Polémica por la compra de vacunas de coronavirus y el secreto que impuso el oficialismo

Un escándalo se generó luego de que la mayoría oficialista que forma parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) decidiera aprobar sin debate los diez contratos que el Estado firmó con distintos laboratorios para la provisión de vacunas contra el coronavirus. La polémica se generó porque dispusieron mantener bajo secreto todas las actuaciones.

A raíz de esto, los auditores de Juntos por el Cambio presentaron un dictamen en minoría de “rechazo total” de ese informe oficial.

“El oficialismo no quiso avanzar en una auditoría integral sobre la compra de vacunas y su informe no nos permite saber qué criterios utilizó el Gobierno durante la emergencia para priorizar la compra de ciertas vacunas y no otras; tampoco podemos saber si los laboratorios realizaron las entregas de las dosis en tiempo y forma, plantearon los opositores Miguel Pichetto, Alejandro Nieva y el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez.

Además, recodaron la polémica de cisión del Ejecutivo que en su momento dejó pasar la oferta de Pfizer para la provisión de 13,3 millones de dosis en pleno brote de la pandemia, como así también a los incumplimientos contractuales por parte del laboratorio AstraZeneca, que no honró sus compromisos de entrega.

Para los auditores oficialistas Juan Ignacio Forlón, Graciela De la Rosa, Gabriel Mihura Estrada y Javier Fernández, el alcance del control debía ser limitado, teniendo en cuenta que se trata de una auditoría “de cumplimiento” de los contratos. Además, argumentaron y justificaron que el informe se mantenga en reserva en virtud de las cláusulas de “confidencialidad” incluidas en los contratos suscriptos entre el Ministerio de Salud y los laboratorios.

“El Ministerio de Salud publica en su página web más información sobre los contratos firmados que este informe de auditoría. La AGN termina siendo más papista que el Papa”, señaló Miguel Ángel Pichetto. “La decisión de declarar reservado este informe es, a mi juicio, infundada y perjudicial. Estamos afectando la promesa de la democracia, que es la transparencia, y el derecho de los ciudadanos a comprobar las decisiones de sus autoridades”, agregó Rodríguez.

Con información de www.elsol.com.ar