Crónica de un fallido golpe de estado en Perú

En la vieja frase de Marx, la historia se repite como una farsa. En 1992, Alberto Fujimori, un presidente electo, envió tanques para cerrar el Congreso de Perú y gobernó como un autócrata durante los ocho años siguientes. Tres décadas después, Pedro Castillo, el torpe ocupante del cargo desde julio de 2021, intentó hacer lo mismo. El 7 de diciembre anunció que cerraría el Congreso, convocaría uno nuevo con poderes para redactar una nueva Constitución y “reorganizaría” el Poder Judicial y la Procuración. El intento se vino abajo en cuestión de horas.

En su lugar, el Congreso votó su destitución por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Fue detenido después de que los manifestantes, y los graves atascos de tráfico, impidieran que se refugiara en la embajada mexicana. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, le sustituirá ahora.

 
Castillo, un maestro rural sin experiencia política previa, fue elegido presidente con un margen de sólo 50.000 votos (de un total de casi 18 millones). A pesar de proceder de la izquierda más dura, se impuso a la hija de Fujimori, Keiko, aborrecida por muchos peruanos, que intentó anular los resultados electorales con acusaciones infundadas de fraude.

En sólo 16 meses de mandato, Castillo ha demostrado su incapacidad para el cargo. Ha pasado por cinco gabinetes y alrededor de 80 ministros, que entraban y salían casi semanalmente, muchos de ellos tan poco cualificados como el propio presidente. Según el fiscal jefe, él y varios miembros de su familia conspiraron de forma corrupta para adjudicar contratos públicos. Él niega todas las acusaciones y alega persecución política.

La Constitución peruana permite al Congreso destituir a los presidentes por “incapacidad moral permanente”; dos de los predecesores de Castillo fueron destituidos en virtud de esta cláusula. En dos ocasiones el Congreso intentó destituirlo a él también en virtud de esta cláusula. Pero actuaron demasiado pronto y les faltaron los 87 votos necesarios de los 130 legisladores. El bloque de izquierdas del Congreso se mantenía sólido; otros temían perder sus bien remunerados puestos de trabajo si a la destitución le seguían unas nuevas elecciones generales, como querrían muchos peruanos. Una tercera moción, con más apoyos, debía someterse a votación el 7 de diciembre, horas antes del desafortunado anuncio de Castillo.

La decisión de Castillo fue “una maniobra desesperada de un hombre asustado e incompetente”, según un antiguo ministro. A diferencia de Fujimori, Castillo no contó con el apoyo del ejército ni de las calles. No hubo tanques cerrando el Congreso. Ninguna turba enfurecida invadió el hemiciclo. Incluso sus partidarios lo condenaron. Las Fuerzas Armadas, algunos de cuyos mandos fueron a la cárcel tras el fin del régimen de Fujimori, afirmaron en una declaración conjunta con la policía que no apoyarían al presidente. En cambio, el Sr. Castillo proporcionó al Congreso el incentivo que le faltaba para destituirlo si quieren conservar sus puestos. Del mismo modo, la izquierda se habría visto perjudicada al asociarse a un movimiento tan similar al de Fujimori.

Existe otro precedente de las acciones del señor Castillo. En 2019 Martín Vizcarra, entonces presidente, cerró el Congreso cuando parecía que le iba a negar una moción de confianza. Eso fue desacertado, pero había una diferencia. No intentó manipular el Poder Judicial y convocó elecciones inmediatas para un nuevo Congreso.

Boluarte se convertirá en la sexta presidenta de Perú desde 2016. No es muy conocida por el gran público, pero tampoco lo era Vizcarra cuando asumió el cargo. (Llegó a convertirse en uno de los presidentes más populares de Perú, solo para ser destituido él mismo en 2020).

La nueva presidenta es otra izquierdista, pero parece más competente. Boluarte haría bien en formar un gobierno de amplia base si quiere prolongar el mandato de Castillo hasta 2026. Es probable que los peruanos se sientan aliviados por el fracaso de la intentona golpista.

Fuente: Infobae