Llaryora perfila modelo de seguridad como nueva columna del “modelo cordobés”

Luego del lanzamiento del plan de gestión territorial policial-judicial del conflicto penal, el gobierno provincial aceleró la agenda de seguridad para dar respuesta a los reclamos ciudadanos que reflejan las encuestas, luego de los magros resultados de la policía barrial y de las guardias urbanas. El telón de fondo que obliga al oficialismo a reaccionar es la preocupación por la Capital, por los hechos de inseguridad y por la mirada social sobre la gestión en general.

Con eje en un delito típicamente urbano y de grandes ciudades como son los cometidos por “motochorros”, el llaryorismo actuó sumariamente al pedido del gobernador Martín Llaryora de endurecer las penas para los hechos cometidos por delincuentes en moto. 

La solicitud la hizo el mandatario el lunes, en el acto donde engrasaba el hardware de la Policía con la entrega de 600 motos 0km de distinta cilindrada.  Ayer, el legislador Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, presentó en la Unicameral un proyecto que instruye a los senadores nacionales por Córdoba e insta a los diputados nacionales “a impulsar de forma urgente modificaciones al Código Penal de la Nación para aumentar las penas a quienes cometan actos delictivos utilizando motocicletas”. 

Con el frente gremial en tensión por las paritarias del SEP, el paro de Judiciales y la marcha del jueves de los estatales al Apross, más la inminente sentencia en el juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal, donde están acusados desde un exministro de Salud hasta exdirectores y exfuncionarios, el Panal busca establecer una nueva columna del “modelo cordobés” (otra puede ser las universidades provinciales con reparto territorial) que hasta ahora descansaba en ejes de alguna manera heredados, como la defensa del campo y la producción, la institucionalidad, la convergencia con lo privado y el estado presente. Todo lo cual llevó a decir al radical kirchnerista Leandro Santoro, candidato peronista en CABA para las elecciones locales del 18 de mayo, que su inspiración es el “modelo Córdoba”, un reconocimiento que seguramente hubiera caído mejor en el Panal si venía de otro palo, pero que se agradeció porque, dicen, ratifica la nacionalización de la propuesta de Juan Schiaretti y Llaryora.

Ahora, tomando el pulso de los tiempos libertarios, el llaryorismo suma al combo una versión propia de la mano dura o de “el que las hace las paga”, que tanto rédito le dio a Patricia Bullrich, la ministra de Javier Milei que mejor imagen tiene en la Provincia y con la que se vincula regularmente el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros. La frase “los buenos son los de azul” habla de esa sintonía. 

Con malos modales, el fallecido exgobernador José Manuel de la Sota esbozó hace casi veinte años una política de seguridad dura con la importación del modelo del Manhattan Institute y la doctrina de Rudolf Giuliani. A nivel nacional eran otros tiempos y el “Gallego” salió mal parado con los “corralitos de la vergüenza”.

Con esta instrucción del gobierno provincial, en el bloque Encuentro Federal no descartan que alguno de los diputados cordobesistas presenten un proyecto con el endurecimiento que pidió Llaryora, cuyo entorno admite que los números ascendentes de la inseguridad, sobre todo del importante aumento de nuevos delincantes, tiene que ver con la pobreza, la desocupación y la caída del ingreso de los últimos meses. Ayer, Ignacio García Aresca, Juan Brugge y Alejandra Torres, firmaron el dictamen del proyecto de baja de edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, impulsado por la bullrichista Laura Rodríguez Machado. Natalia de la Sota apoyó una iniciativa de régimen penal juvenil que no baja la edad punible sino que apunta a la resocialización de los adolescentes en conflicto, cuyo espíritu tal vez es más acorde al pensamiento de muchos funcionarios de la actual gestión.

Siciliano, el principal alfil legislativo del gobernador, sostuvo al anunciar el proyecto de los motochorros que el delito crece “día a día en los centros urbanos” y que la política no puede quedarse “de brazos cruzados mientras las leyes siguen intactas”. “Quienes usan motovehículos para arrebatos, ataques en banda o persecuciones, deben ser penados de manera agravada para sancionar con mayor dureza la utilización de esta modalidad delictiva. Necesitamos penas más severas que permitan frenar este flagelo”.

El bloque oficialista tiene expectativas de obtener apoyo de las bancadas opositoras que se referencian en el gobierno nacional: Frente Cívico, UCR, PRO y el monobloque libertario. Luego del escándalo del miércoles pasado, donde la oposición se fue de la sesión porque el oficialismo no quiso debatir los proyectos vinculados a ilícitos e incendio en el Apross, la próxima sesión será la semana que viene, cuando Hacemos Unidos intentará aprobar el texto.

La iniciativa

El proyecto presentado destaca que las modalidades delictivas con motocicletas –desde robos simples hasta hechos violentos que terminan en muertes– afectan gravemente la tranquilidad social, el comercio y la libre circulación, generando miedo en la población. Por ello, Siciliano remarcó que “es hora de que el Congreso adecúe el régimen penal a los tiempos que vivimos y le dé respuestas reales a la ciudadanía”. La propuesta busca no solo aumentar las penas principales, sino también sumar sanciones accesorias que fortalezcan la prevención y contención de estos delitos. “Es necesario revisar otros tipos de penalidades adicionales, como la inhabilitación para conducir a quienes se han valido de estas modalidades delictivas, el decomiso y pérdida de la propiedad de los motovehículos utilizados, entre otras sanciones accesorias a la pena principal, que permitan contener la expansión de este flagelo”, destacó Siciliano.

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE BETTINA MARENGO.