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# Escándalo y tensión en la causa de las turistas francesas: gritos, forcejeos y un ADN que volvió a sacudir el caso

A casi 15 años del crimen de las turistas francesas en Salta, una nueva polémica volvió a poner a la causa en el centro de la escena judicial. Esta vez, el foco quedó sobre un fallido operativo para obtener una muestra de ADN de Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, quien pasó casi once años preso hasta que la Corte Suprema anuló su condena.

El procedimiento terminó envuelto en gritos, forcejeos y acusaciones cruzadas entre la defensa y la Fiscalía, en una causa que desde 2011 arrastra sospechas, controversias y cuestionamientos judiciales.

La medida había sido ordenada en el marco de la investigación por el asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cuyos cuerpos fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo con signos de extrema violencia.

Según trascendió, la Justicia había dispuesto una extracción compulsiva de ADN mediante un hisopado bucal y había advertido que, si Yapura se negaba, podía intervenir la fuerza pública para concretar el procedimiento.

Sin embargo, el operativo se descontroló apenas comenzó.

De acuerdo con la versión de la defensa, la Fiscalía intentó avanzar sin permitir la presencia del perito de control designado por los abogados, lo que derivó en un fuerte enfrentamiento dentro de la sede judicial.

Testigos aseguraron que Yapura comenzó a gritar mientras era sujetada por efectivos policiales. “Busquen a los verdaderos asesinos”, habría reclamado en medio de la tensión.

Los abogados denunciaron además que la mujer fue arrastrada por el piso hacia el área de Biología Molecular y describieron el episodio como un procedimiento “violento e irregular”.

El hecho también quedó registrado por periodistas franceses presentes en el lugar. Según la defensa, durante el operativo la Policía secuestró un micrófono inalámbrico y el teléfono celular de uno de los abogados que filmaba la situación.

Finalmente, el hisopado no pudo concretarse.

La defensa de Yapura cuestionó tanto la legalidad de la medida como la situación médica de la mujer, quien atraviesa un tratamiento oncológico por cáncer de mama. Sus representantes aseguraron que el operativo le provocó un cuadro severo de estrés y angustia incompatible con su estado de salud.

Además, remarcaron que Yapura no está imputada en la causa y sostuvieron que no existe fundamento jurídico suficiente para avanzar con una extracción compulsiva de ADN.

Otro de los puntos polémicos gira alrededor del perfil genético enviado desde Francia en 2012. Según explicó la defensa, un análisis independiente habría detectado inconsistencias e información incompleta en la muestra genética, lo que dificultaría cualquier comparación biológica válida.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta, en cambio, dieron una versión completamente distinta de lo ocurrido.

La Fiscalía afirmó que Yapura se resistió violentamente al procedimiento, intentó morder al personal y se arrojó al piso para impedir la extracción de ADN. También calificaron el episodio como una “maniobra organizada” y cuestionaron que la defensa grabara el operativo sin autorización.

Los fiscales explicaron que la muestra genética busca comparar un perfil femenino encontrado sobre el cuerpo de una de las víctimas para determinar si existió contaminación o transferencia biológica.

Además, señalaron que ya se realizaron estudios similares sobre otras mujeres vinculadas a la investigación y confirmaron que se abrirá una causa penal contra quienes habrían obstaculizado el procedimiento judicial.

El caso de las turistas francesas sigue siendo uno de los expedientes criminales más impactantes y controvertidos de la historia reciente de Salta.

En 2014, Gustavo Lasi fue condenado a 30 años de prisión, mientras que Vera y Daniel Vilte Lache fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Dos años después, un tribunal de revisión revirtió el fallo y condenó a Vera a prisión perpetua, decisión que fue anulada en 2023 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerar que se había vulnerado su derecho de defensa.

Ahora, mientras la investigación vuelve a sumar nuevas líneas y la Fiscalía prepara un viaje a Francia para recolectar más pruebas, el frustrado operativo por el ADN amenaza con reabrir viejas heridas y profundizar aún más las dudas alrededor de una causa que, después de más de una década, sigue lejos de cerrarse.

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