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title: "El sindicalismo que confunde el derecho a huelga con el derecho a la extorsión"
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date_published: "2026-11-11T14:34:00-03:00"
date_modified: "2026-11-10T11:48:57-03:00"
author_name: "Ricardo ZIMERMAN"
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category_name: "OPINIÓN"
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# El sindicalismo que confunde el derecho a huelga con el derecho a la extorsión

![Protesta obrera ante la fábrica cerrada](/download/multimedia.normal.901d2b5873f084db.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

![multimedia.normal.bafb21c667547d1a.bm9ybWFsLndlYnA=](/download/multimedia.normal.bf85046cb9e44cb1.bm9ybWFsLmpwZw%3D%3D.jpg)

**Por RICARDO ZIMERMAN**

**x: @RicGusZim1**

**En la Argentina se ha instalado una peligrosa deformación del derecho laboral: algunos sectores del sindicalismo parecen convencidos de que la defensa de los trabajadores les concede también la facultad de apropiarse de las empresas, impedir que otros trabajen, bloquear establecimientos y someter a sus propietarios a una suerte de condena económica dictada en la calle. Bajo la invocación de la libertad sindical y del derecho constitucional de huelga, determinadas organizaciones gremiales pretenden justificar prácticas que poco tienen que ver con la defensa de los derechos laborales y mucho con el ejercicio de la intimidación. El problema no es menor: cuando un sindicato impide por la fuerza que una empresa funcione, no está ejerciendo un derecho, sino avasallando los derechos de los demás.**

**El caso de Química Rame, una empresa de Villa Luzuriaga, constituye un ejemplo particularmente revelador de esa distorsión. En enero de 2022, sus propietarios, los hermanos Walter y Gilda Cividino, debieron suspender sus actividades durante un mes después de soportar un bloqueo que paralizó durante diez días el funcionamiento de la planta. La pérdida económica estimada superó entonces los 70 millones de pesos en concepto de lucro cesante. Pero el daño no se limitó a una cifra contable: los empresarios debieron soportar amenazas, insultos, agresiones y una puesta en escena intimidatoria que incluyó bombos, redoblantes, neumáticos incendiados, pintadas y pancartas. Ni siquiera fue respetada la madre de ambos empresarios, una mujer de 75 años que colaboraba con sus hijos y que también quedó expuesta a las agresiones.**

**La historia resulta todavía más grave cuando se observa el origen del conflicto. No se trataba de una disputa por salarios impagos ni de una denuncia por incumplimientos patronales. La confrontación había comenzado por una pelea entre dos sindicatos químicos por la afiliación de apenas diez trabajadores de una plantilla de 29 empleados. Es decir, una disputa por el control de afiliados terminó convirtiendo a una pequeña empresa en territorio de una batalla gremial. Diez trabajadores fueron despedidos como consecuencia del conflicto y la compañía debió afrontar las consecuencias de una metodología que demuestra hasta qué punto determinados dirigentes sindicales parecen haber perdido cualquier noción de proporción.**

**La reciente sentencia del Tribunal del Trabajo N° 3 de La Matanza introduce un elemento particularmente importante en este debate. Los jueces rechazaron la demanda de Silvio Chamorro, un trabajador que había participado activamente en el bloqueo y que pretendía obtener indemnizaciones por despido, protección sindical y otros conceptos. El tribunal entendió que la conducta del empleado había constituido una falta laboral grave y que la empresa tenía motivos legítimos para extinguir la relación de trabajo. La resolución adquiere relevancia porque establece una distinción que algunos dirigentes gremiales se empeñan en desconocer: una cosa es la huelga y otra muy diferente es impedir físicamente que una empresa pueda funcionar.**

**La Constitución Nacional protege el derecho de huelga. Nadie debería discutirlo en una democracia. Los trabajadores tienen derecho a organizarse, reclamar, suspender tareas y defender sus intereses colectivos. Pero ningún derecho constitucional puede convertirse en una autorización para atropellar los derechos de terceros. La libertad sindical no significa que una organización pueda decidir quién entra y quién sale de una fábrica, impedir el ingreso de mercaderías, bloquear los portones o paralizar por la fuerza la actividad de quienes no adhieren a una protesta.**

**El tribunal fue categórico al establecer que el bloqueo constituye una conducta obstructiva que no puede confundirse con una huelga legítima. La colocación de vehículos, personas, neumáticos incendiados y otros obstáculos para impedir el acceso a un establecimiento configura una vía de hecho que excede ampliamente la suspensión voluntaria de tareas. También afecta la libertad de aquellos trabajadores que no quieren participar de la medida y que tienen exactamente el mismo derecho a concurrir a sus puestos laborales.**

**Este último aspecto suele desaparecer de los discursos sindicales. Los dirigentes que reivindican la libertad de los trabajadores parecen olvidar sistemáticamente la libertad de quienes no comparten sus decisiones. ¿Qué clase de defensa de los derechos laborales es aquella que obliga a un empleado a permanecer fuera de su lugar de trabajo? ¿Qué legitimidad puede invocar una organización que utiliza la intimidación para imponer una voluntad colectiva sobre quienes no la aceptan? La respuesta debería ser elemental: ninguna.**

**La sentencia también puso en evidencia la gravedad de la participación de Chamorro. No se trataba de un trabajador que hubiera quedado circunstancialmente atrapado en una protesta ajena. El propio demandante se había presentado como subdelegado general y organizador de la medida. Las pruebas reunidas incluyeron testimonios de empleados, declaraciones ante la fiscalía y actas notariales que documentaron el cierre de los cuatro accesos a la planta. Los jueces consideraron acreditado que el bloqueo había impedido el ingreso de personas y mercaderías durante varios días, ocasionando pérdidas económicas y perjudicando incluso a quienes querían continuar trabajando.**

**A esto se agregó otro aspecto decisivo: el tribunal rechazó el supuesto amparo sindical invocado por el trabajador. Chamorro no reunía la antigüedad mínima de afiliación exigida por la legislación para ser candidato y la elección mediante la cual decía haber obtenido su representación tampoco había respetado las formalidades legales. No hubo urna, el voto fue cantado y la votación se realizó en la vereda de la fábrica, fuera del horario laboral. Pretender que semejante procedimiento otorgara inmunidad frente a las consecuencias de una conducta grave suponía transformar la representación sindical en una protección arbitraria.**

**La cuestión debería servir como advertencia para todo el sistema gremial. La representación de los trabajadores no puede convertirse en una patente de impunidad ni en una herramienta para someter a las empresas a la voluntad de una conducción sindical. Mucho menos cuando se trata de pequeñas y medianas compañías, que no cuentan con los recursos financieros de una gran corporación para soportar semanas de paralización, pérdidas de producción y conflictos interminables.**

**También resulta preocupante que la causa penal vinculada con el episodio haya terminado archivada por la imposibilidad de identificar a los responsables. La dificultad para individualizar a quienes protagonizaron una conducta no convierte esa conducta en legítima. Por eso resulta importante que la Justicia laboral haya podido examinar las responsabilidades individuales a partir de las pruebas reunidas y establecer que el ejercicio de un derecho encuentra límites cuando comienza a vulnerar los derechos ajenos.**

**La Argentina necesita recuperar una cultura de legalidad en sus relaciones laborales. Los empresarios no pueden quedar a merced de grupos que deciden por la fuerza cuándo una fábrica puede abrir sus puertas. Los empleados tampoco pueden ser rehenes de disputas entre sindicatos que compiten por afiliados y espacios de poder. Y los dirigentes gremiales deben comprender que representar trabajadores no significa convertirse en propietarios de las empresas ni en autoridades por encima de la ley.**

**El sindicalismo tiene un lugar legítimo y necesario en una sociedad democrática. Pero ese lugar se debilita cada vez que sus organizaciones reemplazan la negociación por la intimidación y el reclamo por la violencia. Defender el derecho a huelga no exige defender los bloqueos. Por el contrario, distinguirlos es indispensable para preservar la legitimidad de la protesta y evitar que una herramienta constitucional termine convertida en un instrumento de extorsión.**

**Una fábrica no es propiedad de un sindicato, una vereda no es una frontera de soberanía gremial y los trabajadores que quieren cumplir con sus obligaciones no necesitan autorización de ningún dirigente para hacerlo. La democracia reconoce el derecho a protestar, pero no concede el derecho a someter a los demás. Esa diferencia, que debería ser obvia, todavía necesita ser recordada en una Argentina donde demasiadas veces la fuerza pretende ocupar el lugar de la ley.**

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