La represión de las protestas y los bloqueos de carreteras dejan 18 muertos en Perú

La primera víctima del estallido social que tiene en vilo a Perú fue David Atequipa Quispe, un adolescente de 15 años que comenzaba a descubrir la vida. La segunda, un chiquillo que apenas había cumplido la mayoría de edad y que no podrá emular nunca más en una cancha de fútbol a las dos megaestrellas que componen su nombre: Beckham Romario Quispe Garfias. Ambos nacieron en Andahuaylas, una región de la zona Sierra Sur del país. Ambos salieron de sus casas para protestar tras la destitución de Pedro Castillo y contra el nuevo Gobierno de Dina Boluarte y no volvieron más. Fueron alcanzados por proyectiles de fuego y sus gritos, acallados con balas.

Entre el domingo y el jueves, según los reportes del Ministerio de Salud, el número de fallecidos se ha elevado a 18, de los que 12 murieron de forma directa durante el enfrentamiento con las fuerzas armadas y el resto a causa del bloqueo de carreteras. Por lo menos seis no superaban los 19 años. Ninguno falleció en Lima, la capital, sino en la serranía y en la costa: Apurímac (6), Ayacucho (7), Huancavelica (1), Arequipa (1), y La Libertad (3).

El día más sangriento fue este jueves. La violencia se desató en Ayacucho, la región más golpeada por el terrorismo entre los años ochenta y noventa. Un pueblo que convive en un eterno fuego cruzado y al que le es muy difícil respirar paz. La masacre sucedió en los alrededores del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte. Como ha podido constatarse en videos difundidos por vecinos, no todos los militares dispararon al aire. Prueba de ello son los siete fallecidos y 52 heridos, según información de la Dirección de Salud.

“Somos luchadores, no somos terroristas”, se gritó a viva voz en la Plaza de Armas de Huamanga, en Ayacucho. Y, como en el pasado, las acusaciones de terrorismo recaen en los manifestantes con el propósito de deslegitimar sus protestas. El Gobierno Regional de Ayacucho ha sido enfático en responsabilizar a la actual presidenta, Dina Boluarte, así como a los ministros del Interior y Defensa. “Deben renunciar inmediatamente a sus cargos. Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego de parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra nuestra población”, señalan en un comunicado.

En este contexto, el Ejecutivo decretó cinco días de inmovilización social obligatoria en quince provincias pertenecientes a las regiones de Arequipa, Apurímac, Huancavelica, La Libertad, Cusco, Ayacucho, Ica y Puno. Las víctimas en Ayacucho, donde la noche de este jueves se produjo un cacerolazo, no han sido identificadas todavía. Ya van 187 los heridos a lo largo y ancho del país.

Hace dos años, en noviembre de 2020, Perú también ardió con las pérdidas de dos jóvenes: Inti Sotelo y Bryan Pintado, y decenas de heridos, algunos con secuelas de por vida. Por aquellos días se había instalado el breve Gobierno de facto de Manuel Merino de Lama. Las muertes han quedado impunes, puesto que todavía no se han identificado a los responsables. El clamor por estas dieciocho vidas desde la capital crece con el pasar de las horas en otras movilizaciones. Perú ha vuelto a dispararse contra sí mismo.

Fuente: El País