La era Javier Milei: bala y cárcel

Protestar en la Argentina de Javier Milei implica exponerse a una serie de riesgos. Quienes se manifiestan reciben insultos y amenazas de parte de las más altas autoridades políticas y sus seguidores en redes sociales. Para llegar al lugar convocado para una movilización hay que esquivar caminos que las propias fuerzas de seguridad bloquean para impedir el desplazamiento de manifestantes. En la calle o el transporte público se puede ser objeto de demoras y requisas ilegales por parte de policías que buscan banderas y otros indicios de la pertenencia política de las personas, algo no visto desde la dictadura militar. Durante las protestas, hay serios riesgos de sufrir golpes, empujones, ser corridos y perseguidos por policías a pie o en moto. O de ser rociados con gases químicos irritantes y sufrir quemaduras y de recibir impactos de balas de goma en el cuerpo o el rostro. También, de perder la vista.

Además, se está sometido al escrutinio constante de las fuerzas policiales que hoy naturalizaron la práctica ilegal de filmar a los manifestantes para identificarlos. Se corre el riesgo de una detención sólo por estar ahí, manifestándose, trabajando o simplemente pasando por el lugar.

Una vez detenida, una persona puede pasar horas sin saber dónde será trasladada y días hasta que las autoridades judiciales concedan que no existen pruebas que justifiquen la detención. Aun así, se verá imputada por delitos que pueden ir desde la resistencia a la autoridad hasta la asociación ilícita y la intimidación pública. Mientras, en los medios de comunicación y las redes sociales, las autoridades retoman los insultos y acusan de “terrorismo” a quienes se manifiestan.

El protocolo de Patricia Bullrich
Cuatro días después de asumir, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. Establece que cualquier manifestación pública que se realice con cortes de calles o rutas y que disminuya la “circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas” constituye un delito en flagrancia y habilita a que las fuerzas de seguridad repriman, desalojen y detengan a los manifestantes sin orden judicial. Al suprimir el derecho a elegir el modo y el lugar de la protesta, anula por completo el derecho a manifestarse.
Desde entonces, este “protocolo” funciona como una justificación para que, en cualquier situación, las policías actúen de manera violenta y arbitraria. Incluso, muchas veces se usa para justificar la dispersión de protestas que ni siquiera estaban interrumpiendo el tránsito.

Desde diciembre, el uso indiscriminado e ilegal de armas “menos letales” también se convirtió en un rasgo permanente de la actuación policial en manifestaciones públicas. En lugar de utilizar esas armas como recurso para defenderse de agresiones o proteger a terceros, los policías las utilizan como armas ofensivas, lanzando gases y disparando balas de goma como método para desalojar manifestantes.

El resultado es una gran cantidad de personas heridas en manifestaciones en los últimos seis meses. Según diversas organizaciones que monitorean las protestas, al menos 665 personas fueron heridas de distinta gravedad en seis episodios represivos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires en los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio de 2024.

Algunas de ellas sufrieron heridas oculares graves y pérdida de visión por el impacto de balas de goma disparadas por las fuerzas de seguridad al rostro de los manifestantes.

Los gases irritantes también se usan de manera irregular y violenta. Son rociados a corta distancia al rostro y al cuerpo de los manifestantes, lo que produjo quemaduras químicas de una gravedad que no tiene precedentes.

Amedrentar para desmovilizar
Al igual que el uso de este tipo de armas, las detenciones producidas en las manifestaciones responden al mismo objetivo: producir miedo y desmovilizar. Por eso son, en casi todos los casos, detenciones arbitrarias. Luego, los fiscales usan la información inverificable que les pasa la policía como base para construir hipótesis conspirativas, como que los detenidos pertenecen a organizaciones políticas que ejercen una violencia premeditada para desestabilizar al Gobierno. Buscan, así, encuadrar las acciones de los manifestantes en tipos delictivos graves, como asociación ilícita o sedición. La otra cara de las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento y la imputación de delitos fuera de toda escala, es la ausencia de investigaciones judiciales sobre la violencia policial.

Las requisas en el transporte previa a las manifestaciones, los castigos a quienes son parte de programas sociales y se movilizan y las multas a organizaciones sociales que salen a protestar son otras de las medidas que apuntan a la desmovilización social.

Desde diciembre de 2023, protestar en Argentina es un delito. Si bien esta perspectiva no es nueva -comunidades indígenas, sindicatos y asambleas ambientalistas la sufrieron en provincias como Jujuy, Chubut o Río Negro- hoy se transformó en la política del gobierno nacional a nivel federal.

Pero mientras visibilizamos y denunciamos que la represión y judicialización están achicando el espacio cívico en la Argentina, sabemos que sólo las personas ganando la calle van a evitar que este estado de cosas se naturalice.

CON INFORMACION DE LETRA P.