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# Passerini cuestionó los subsidios al transporte del AMBA: "Una vez más el Gobierno Nacional hace populismo selectivo"

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**Resumen:**

- **El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, criticó la distribución de los subsidios nacionales al transporte público.**
- **El jefe municipal sostuvo que el Área Metropolitana de Buenos Aires continúa recibiendo beneficios que no llegan a las ciudades del interior.**
- **Denunció que los municipios del interior deben afrontar prácticamente en soledad los costos del sistema de transporte.**
- **La discusión vuelve a poner sobre la mesa las diferencias entre el AMBA y el resto del país en materia de asistencia estatal.**
- **El reclamo de Córdoba se suma a los cuestionamientos de distintos gobiernos provinciales y municipales por la distribución de los recursos nacionales.**

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, volvió a cuestionar la política de subsidios al transporte público del Gobierno nacional y acusó a la administración de Javier Milei de mantener un esquema desigual que beneficia al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en detrimento de las ciudades del interior.

"Una vez más el Gobierno Nacional hace populismo selectivo", afirmó el mandatario cordobés al referirse a los recursos destinados a sostener el funcionamiento del transporte público de pasajeros.

Passerini sostuvo que las ciudades del interior continúan enfrentando una situación de desventaja frente al AMBA, donde existe una estructura de asistencia estatal diferente para financiar el servicio.

"Nos siguen discriminando a las ciudades del interior, que afrontamos prácticamente en soledad el costo del transporte público", manifestó el intendente.

La histórica discusión por los subsidios

El reparto de los subsidios al transporte constituye desde hace años uno de los principales focos de conflicto entre las administraciones nacionales y los gobiernos provinciales y municipales.

Mientras los intendentes del interior reclaman una distribución más equitativa de los recursos, el Gobierno nacional sostiene una política de reducción de transferencias y de reorganización del esquema de asistencia al sector.

El problema tiene consecuencias directas sobre las finanzas municipales y sobre el valor que pagan los usuarios por cada viaje. Cuando disminuye la asistencia estatal, las alternativas suelen ser aumentar las tarifas, incrementar los aportes locales o reducir los costos de funcionamiento del sistema.

En ciudades como Córdoba, donde el transporte público representa un servicio esencial para miles de trabajadores, estudiantes y jubilados, la discusión adquiere una dimensión económica y social significativa.

El reclamo del interior vuelve a escena

Las declaraciones de Passerini reavivan una controversia que atraviesa a numerosos municipios argentinos: quién debe hacerse cargo del costo real del transporte y bajo qué criterios deben distribuirse los recursos públicos.

Los intendentes del interior sostienen que no puede existir un esquema federal si las ciudades alejadas de Buenos Aires deben afrontar mayores responsabilidades financieras sin recibir una asistencia equivalente.

El planteo también abre una discusión sobre el federalismo fiscal y las prioridades presupuestarias del Estado nacional.

La administración de Milei, por su parte, defiende el objetivo de reducir el gasto público y limitar los subsidios, en el marco de su política de equilibrio fiscal.

Una discusión que impacta directamente en los usuarios

Más allá del enfrentamiento político, el debate tiene un efecto concreto sobre la vida cotidiana. El financiamiento del transporte determina cuánto cuesta viajar, qué recursos deben destinar los municipios y qué posibilidades existen de sostener la frecuencia y la calidad del servicio.

La pregunta que vuelve a instalarse es si el país podrá avanzar hacia un sistema de subsidios con criterios verdaderamente federales o si continuará existiendo una diferencia de tratamiento entre el AMBA y las principales ciudades del interior.

Para Passerini, la respuesta está clara: el interior sigue soportando una carga que, según su planteo, debería distribuirse de manera más equitativa entre todas las jurisdicciones.

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