Las denuncias de acoso sexual golpean el corazón de la política colombiana

El acoso y la violencia sexual en la política colombiana se han vuelto un tema central del debate público. Desde la primera semana de enero han sido acusados congresistas, un potencial embajador en los Emiratos Árabes, e incluso el secretario de la Presidencia de Colombia. Se trata de múltiples denuncias, aunque todas anónimas por ahora, porque las mujeres que señalan temen las represalias de los hombres más poderosos del país. Un particular caso de Me Too, sin rostro, que ha preocupado al Gobierno colombiano.

“El presidente Gustavo Petro ha solicitado una investigación interna sobre los hechos ocurridos en el Congreso de la República, tanto en la legislatura actual como en las anteriores”, dice un comunicado de la Casa de Nariño en la noche del miércoles, horas después de que EL PAÍS publicara la última de estas denuncias contra Mauricio Lizcano, secretario de la Presidencia y exsenador. De acuerdo al relato anónimo de una mujer, cuando ella buscó empleo en el capitolio, Lizcano intentó besarla a la fuerza durante la entrevista de trabajo. Cuando ella se negó, él le dijo: “Si quiere el trabajo, esta es la manera”. Lizcano ha respondido que la información es falsa e invita a esta mujer a que haga la denuncia formal para que haya una investigación pertinente.

La nueva investigación interna que anunció el presidente Gustavo Petro será dirigida por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, ante una “comisión accidental especial” que puede indagar en los casos de acoso y violencia sexual en el Congreso.

“Por supuesto esto no ocurre por una sola denuncia sino por varias denuncias a través de los medios de comunicación, y el hecho de que el presidente saque hoy este comunicado demuestra el compromiso que tiene con este tema”, dijo Pizarro a EL PAÍS. “En el caso de Mauricio Lizcano él ya no es congresista de la república, pero por supuesto estamos hablando de unos hechos que habrían ocurrido en el Congreso y por eso la investigación debe empezar allí”, añadió frente a la pregunta acerca del exsenador. Sobre si este seguirá en su cargo como secretario de la Presidencia, la senadora aclaró que “eso es potestad del presidente de la república. Con base en las investigaciones, si se presentan las denuncias, tendrá que actuar en consecuencia”.

Antes de la denuncia a Lizcano, como explica la senadora Pizarro, las acusaciones de acoso y violencia sexual en el Congreso de la República se han multiplicado en los medios de comunicación, con testimonios anónimos que aún no mencionan el nombre de los legisladores. Todo comenzó con una entrevista al exsenador Gustavo Bolívar, guionista de telenovelas y político cercano al presidente Petro. Este contó a la revista Semana, a principios de enero, que cuatro mujeres fueron a su oficina y le contaron cómo eran explotadas sexualmente por varios senadores. “Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses”, contó Bolívar. El contrato solo se renovaba si ellas accedían a los actos sexuales.

El Congreso no puede realizar juicios penales, a los congresistas solo los puede juzgar la Corte Suprema de Justicia. Pero la nueva comisión que liderará la senadora Pizarro sí puede investigar lo que ha ocurrido en el capitolio y remitir las denuncias. “Lo que se requiere es una articulación total con la justicia”, dice la senadora que hace una semana presentaba un nuevo protocolo que generará rutas seguras para que las mujeres del Congreso denuncien (anónimamente, si lo desean), y reciban apoyo psicológico y legal inmediato. La nueva comisión especial, asegura, reforzará el camino para implementar esa ruta.

 
En las últimas semanas ha quedado claro que hay muchas mujeres en el legislativo mordiéndose la lengua pero que temen ir a las autoridades. En la revista Cambio, la columnista Ana Bejarano escribió que, cuando ella trabajaba en 2014 con el Ministerio de Justicia en el Congreso, un poderoso parlamentario que es “hoy un altísimo funcionario del Estado” le solicitaba favores sexuales a una mujer que trabajaba con él. “Con base en la intimidad y destreza de los mismos, las víctimas eran premiadas con entradas a reuniones o encargos sustanciales. Cuanto mejor el orgasmo, mayor acceso a la labor legislativa”, escribió Bejarano.

La revista Semana también encontró ocho testimonios más de mujeres, todas anónimas, y una de estas confirma que un congresista le exigió tener sexo con él para que ella pudiera mantener su contrato temporal. Otra, una funcionaria con más de 20 años en el Congreso, resumió así la situación: “En todo ese tiempo he visto cómo los congresistas salen con niñas jóvenes que trabajan en el Congreso, las acosan, usan su influencia para tener lo que quieran y cómo ofrecen puestos a cambio de sexo”.

Más allá del Congreso
El acoso sexual en el poder político colombiano está bajo una nueva lupa en el Gobierno progresista de Gustavo Petro, que prometió gobernar “para y con las mujeres” de Colombia. La semana pasada salieron a la luz otras denuncias contra el hombre nominado como embajador en los Emiratos Árabes: el académico Victor Currea-Lugo. El profesor fue acusado años atrás de acoso sexual cuando fue docente en la Universidad Javeriana, de Bogotá, a la que renunció después de los señalamientos. Después de que anunció que sería embajador, regresaron las múltiples denuncias anónimas de mujeres en su contra, algunas sus antiguas estudiantes, contando cómo Currea-Lugo intentó presionarlas a tener relaciones sexuales. Aunque el nominado negó incurrir en acoso o violencia sexual, ante la polémica declinó la posibilidad de ser embajador.

“Yo creo que en el Pacto Histórico ha habido mucha formalidad en las declaraciones, para condenar el acoso sexual, pero creo que eso no se ha traducido en acciones concretas”, dice a El PAÍS Angela María Robledo, reconocida feminista y quien militó en el petrismo hasta que, en las elecciones pasadas a la Alcaldía de Bogotá, su partido apoyó a un candidato con acusaciones de violencia intrafamiliar. En ese momento se retiró de Colombia Humana, aunque apoyó la candidatura presidencial de Petro y Francia Márquez.

Robledo reconoce que el petrismo ha cumplido con puntos importantes de la agenda feminista, como la búsqueda de la paridad de género en el Estado. “Yo comparto 90% de la agenda del Pacto Histórico”, añade. “Pero me parece que en este tema aún hace faltan más sanciones, éticas o ante la justicia, porque en Colombia hay una guerra contra las mujeres. En el caso de Currea-Lugo, creo que ameritaba una explicación de la Cancillería; y en este caso contra Lizcano, se necesitaba la palabra de Gustavo Petro”. Después de conocer el comunicado de Presidencia, el miércoles en la noche, Robledo solo añadió: “debieron suspenderlo mientras se investiga, porque tiene mucho poder. Como se dice coloquialmente: cuando no se quiere enfrentar una problemática, se crea un comité”.

Fuente: El País