El caos político y la violencia agravan la crisis en Perú

Perú es un país acostumbrado a ver llegar y caer presidentes —lleva seis en cuatro años— pero no tanto a votar por ellos. El adelanto electoral que ahora exige la ciudadanía solo tiene un precedente. La única vez que se convocaron elecciones antes de tiempo fue con la caída del fujimorismo, en el año 2001. La falta de costumbre ha metido a la política peruana en un laberinto que cada día se vuelve más tenso. Las protestas en el interior del país ya suman 21 muertos en enfrentamientos con las fuerzas armadas. El clamor para que se cierre el Congreso y se llame a las urnas es generalizado. Pero en el Parlamento la voluntad de alcanzar algún acuerdo aún se ve lejana. Los congresistas dicen que se quieren ir, pero aún no han dado un solo paso en esa dirección.

El suicidio político de Pedro Castillo, al intentar un autogolpe fallido, ha metido al país en una crisis grave incluso para Perú, un país que ha aprendido a convivir con el drama político. La violencia que se vive en las regiones desde hace una semana no remite. El nuevo Gobierno de Dina Boluarte ha sufrido las primeras dos dimisiones de ministros por la muerte de manifestantes, apenas una semana después de llegar al poder. El estado de emergencia decretado en todo el país no ha logrado contener la seguridad. Al contrario, este jueves, primer día de su entrada en vigor, murieron ocho personas. Las fuerzas armadas han tomado el mando y en vídeos que circulan por redes sociales las protestas se repelen a tiros.

Boluarte y el Congreso saben que no tienen ninguna opción de completar un mandato que debería terminar en 2026, pero tampoco se ve cercano el final de esta legislatura que comenzó con Pedro Castillo. El descrédito del Parlamento es enorme, con un 86% de desaprobación. En su mano, sin embargo, está la convocatoria electoral. El politólogo Fernando Tuesta asegura que “hay una resistencia al adelanto de elecciones no declarada, que se ve en la incapacidad de ponerse de acuerdo en un contexto de una tragedia nacional como el de ahora”.

Este viernes, el Congreso votó un dictamen para celebrar elecciones en diciembre de 2023, que apenas sumó 49 votos, la mayoría de Fuerza Popular, el partido de la conservadora Keiko Fujimori. Para salir adelante se necesitan 87. Si los peruanos fuesen a las urnas, entonces, el nuevo Congreso y el presidente asumirían el cargo en abril de 2024. La congresista de izquierdas Sigrid Bazán votó en contra y explicó que existe otro dictamen que pide los comicios para abril de 2023. “No podemos quedarnos 16 meses más, es insostenible. Vámonos todos ya. Lo antes posible”, dijo públicamente.

Hace años que la mayoría de peruanos se desconectó de las instituciones. El hastío es generalizado. La lucha entre presidentes y Congresos es sobre lo que gira la política y frena cualquier iniciativa o reforma que atienda a los problemas reales del país. La pobreza, la educación, el desempleo, el medio ambiente. Esa distancia que marcan los ciudadanos con su clase política es recíproca. Este viernes, primer día que entró en vigor un toque de queda en 15 regiones, el presidente del Consejo de Ministros mostró en redes sociales algunas de las actividades a las que había dedicado la jornada. Por ejemplo, recibir a asociaciones que ofrecieron al Gobierno “contribuir con campañas de limpieza de playas, ríos y calle, y de donación de sangre”.

Eso decía su cuenta de Twitter mientras cientos de personas iban llenando la Plaza de San Martín, en Lima. Las protestas en la capital han ido aumentando en los últimos días, aunque el verdadero foco está en las regiones que votaron mayoritariamente por Castillo hace un año y medio. A Lima han ido llegando personas desde Cajamarca, Junín o el Vraem y las marchas son cada vez más numerosas. El dispositivo policial en la capital es inmenso. Existe la idea de que lo que no pasa aquí no ocurre, como si el resto del país no contara. Lima concentra casi un tercio de la población del país (33 millones) y el poder político y económico.

Para la población de las regiones, el triunfo de Castillo supuso imponerse a las élites limeñas que siempre han ocupado el poder. Su caída en desgracia se ve como una oportunidad perdida y se niegan a que sea el maestro rural el único que pague esta crisis con la cárcel. Exigen que los 130 congresistas se vayan a su casa y lo hagan cuanto antes. Los parlamentarios oyen, pero no se sabe si escuchan.

Fuente: El País