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# Ley Antibúnker: el oficialismo cordobés busca aprobar una de sus principales apuestas en seguridad antes del receso

La Legislatura de Córdoba se prepara para debatir esta semana uno de los proyectos que el oficialismo considera prioritarios en materia de seguridad. Antes del inicio del receso parlamentario de invierno, el bloque que responde al gobernador Martín Llaryora intentará convertir en ley la denominada iniciativa Antibúnker y Antiaguantaderos, con el objetivo de lograr el mayor respaldo político posible.

La propuesta apunta a establecer un marco legal específico que permita intervenir inmuebles utilizados para actividades ilícitas, como puntos de venta de drogas y aguantaderos, además de edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública o afecten la convivencia en los barrios.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y forma parte de la estrategia provincial para reforzar las herramientas de combate contra el narcotráfico y otros delitos vinculados al uso de propiedades con fines criminales.

Durante la última semana, la Comisión de Seguridad de la Legislatura avanzó con el tratamiento de la iniciativa. Entre los principales puntos se destaca la creación de un Registro Provincial de Bienes Intervenidos, además de mecanismos de coordinación entre la Provincia, la Justicia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los municipios para agilizar las actuaciones sobre este tipo de inmuebles.

Uno de los aspectos que favorece el tratamiento del proyecto es el consenso alcanzado con parte de la oposición. Legisladores de la Unión Cívica Radical y del PRO, que habían presentado propuestas similares, acercaron modificaciones que fueron incorporadas al texto definitivo, facilitando un acuerdo amplio para la votación.

Desde el oficialismo consideran que la sanción con respaldo de distintos bloques fortalecerá la legitimidad de una norma que busca convertirse en una herramienta permanente para enfrentar el avance del narcotráfico y recuperar espacios urbanos afectados por actividades ilegales.

La intención es que la iniciativa quede aprobada en la última sesión antes del receso legislativo de dos semanas, período durante el cual la actividad parlamentaria quedará suspendida hasta los primeros días de agosto.

Con la pausa institucional también comenzará una nueva etapa para la política cordobesa. Mientras el calendario electoral de 2027 empieza a instalarse en la agenda, el Gobierno provincial busca que sus dirigentes mantengan una fuerte presencia territorial y prioricen la gestión en cada departamento.

En ese contexto, la conducción del oficialismo impulsó una estrategia orientada a reforzar el trabajo en el territorio y evitar exposiciones que puedan generar cuestionamientos en un escenario de creciente sensibilidad social respecto de la conducta de los funcionarios públicos.

La decisión responde, además, a las repercusiones que generó semanas atrás el viaje oficial realizado por el ministro de Finanzas provincial, Guillermo Acosta, a China, una situación que derivó en pedidos de informes impulsados por la oposición y que aún continúa generando debate en el ámbito político cordobés.

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