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# La basura queda para el próximo intendente: Passerini prorrogó el contrato y pateó la reforma hasta 2028

La Municipalidad de Córdoba decidió extender el actual esquema de higiene urbana y dejó para la próxima gestión una de las definiciones más complejas que deberá afrontar quien llegue al Palacio 6 de Julio después de las elecciones de 2027.

La administración de Daniel Passerini comunicó a las empresas encargadas del servicio que hará uso de la prórroga prevista en el contrato, extendiendo el vínculo vigente hasta mayo de 2028. De esta manera, el esquema heredado de la administración de Ramón Mestre continuará funcionando durante los primeros meses de la próxima gestión municipal.

La fecha adquiere especial relevancia en términos políticos. Quien resulte electo en 2027 tendrá apenas unos meses de gobierno cuando deba comenzar a resolver qué hacer con uno de los servicios públicos más sensibles y costosos de la ciudad.

La decisión también implica dejar en suspenso uno de los proyectos que el actual oficialismo había planteado como parte de su agenda de gestión: avanzar hacia una nueva licitación que modificara de manera integral el sistema de recolección, tratamiento y disposición de residuos.

## Del “Pliego Ambiental” a la prórroga

Durante los primeros años del segundo ciclo de gobierno del peronismo en la ciudad, la gestión había planteado una transformación profunda del sistema de higiene urbana.

La propuesta no se limitaba a convocar una nueva licitación. El oficialismo había mencionado la elaboración de un denominado **“Pliego Ambiental”**, con la intención de incorporar criterios vinculados con la separación de residuos en origen, la trazabilidad y el aprovechamiento de materiales bajo un modelo de economía circular.

A eso se sumaba la idea de avanzar hacia la **metropolización del servicio**, con una coordinación entre Córdoba capital y las localidades del área metropolitana para organizar la logística y la disposición final de los residuos.

Aquella agenda suponía una modificación sustancial del modelo vigente. Sin embargo, las dificultades económicas y operativas terminaron reduciendo las expectativas iniciales.

El resultado es que la ciudad continuará, al menos por ahora, con un sistema que no fue diseñado por la actual administración y que ahora quedará extendido hasta 2028.

## Una decisión que condiciona al próximo gobierno

La prórroga no resuelve el problema: simplemente modifica el momento en que deberá enfrentarse.

El futuro intendente recibirá el servicio a pocos meses de asumir y tendrá que definir si mantiene el esquema, impulsa una nueva licitación o intenta rediseñar integralmente la prestación.

El escenario podría ser especialmente complejo si las condiciones económicas continúan deteriorándose. Una eventual licitación requiere atraer empresas interesadas en participar y establecer un esquema de costos que resulte sostenible tanto para las compañías como para las arcas municipales.

En ese contexto, algunos especialistas vinculados al servicio advierten que el próximo gobierno podría encontrarse con un escenario particularmente delicado: una estructura de costos difícil de sostener, empresas con problemas financieros y un conflicto potencial alrededor de las indemnizaciones laborales.

La discusión adquiere todavía mayor relevancia por las condiciones establecidas en los convenios colectivos firmados entre las empresas prestadoras y el gremio de los trabajadores de la actividad.

## El problema de las indemnizaciones

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es qué ocurrirá con las indemnizaciones cuando finalice la contratación vigente.

El convenio colectivo establece que las empresas deben afrontar las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo al finalizar su relación comercial con los municipios u organismos públicos.

Sin embargo, existe otro elemento que complejiza la cuestión.

El pliego de condiciones de la Municipalidad contempla que las empresas que participen de una futura licitación no deberían incluir en sus costos una eventual indemnización por despido al finalizar el contrato, debido a que esa obligación sería absorbida por el municipio, siempre que correspondiera.

La redacción deja abierta una pregunta central: **¿quién terminará pagando las indemnizaciones cuando finalice el próximo contrato?**

La cuestión no fue completamente despejada en las aclaraciones realizadas durante el proceso anterior y podría convertirse en uno de los principales conflictos que deba resolver la próxima administración.

Además, existe un dato que condiciona cualquier nuevo escenario: las futuras empresas prestadoras deberán incorporar al personal que actualmente trabaja en el servicio. Es decir, el cambio de concesionario no implicaría necesariamente una ruptura de las relaciones laborales existentes.

## Una herencia incómoda para 2027

La decisión de utilizar la prórroga permite a la administración actual evitar, al menos en el corto plazo, una licitación de enorme complejidad técnica, económica y política.

Pero al mismo tiempo traslada el problema hacia adelante.

El próximo intendente tendrá que enfrentar una definición prácticamente desde el inicio de su mandato, con un contrato próximo a vencer, un servicio esencial que no puede interrumpirse y un esquema laboral que podría generar costos millonarios.

El desafío será todavía mayor si las condiciones económicas que hoy utiliza el municipio como argumento para postergar la licitación se mantienen durante los próximos años.

La paradoja es evidente: el peronismo llegó a esta etapa con la promesa de modernizar el sistema de higiene urbana, incorporar criterios ambientales y avanzar hacia una gestión metropolitana de los residuos. Ahora, en cambio, decidió extender el modelo existente.

La reforma quedó para después. Y ese “después” tendrá fecha: mayo de 2028.

Para entonces, la responsabilidad recaerá sobre una administración que todavía ni siquiera fue elegida. El próximo intendente deberá decidir qué hacer con un servicio que consume enormes recursos, tiene una fuerte sensibilidad social y arrastra desde hace años discusiones contractuales, laborales y ambientales.

Passerini ganó tiempo. El próximo gobierno deberá decidir cuánto cuesta ese tiempo.

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