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author_name: "Por Juan Palos"
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# Llaryora busca asegurar su reelección mientras Passerini pierde protagonismo y crece la figura de Quinteros

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**Resumen**

- **Martín Llaryora concentra sus esfuerzos en conseguir la reelección como gobernador, mientras crecen las dudas sobre la capacidad electoral de Daniel Passerini en la capital cordobesa.**
- **La decisión de separar las elecciones provinciales de las municipales deja al descubierto la preocupación del oficialismo por el desgaste de la administración capitalina.**
- **Juan Pablo Quinteros comienza a posicionarse como una alternativa para disputar la intendencia de Córdoba, aunque su pasado junto a Luis Juez podría complicar su aceptación dentro del peronismo.**
- **Juan Schiaretti y Alejandra Vigo conservan influencia sobre la estructura del PJ Capital, un factor que Llaryora difícilmente pueda ignorar al elegir candidato.**
- **Los problemas de gestión, las controversias municipales y la falta de un candidato claramente competitivo amenazan con transformar la sucesión de Passerini en otro dolor de cabeza para el gobernador.**

## Llaryora tiene un problema en la capital y se llama Passerini

En política, muchas veces lo que no se dice resulta bastante más importante que los discursos que se pronuncian frente a los micrófonos. Y algo de eso está ocurriendo en Córdoba, donde Martín Llaryora comienza a advertir que su proyecto de continuidad al frente del Gobierno provincial podría encontrar uno de sus principales obstáculos en la propia ciudad capital, administrada por Daniel Passerini, su sucesor y compañero de espacio político.

Puertas adentro del oficialismo nadie parece dispuesto a cuestionar públicamente al intendente. Por el contrario, abundan las declaraciones de respaldo, los gestos de unidad y las fotografías compartidas. Sin embargo, la decisión de celebrar las elecciones provinciales y municipales en fechas diferentes constituye una señal política difícil de disimular: Llaryora no quiere que el desgaste de Passerini termine comprometiendo sus propias aspiraciones electorales.

Y es que el gobernador sabe perfectamente que las elecciones de 2027 no serán un paseo por el parque. La oposición comienza a reorganizarse, las encuestas no muestran diferencias tranquilizadoras y el humor social parece bastante menos favorable que aquel que acompañó al peronismo cordobés durante buena parte de las últimas décadas.

En ese escenario, la capital adquiere una importancia determinante. Córdoba no solamente concentra una porción significativa del electorado provincial, sino que además representa un territorio donde los problemas cotidianos tienen una repercusión política inmediata. El transporte urbano, la recolección de residuos, el tránsito, la seguridad y el deterioro de determinados servicios municipales se han convertido en cuestiones que erosionan la imagen de una administración que todavía no consigue encontrar una identidad propia.

Passerini llegó a la intendencia con el respaldo de Llaryora y con la expectativa de continuar el modelo político que había permitido al actual gobernador dar el salto desde el Palacio 6 de Julio hasta el Centro Cívico. Pero gobernar una ciudad compleja exige bastante más que administrar una herencia política. Y, hasta ahora, el intendente no parece haber conseguido transmitir aquella capacidad de conducción que sus propios compañeros esperaban.

El problema de Passerini no es solamente que su gestión genere cuestionamientos. El verdadero inconveniente es que esos cuestionamientos comienzan a convertirse en una preocupación electoral para Llaryora.

En medio de esa incertidumbre aparece un nombre que gana espacio dentro del oficialismo: Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la Provincia y antiguo dirigente del Frente Cívico de Luis Juez.

Quinteros ha conseguido algo que no todos los funcionarios pueden exhibir: protagonismo público y participación directa en asuntos que afectan la vida cotidiana de los cordobeses. Su intervención en cuestiones vinculadas con los cuidacoches, los limpiavidrios, la seguridad urbana y los controles de tránsito le permitió construir una presencia política que trasciende las responsabilidades habituales de su ministerio.

Los acuerdos de cooperación entre la Provincia y la Municipalidad también contribuyeron a fortalecer su relación con Passerini. La implementación de herramientas de prevención, las modificaciones en los esquemas de vigilancia y la participación policial en determinados operativos municipales consolidaron una asociación política que algunos interpretan como el comienzo de una estrategia sucesoria.

No sería extraño que Llaryora esté observando en Quinteros una alternativa para conservar la intendencia sin quedar atado exclusivamente a la suerte política de Passerini.

Pero aquí aparece una contradicción que el peronismo cordobés deberá resolver si finalmente decide avanzar en esa dirección.

Quinteros construyó buena parte de su trayectoria política acompañando a Luis Juez, precisamente uno de los dirigentes que más duramente cuestionaron al peronismo provincial. Durante aquellos años, sus críticas contra la administración de los servicios públicos y los mecanismos de control municipal fueron parte de una oposición que no ahorraba cuestionamientos al oficialismo.

Ahora podría terminar encabezando una propuesta electoral respaldada por aquellos mismos dirigentes a quienes enfrentó durante años.

Por supuesto que la política argentina está llena de estos cambios de vereda. No sería el primero ni seguramente será el último. Lo curioso es que un peronismo que gobernó Córdoba durante décadas necesite recurrir a un antiguo dirigente juecista para encontrar una figura competitiva en su ciudad más importante.

Y todavía existe una cuestión que puede resultar mucho más complicada que el pasado político de Quinteros: conseguir que la estructura partidaria acepte acompañarlo.

Porque el PJ Capital no es una organización que pueda ordenarse simplemente con una indicación del gobernador. Allí conviven dirigentes territoriales, referentes históricos, agrupaciones y sectores que durante años construyeron sus propios espacios de poder. Y dentro de ese entramado siguen teniendo una influencia considerable Juan Schiaretti y Alejandra Vigo, dos figuras que conocen como pocos los mecanismos internos del peronismo cordobés.

Llaryora podrá tener la última palabra sobre la candidatura, pero eso no significa que todos estén dispuestos a trabajar con el mismo entusiasmo por cualquier candidato que elija.

Los movimientos partidarios de las últimas semanas reflejan precisamente esas tensiones. Las ausencias de dirigentes relevantes en algunas actividades del PJ Capital, las reuniones sectoriales y la aparición de distintos espacios que promueven la consigna “Llaryora 2027” permiten advertir que la discusión sobre el futuro de la ciudad está lejos de encontrarse resuelta.

En ese escenario aparecen también Miguel Siciliano, Marcelo Rodio y Fernando Limia, entre otros dirigentes que participan de la vida política capitalina y que podrían tener algún protagonismo en el armado electoral.

El problema es que, según las referencias que circulan dentro del propio oficialismo, ninguno de los nombres que se mencionan habría conseguido establecer una ventaja suficientemente amplia como para transformarse en candidato indiscutido.

Y cuando las encuestas no resuelven una candidatura, comienza la verdadera pelea política: la de los acuerdos, los intereses sectoriales, las lealtades y las negociaciones entre quienes pretenden conservar sus espacios de poder.

Mientras tanto, Passerini enfrenta una situación bastante incómoda: debe gobernar una ciudad cuyos problemas se acumulan y, al mismo tiempo, demostrar que conserva la autoridad política necesaria para influir en la elección de su sucesor.

Las controversias vinculadas con cooperativas relacionadas con servicios municipales, las investigaciones que involucran a personal de la administración y los cuestionamientos sobre determinados mecanismos de control agregan dificultades a una gestión que necesita recuperar iniciativa.

Naturalmente, corresponde distinguir las responsabilidades individuales de las institucionales y respetar las investigaciones judiciales en curso. Pero desde el punto de vista político, cada nuevo episodio alimenta una percepción de desorden que el intendente necesita revertir.

Y aquí aparece otra cuestión que seguramente preocupa al gobernador: si Passerini no consigue mejorar su imagen, ¿qué valor electoral tendrá su respaldo a un eventual candidato a sucederlo?

Porque una cosa es que un intendente con una administración bien valorada impulse a su sucesor y otra muy diferente es que lo haga un dirigente cuya propia gestión se encuentra sometida a cuestionamientos.

Llaryora conoce esa diferencia. Y probablemente por eso busca conservar un margen de maniobra que le permita definir la estrategia provincial sin quedar condicionado por los problemas de la capital.

El gobernador tiene además otro desafío: evitar que las disputas internas terminen beneficiando a una oposición que comienza a advertir oportunidades donde hasta hace poco parecía existir un predominio electoral consolidado del peronismo.

Luis Juez no oculta sus aspiraciones de llegar finalmente a la Gobernación, mientras otros sectores opositores también buscan posicionarse de cara a 2027. Si el oficialismo llega dividido, desgastado y sin candidatos convincentes, podría encontrarse frente a un escenario bastante más complicado del que imaginaba.

Lo llamativo es que, después de tantos años administrando el poder provincial, el peronismo cordobés parezca tener dificultades para resolver su propia sucesión municipal.

Durante décadas, el espacio político que construyeron Schiaretti y Llaryora hizo de la organización territorial, la disciplina interna y la capacidad para seleccionar candidatos competitivos algunas de sus principales fortalezas. Hoy, sin embargo, esas virtudes parecen estar sometidas a una prueba exigente.

Y no alcanza con repetir que todos trabajan para la reelección del gobernador. La política no se sostiene solamente con declaraciones de fidelidad. Se sostiene con resultados, con gestión y, fundamentalmente, con dirigentes capaces de conseguir el respaldo de los ciudadanos.

Passerini todavía tiene tiempo para recuperar protagonismo, mejorar su administración y demostrar que puede ser algo más que el intendente que recibió la posta de Llaryora. Pero el tiempo político corre bastante más rápido que el calendario.

Quinteros, por su parte, deberá demostrar que su exposición pública puede convertirse en respaldo electoral y que el peronismo capitalino está dispuesto a aceptar a un dirigente que llegó desde otra tradición partidaria.

Y Llaryora tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a intervenir en la política municipal para evitar que la capital termine convirtiéndose en un obstáculo para su continuidad provincial.

La paradoja es evidente: el gobernador que necesita ganar nuevamente Córdoba podría verse obligado a tomar distancia política del intendente que él mismo ayudó a instalar.

En definitiva, detrás de las fotografías de unidad y los discursos partidarios se desarrolla una disputa bastante más profunda. No solamente está en juego quién será el próximo candidato a intendente, sino también quién conservará el control político de la capital y cuánto poder real tendrá Llaryora para ordenar al peronismo después de las elecciones.

Porque el verdadero problema del gobernador no es encontrar un candidato que quiera suceder a Passerini. El problema es encontrar uno que pueda ganar, que sea aceptado por el peronismo y que no termine pagando electoralmente los costos de la actual gestión municipal.

Y esa combinación, por lo que se observa hasta ahora, no parece nada sencilla.

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