Hacemos por Córdoba de crisis en en crisis. ¿Schiaretti está teflonado o lo van a quemar?

Fue otro fin de semana de teléfonos al rojo vivo. El sábado 29 de octubre, los primeros funcionarios que se anoticiaron del accidente que protagonizó Oscar González ya vaticinaban que no estaban ante un simple siniestro vial.

Los hechos posteriores demostraron y demuestran que se quedaron cortos en sus augurios. La madrugada del pasado domingo 6 obligó a las principales figuras del poder provincial a permanecer en vela después de que uno le iba avisando al otro sobre el ataque contra el intendente provisorio de San Francisco.

También en esas primeras horas del domingo auguraban otra situación confusa, con días complejos e inciertos.

Es que la semana posterior al siniestro protagonizado por González la pregunta más repetida entre los actores centrales de Hacemos por Córdoba fue cuántas crisis políticas más puede soportar el oficialismo provincial en una campaña ya lanzada en pos de retener el poder después de 24 años ininterrumpidos.

Amanecieron con la relativa tranquilidad de que la principal hipótesis de los balazos contra Damián Bernarte era de índole estrictamente personal, pese a que aún falta la indagatoria al único acusado y el testimonio del funcionario afectado.

Pero las balas volvieron a San Francisco en la noche del martes. Frente al hospital en el que está internado Bernarte, y cuando dos de sus allegados estaban en la puerta.

La Policía se encargó de comunicar a minutos de los hechos que los disparos no estaban relacionados con el ataque al intendente ni con ningún otro entredicho político en la principal ciudad del este provincial.

 
En el Gobierno provincial ponen especial énfasis en desvincular ambos hechos, más allá de coincidencias temporales y de la curiosidad del lugar elegido para efectuar los disparos. La investigación apunta a guerra de bandas, con antecedentes de narcotráfico metidos en el medio, y con una presunta confusión respecto de los destinatarios de la balacera.

Según los funcionarios cordobeses, hay que situar esos hechos de bandas relacionadas con el crimen organizado del lado santafesino, en Frontera, ciudad colindante de San Francisco y muy cercana del hospital donde se produjeron los balazos.

Hace rato que la franja este de Córdoba es motivo de preocupación, porque la tragedia narco de Rosario-Santa Fe está penetrando hacia este lado de los límites provinciales, en especial en ciudades del tamaño de San Francisco.

 
Se recuerda que hace pocos meses fue condenado un expresidente de Sportivo Belgrano, Pablo Esser, por venta de estupefacientes y lavado de dinero a partir de su vínculo con barrabravas. El club no es una institución más en aquella ciudad.

Hay también una situación de tensión política no resuelta que se desató cuando el intendente Ignacio García Aresca –uno de los dirigentes más cercanos y afines a su antecesor Martín Llaryora, actual intendente de la capital provincial y candidato a gobernador por el PJ– pidió licencia para asumir como diputado nacional.

En el Centro Cívico y en el Palacio 6 de Julio son contundentes a la hora de separar y decir que no deben relacionarse las tres situaciones: ataque al intendente, guerra de bandas narco con balacera al hospital y disputas políticas por la sucesión municipal. Y repiten lo de las coincidencias geográficas y temporales.

UN CASO ABIERTO
También repiten que vienen con las defensas bajas; que aún no se puede evaluar la magnitud de impacto que el caso González tuvo sobre la credibilidad del proyecto gobernante.

Hasta acá se viene ejecutando el plan pergeñado por la mesa chica del gobernador Juan Schiaretti de soltarle la mano al hasta hace días presidente provisorio de la Legislatura, pero con el menor estrépito posible, mientras buscan poner foco en temas conexos a todo lo que desató la tragedia.

El Gobierno no avala ni las posturas que bajaron los decibeles al escándalo, como planteó el propio presidente del bloque oficialista Francisco Fortuna, ni a quienes salieron a lapidar a González, como sus compañeros Julio Bañuelos y Alfredo Altamirano.

Se viene una discusión por algunos espacios de poder, como la estratégica presidencia provisoria de la Legislatura, ya que el nombramiento de Nadia Fernández, que responde a Alejandra Vigo, es por ahora con fecha de vencimiento: el 31 de diciembre.

Es muy poco probable que González vuelva a ocupar una banca. La soledad política que padece tiene un fuerte componente simbólico: sólo lo defiende públicamente alguien que también se tuvo que ir de manera anticipada de la Unicameral.

El abogado defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini, renunció a su banca por el juecista Frente Cívico en octubre de 2009, ya que el peronismo contaba con los votos para suspenderlo, ante la acusación de haber litigado contra el Estado mientras era legislador.

Fuente: La Voz del Interior, sobre una nota de Roberto Battaglino