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title: "Córdoba, atrapada en la pelea del “contraescándalo”: denuncias cruzadas y una verdad que queda en segundo plano"
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date_published: "2026-09-01T16:00:00-03:00"
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# Córdoba, atrapada en la pelea del “contraescándalo”: denuncias cruzadas y una verdad que queda en segundo plano

La política cordobesa atraviesa nuevamente una etapa marcada por los cruces, las acusaciones y una lógica que parece consolidarse: frente a un escándalo, aparece otro; ante una denuncia, surge rápidamente una respuesta con nuevas imputaciones. En medio de esa dinámica, la discusión política termina convertida en una disputa por quién logra imponer su versión de los hechos.

El mecanismo se repite cada vez con mayor frecuencia. En lugar de responder de manera directa a una acusación, los distintos espacios políticos optan por abrir nuevos frentes, recordar episodios anteriores o apuntar contra dirigentes del sector contrario. El objetivo parece ser trasladar el foco y reducir el impacto de aquello que originó la polémica.

El resultado es un escenario de confrontación permanente, donde el volumen de las declaraciones termina opacando el problema inicial. La discusión pública se transforma así en una competencia por administrar el costo político, mientras la búsqueda de explicaciones concretas queda relegada.

## El caso Flores volvió a poner al oficialismo bajo presión

La última semana tuvo como principal eje de controversia el caso protagonizado por Ramón “Cañito” Flores, una situación que volvió a generar cuestionamientos sobre el funcionamiento del poder político en Córdoba.

La investigación judicial, que involucra delitos de extrema gravedad, puso bajo la lupa una serie de vínculos y posibles irregularidades que exceden la situación individual de los involucrados. El caso también abrió interrogantes acerca de los controles existentes dentro de las estructuras políticas y sobre las responsabilidades que podrían corresponder.

El gobernador Martín Llaryora fue consultado durante una recorrida por el interior provincial y respondió ante la pregunta de un periodista sobre el episodio. Sin embargo, desde el oficialismo la discusión fue rápidamente encuadrada en el ámbito de la Legislatura.

En ese contexto, el legislador del departamento Río Seco decidió finalmente presentar su renuncia. La decisión se produjo luego de que su bloque lo apartara temporalmente y en medio de los pedidos de la oposición para que abandonara su banca.

Para el oficialismo, la salida del legislador representa un intento por cerrar una controversia que había adquirido una dimensión política creciente. Sin embargo, el episodio dejó abiertas nuevas preguntas sobre los controles y responsabilidades dentro de la estructura estatal.

## De Loredo elevó la apuesta y apuntó contra Prunotto

En paralelo, la oposición aprovechó el escenario para aumentar la presión sobre el oficialismo.

El diputado radical Rodrigo De Loredo anunció que impulsará, junto con su espacio legislativo, un pedido de juicio político contra la vicegobernadora Myriam Prunotto, a quien acusó de mal desempeño e “indignidad” en el ejercicio de sus funciones al frente de la Legislatura.

El dirigente sostuvo que desde la llegada de Prunotto a la conducción parlamentaria se profundizaron los cuestionamientos y las sospechas sobre el funcionamiento de la institución.

La ofensiva también tiene una lectura interna. Prunotto dejó el radicalismo y pasó a integrar el espacio político que conduce el Gobierno provincial, mientras mantiene vínculos y protagonismo en una interna radical que todavía no terminó de resolverse. Por eso, el enfrentamiento excede el escenario institucional y también se cruza con las disputas partidarias que comienzan a mirar hacia 2027.

## El peronismo respondió con otra acusación

La reacción del oficialismo no estuvo centrada directamente en las acusaciones contra Prunotto. El contraataque apuntó hacia De Loredo y su estrategia política.

El presidente del bloque de Hacemos Unidos, Facundo Torres, acusó al radical de utilizar los escándalos según su conveniencia y cuestionó lo que definió como una actitud de “doble moral”.

Para respaldar su planteo, Torres recordó episodios que involucraron a efectivos de la Policía Federal en Córdoba y cuestionó que la oposición no reclamara responsabilidades políticas en ese caso con la misma intensidad que lo hizo frente al episodio de Flores.

El legislador planteó que determinadas investigaciones judiciales no deberían transformarse en espectáculos políticos y acusó a la oposición de sobreactuar únicamente cuando considera que puede obtener rédito electoral.

La respuesta volvió a desplazar el eje de la discusión: ya no se debatía solamente qué ocurrió en el caso Flores o cuál debía ser la responsabilidad de los funcionarios involucrados, sino qué antecedentes tenía la oposición y con qué autoridad podía cuestionar al oficialismo.

## Una pelea que termina beneficiando al ruido

La sucesión de acusaciones deja en evidencia una dinámica que atraviesa buena parte de la política cordobesa. Cada sector busca defenderse atacando al adversario y, en ese proceso, instala nuevos temas que terminan compitiendo con el episodio original.

El problema es que esa lógica puede convertir cualquier discusión institucional en una batalla de declaraciones. La política queda reducida a determinar quién consigue imponer el golpe más fuerte, quién genera el titular más contundente o quién logra trasladar el costo hacia el otro.

En esa disputa, el oficialismo tiene una responsabilidad adicional por estar al frente del Estado provincial y administrar recursos públicos. Las explicaciones y los controles institucionales no pueden quedar subordinados a una estrategia de comunicación política.

Pero también la oposición enfrenta el desafío de evitar que sus denuncias pierdan fuerza al quedar atrapadas en una lógica de confrontación permanente.

Cuando cada escándalo es respondido con otro escándalo, la discusión deja de girar alrededor de los hechos y comienza a hacerlo alrededor de los protagonistas. Y cuando eso sucede, la sociedad termina recibiendo una enorme cantidad de acusaciones, pero pocas respuestas concretas.

La política cordobesa parece haber quedado atrapada en esa dinámica: todos disparan, todos responden y todos buscan ganar la pelea discursiva. Mientras tanto, la cuestión central —determinar qué ocurrió, quiénes son responsables y qué controles fallaron— corre el riesgo de quedar cada vez más lejos.

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