---
canonical_url: "https://diariocordoba.com.ar/contenido/140000/passerini-en-alerta-busca-blindar-una-tasa-millonaria-tras-el-reves-judicial-de-"
title: "Passerini, en alerta: busca blindar una tasa millonaria tras el revés judicial de la Corte Suprema"
article_type: "NewsArticle"
main_image: "https://cordoba.gob.ar/wp-content/uploads/2024/04/DSC_0768-1-800x400.jpg"
date_published: "2026-10-24T09:33:00-03:00"
date_modified: "2026-10-24T09:36:26-03:00"
author_name: "Agencia de Noticias del Interior"
author_url: "https://diariocordoba.com.ar/usuario/2/agencia-de-noticias-del-interior"
category_name: "CÓRDOBA"
category_url: "https://diariocordoba.com.ar/categoria/25/cordoba"
---

# Passerini, en alerta: busca blindar una tasa millonaria tras el revés judicial de la Corte Suprema

**![DSC_0768-1-800x400](https://cordoba.gob.ar/wp-content/uploads/2024/04/DSC_0768-1-800x400.jpg)**

**Resumen**

- **Daniel Passerini envió al Concejo Deliberante un proyecto urgente para modificar el Código Tributario de la ciudad de Córdoba.**
- **La iniciativa busca precisar los servicios que justifican el cobro de la tasa sobre actividades comerciales, industriales y de servicios.**
- **Un fallo de la Corte Suprema encendió las alarmas sobre la legalidad de determinadas tasas municipales.**
- **Una presentación empresarial ante la Comisión Federal de Impuestos suma presión sobre el sistema de recaudación cordobés.**
- **El tributo representa aproximadamente dos tercios de los ingresos municipales por vía impositiva, por lo que un revés judicial podría comprometer seriamente las cuentas de la ciudad.**

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, decidió acelerar una reforma del Código Tributario Municipal para defender una de las principales fuentes de financiamiento de su administración. Este jueves remitió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que modifica el artículo 256, referido a la tasa que pagan las empresas por el desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios.

La iniciativa fue presentada con carácter de urgente, prioritario e impostergable. Detrás de la decisión existe una preocupación concreta: los cuestionamientos judiciales al modo en que los municipios cobran determinadas tasas podrían abrir la puerta a nuevas demandas empresariales, afectar la recaudación y poner bajo presión las finanzas de la capital cordobesa.

El movimiento de Passerini no es aislado ni responde únicamente a una discusión técnica sobre la redacción de una norma. Se produce en un escenario de caída de los ingresos municipales, mayores demandas sobre los servicios públicos y crecientes controversias acerca de los límites de la potestad tributaria de los gobiernos locales.

El problema central es determinar si una tasa municipal tiene como contraprestación servicios concretos que justifiquen su cobro o si, por su formulación, puede terminar funcionando como un impuesto sobre la actividad económica.

## El fallo de la Corte que encendió las alarmas

Uno de los principales antecedentes es una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada con una disputa entre el Banco Galicia y la Municipalidad de Córdoba por el cobro de esta contribución en 2008.

El máximo tribunal anuló una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que había favorecido al municipio. En su voto, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, cuestionó la amplitud de la formulación de la norma tributaria cordobesa y puso el foco en la necesidad de establecer con precisión los servicios que justifican la obligación de pagar una tasa.

El planteo tiene consecuencias que van más allá de una controversia entre una entidad financiera y el municipio. Si la norma no identifica adecuadamente la prestación estatal que fundamenta el cobro, las empresas pueden cuestionar la naturaleza jurídica del tributo y su compatibilidad con el régimen de coparticipación federal.

A ese antecedente se sumó una presentación de la firma logística Loginter S.A. ante la Comisión Federal de Impuestos, que cuestiona la compatibilidad del régimen municipal con la legislación nacional.

La preocupación del Ejecutivo cordobés es que estos planteos se multipliquen y que otras compañías recurran a la Justicia para discutir obligaciones tributarias que representan una parte sustancial de los recursos municipales.

## Qué quiere cambiar Passerini

El proyecto apunta a precisar el alcance de la tasa retributiva y a enumerar los servicios municipales vinculados con las actividades económicas.

Entre ellos figuran las habilitaciones comerciales, las inspecciones de seguridad e higiene, los controles sanitarios y ambientales, la prevención de riesgos, la fiscalización de depósitos y centros logísticos, el control de cartelería y del uso del espacio público, la protección de consumidores y las actuaciones de la Guardia Urbana.

También contempla servicios de gestión administrativa, tanto presenciales como digitales, y tareas de fiscalización de las actividades económicas.

La propuesta busca establecer que la obligación tributaria se vincule con la prestación efectiva de alguno de esos servicios. Para aquellos de carácter permanente, el municipio sostiene que no sería necesario demostrar una intervención individual en cada contribuyente durante cada período, siempre que el servicio esté organizado y disponible.

Además, la reforma contempla las actividades desarrolladas mediante plataformas digitales, aplicaciones y sitios web, así como determinadas operaciones vinculadas con infraestructura, logística, distribución y almacenamiento.

El objetivo oficial es reforzar la seguridad jurídica del sistema tributario y evitar que la redacción vigente facilite nuevos cuestionamientos judiciales. En términos prácticos, Passerini intenta reducir la vulnerabilidad de una estructura de recaudación que resulta decisiva para sostener el funcionamiento de la administración local.

## Una recaudación bajo presión

La dimensión económica del conflicto explica la urgencia del intendente. La tasa sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios representa aproximadamente dos tercios de los ingresos municipales por vía impositiva. Por eso, cualquier modificación que limite su aplicación o una eventual decisión judicial adversa podría tener un impacto considerable en las cuentas públicas.

La Municipalidad también enfrenta una caída real de sus ingresos, mientras debe responder a mayores demandas de atención en áreas como salud, transporte y asistencia social. Desde el gobierno local atribuyen parte de las dificultades al deterioro de la actividad económica y a la reducción de los recursos disponibles.

En ese contexto, la discusión tributaria adquiere una dimensión política inevitable. Una caída significativa de la recaudación obligaría a la administración a revisar gastos, inversiones y prioridades, precisamente cuando necesita sostener los servicios y las obras públicas.

La controversia tampoco se limita a Córdoba. Otros municipios observan con atención los pronunciamientos judiciales y evalúan sus posibles consecuencias sobre los tributos que cobran a las empresas. Los intendentes temen que los reclamos se extiendan y terminen generando un efecto dominó sobre las finanzas locales.

## El desafío: cobrar sin vulnerar la ley

La discusión de fondo enfrenta dos principios que deberían poder convivir: la autonomía financiera de los municipios y la obligación de respetar los límites legales y constitucionales del poder tributario.

Los gobiernos locales necesitan recursos para prestar servicios, mantener la infraestructura y atender las demandas de sus vecinos. Pero el cobro de una tasa exige una relación jurídicamente válida con una prestación estatal. No alcanza con denominarla tasa si su estructura y aplicación no cumplen los requisitos que corresponden a esa figura.

Por eso, la reforma impulsada por Passerini deberá superar el debate político en el Concejo Deliberante y demostrar que la nueva redacción responde efectivamente a las observaciones jurídicas planteadas. Enumerar servicios puede aportar precisión normativa, pero la discusión también pasa por acreditar que existe una prestación municipal que justifique el tributo y que su aplicación respeta los límites legales.

El proyecto, además, se presenta en medio de un segundo debate sobre el tratamiento fiscal de determinados ingresos empresariales provenientes de inversiones en títulos de deuda emitidos por la propia Municipalidad, materia contemplada en otra iniciativa enviada al Concejo.

Por ahora, el desenlace permanece abierto. Lo que está claro es que Passerini busca evitar que una disputa tributaria termine convirtiéndose en un problema estructural para las finanzas de Córdoba. La discusión que se avecina no solo pondrá a prueba la estrategia del intendente, sino que también puede convertirse en un antecedente relevante para otros gobiernos municipales que dependen de tributos similares.

La cuestión de fondo será si el municipio logra fortalecer la legalidad de su esquema de recaudación sin trasladar a las empresas cargas que no tengan una contraprestación suficientemente determinada. De esa respuesta dependerá buena parte de la tranquilidad fiscal que busca la administración cordobesa.

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
