Round de estudio en el Concejo, con críticas de la oposición

El secretario de Administración Pública y Capital Humano Sergio Lorenzatti pasó, junto a su equipo, por el Concejo Deliberante, para defender el presupuesto que el Ejecutivo giró al Legislativo Municipal la semana pasada, y allí sorteó algunas de las preguntas que le lanzaron desde la oposición. Algunas, no todas.

En la Comisión de Economía y Finanzas, Graciela Villata, del Frente Cívico, y Javier Fabre, de la UCR, fueron los más incisivos en sus cuestionamientos, aunque no coincidieron en todos.

Tanto para la dirigente juecista como para el radical, la principal crítica al presupuesto radica en que no se percibe una real restricción del gasto. Desde el Frente Cívico agregan, además, que del presupuesto no se infiere una disminución de los cargos políticos, aunque el oficialismo insiste en que buena parte de esos cargos están ocupados por empleados de carrera que no cobran como funcionarios, sino como personal de planta.

Otros de los aspectos que generan rechazo entre los opositores giran en torno a las ya clásicas delegaciones de facultades legislativas en el Palacio 6 de Julio -una práctica que no por habitual incordia menos a los concejales de la oposición-, y al hecho de que la Cuenta General del Ejercicio 2023 haya sido remitida al Tribunal de Cuentas casi en simultaneo que el presupuesto 2025 al Concejo, o que el último tramo de la ejecución presupuestaria (parcial) de 2024 no haya sido publicada por el oficialismo en tiempo y forma. Requisitos, ambos, contemplados en la Carta Orgánica Municipal.

Aunque aún queda un largo trecho para que el proyecto se convierta en ordenanza, los opositores también apuntan a algunas cuestionas más puntuales.

Desde el Frente Cívico, por ejemplo, destacan que los emisarios del Palacio Municipal no precisaron acabadamente el monto de la deuda por la cual el Ejecutivo requiere al Concejo autorización para tomar financiación por 150 millones de dórales. 

El grueso de esta colocación tendría por objeto reperfilar la deuda contraída por la ciudad durante la gestión de Ramón Mestre, pero aun así el juecismo no quedó conforme con las explicaciones.

Además, desde ese espacio aseguran que la eliminación de más de 100 tasas anunciada por el intendente no deja de ser un hecho cosmético, ya que éstas no tendrían una incidencia ponderable en la reducción de la presión tributaria de la ciudad.

Aquí hay un desencuentro con la UCR. Si bien desde el radicalismo comparten que la eliminación de estos tributos no conllevará una reducción de la presión fiscal, sí adscriben a la iniciativa del Ejecutivo, en la que ven una suerte de réplica de la “Ley Hojarasca” que a nivel nacional promueve La Libertad Avanza desde el ministerio de Desregulación del Estado de Federico Sturzenegger. 

Lo importante -dicen- es que sirve para ir hacia una simplificación fiscal, hacia una desburocratización de muchos trámites que se realizan ante el municipio. A fin de cuentas, la iniciativa del oficialismo avanza en el mismo sentido que una de las principales propuestas de campaña de Rodrigo De Loredo.

Tampoco hay coincidencia entre el Frente Cívico y la UCR en relación a las variables macroeconómicas a las que se sujeta el oficialismo para construir el presupuesto 2025. Especialmente en relación a la proyección inflacionaria.

Desde el Frente Cívico remarcan que el Municipio proyecta una inflación del 28 por ciento, ciñéndose a la proyección del Centro Cívico en lugar de adoptar la que hace la Casa Rosada (18 por ciento). Para el juecismo, Hacemos Unidos elige proyectar una inflación mayor para proyectar mayores ingresos y así establecer que la dedicación presupuestaría al pago de salarios se mantendrá por debajo del 45 por ciento.

La UCR, por su parte, entiende que es preferible que se sobreestimen los ingresos a que se subestimen, en tanto que esto último daría mayor discrecionalidad al Ejecutivo para direccionar discrecionalmente los recursos que se terminaran recaudando por encima de lo proyectado.

En relación a la incidencia de la partida salarial en el presupuesto, Fabre dijo “para 2025, se presupuestan gastos corrientes por 1.115.337 millones de pesos, de los cuales el 45 por ciento va destinado a personal. Este dato representa un 2 por ciento menos en comparación con el año anterior. Es cierto que ahí estamos mejor, sin embargo, en el apartado ‘servicios’ encontramos un aumento del 3 por ciento, pasando del 28 por ciento al 31. Pregunto: ¿Se está tercerizando la Municipalidad? Si es así, a mí personalmente no me parece nada mal, pero hay que animarse a decirlo”, aludiendo al aumento de los monotributos y becas. 

Debe aclararse que el camino del proyecto apenas acaba de empezar. Entró al Concejo la semana pasada y acaba de trasponer la Comisión de Economía y Finanzas. Todavía debe pasar por Legislación General, aprobarse en primera lectura el 5 de diciembre, ir a audiencia pública, y luego volver a pasar por comisiones antes de ir a la votación definitiva el 23 de diciembre, sobre el filo de las fiestas.

Aunque todavía no hay una definición tajante, el Frente Cívico se prepara para rechazar. En cuanto a la UCR, el bloque no atraviesa su momento de mayor cohesión, y nadie descuenta el apoyo o rechazo al proyecto.

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE FELIPE OSMAN.