cerrar, la activista sostuvo que la consigna “Nunca Más” debería ampliarse para incluir un rechazo explícito al neoliberalismo. Sin embargo, desde el oficialismo retrucaron que el verdadero retroceso en derechos sociales se produjo durante los últimos años, cuando la inflación escaló, la pobreza se expandió y el Estado mostró crecientes dificultades para garantizar servicios básicos.