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title: "Santiago Caputo afirmó que el 60% de las pensiones por invalidez serían irregulares"
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date_published: "2026-10-11T03:02:00-03:00"
date_modified: "2026-10-09T23:26:42-03:00"
author_name: "Agencia de Noticias del Interior"
category_name: "POLÍTICA"
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# Santiago Caputo afirmó que el 60% de las pensiones por invalidez serían irregulares

**![Santiago-Caputo-2](/download/multimedia.normal.9dfcef3717b45943.bm9ybWFsLmpwZw%3D%3D.jpg)**

- **Santiago Caputo afirmó que aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez serían irregulares.**
- **El asesor presidencial denunció un presunto uso político de certificados de discapacidad para beneficiar a allegados de dirigentes.**
- **El funcionario defendió la revisión de las prestaciones impulsada por el Gobierno de Javier Milei.**
- **Caputo cuestionó al Congreso por su postura frente a las bajas de beneficios y la posibilidad de duplicar las pensiones.**
- **El certificado de Romina Uhrig fue emitido en 2018 y tendría vencimiento en 2028, según la información difundida.**
- **La fecha del documento y el vínculo de Uhrig con Walter Festa no prueban por sí solos que haya existido una irregularidad.**

**La revisión de las pensiones por invalidez volvió a quedar en el centro de la confrontación política entre el Gobierno nacional y el Congreso, luego de que el asesor presidencial Santiago Caputo afirmara que aproximadamente el 60% de esas prestaciones serían irregulares. El funcionario difundió sus cuestionamientos en redes sociales y vinculó las presuntas anomalías con el otorgamiento de certificados de discapacidad por parte de dirigentes políticos a personas de su entorno.**

**Las declaraciones se conocieron en medio de la controversia por la denuncia contra Romina Uhrig, ex diputada nacional y ex participante de Gran Hermano, a raíz de un certificado de discapacidad emitido en 2018. El caso adquirió repercusión por la fecha de expedición del documento y por el vínculo que la ex legisladora mantenía entonces con Walter Festa, quien se desempeñaba como intendente de Moreno.**

**Caputo apuntó contra lo que considera una utilización política de las prestaciones y sostuvo que algunos certificados habrían sido otorgados a familiares, conocidos y allegados de dirigentes. En su publicación, cuestionó que esos beneficios pudieran utilizarse como herramientas para construir vínculos políticos, en lugar de responder exclusivamente a las necesidades de quienes requieren asistencia estatal por una discapacidad.**

**El asesor presidencial también defendió las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei para revisar las pensiones existentes y criticó la posición del Congreso frente a esos intentos. Según planteó, mientras el Poder Ejecutivo busca dar de baja los beneficios que considera irregulares, los legisladores procuran obstaculizar ese proceso y avanzar con una duplicación de las prestaciones existentes.**

**La discusión expone el enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Legislativo en torno al alcance de la asistencia estatal, los mecanismos de fiscalización y los criterios para mantener o modificar los beneficios. Para Caputo, la dimensión del sistema constituye una señal de alarma. En ese sentido, aseguró que Argentina tiene más pensiones por invalidez que un país que haya atravesado una guerra, una comparación que utilizó para cuestionar la cantidad de prestaciones concedidas.**

**El funcionario consideró que las irregularidades denunciadas perjudican especialmente a las personas que realmente necesitan el acompañamiento del Estado. Su planteo apunta a diferenciar los beneficios que, según su posición, se habrían conseguido de manera indebida de aquellos que corresponden a ciudadanos con discapacidad que cumplen los requisitos para recibir asistencia.**

**En ese contexto, el certificado atribuido a Uhrig quedó bajo escrutinio público. Según la información difundida sobre el caso, el documento fue emitido en 2018 y tendría vigencia hasta 2028. En ese momento, su entonces pareja, Walter Festa, estaba al frente del municipio de Moreno, una coincidencia temporal que alimentó las dudas y la controversia alrededor de la documentación.**

**Sin embargo, la fecha de emisión y la relación personal con quien ocupaba la intendencia no constituyen, por sí solas, una prueba de falsedad ni permiten confirmar que el certificado haya sido concedido de manera irregular. La existencia de una denuncia tampoco equivale a una determinación judicial sobre la validez del documento o sobre eventuales responsabilidades.**

**Al cerrar su cuestionamiento, Caputo calificó el sistema de pensiones por invalidez como una de las mayores estafas que, a su entender, habría sufrido la política argentina durante las últimas dos décadas. La acusación volvió a instalar el debate sobre la transparencia en la asignación de prestaciones y los controles necesarios para detectar posibles fraudes.**

**El desafío de esa discusión consiste en establecer si existieron irregularidades concretas y determinar las responsabilidades correspondientes, sin confundir las sospechas sobre determinados otorgamientos con el conjunto de las pensiones ni afectar los derechos de las personas con discapacidad que necesitan legítimamente el respaldo estatal.**

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