Reparto de las autoridades y las vacantes en Comodoro Py: los primeros desafíos del nuevo Consejo de la Magistratura

En menos de un mes habrá un nuevo Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y la acusación de los jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial. El 18 de noviembre asumirán sus nuevos integrantes y será la composición del 2023, año de elecciones presidenciales que para la justicia no pasa desapercibido.

La nueva composición tendrá un primer desafío inmediato, que más allá de las rencillas políticas que genera, no es un obstáculo. Y es la designación del vicepresidente del Consejo -quien secunda a su titular, Horacio Rosatti- y la de las autoridades de las comisiones del Consejo, lugares de poder que todos los sectores buscan.

El segundo tema, y que el actual Consejo parece que se despide sin resolución, son los concursos públicos para cubrir las vacantes en Comodoro Py, el edificio judicial por el que pasan las causas de corrupción que centran la mirada de la política.

El nuevo Consejo ya tiene a parte de sus integrantes definidos. Rosatti y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, continuarán desde el mes que viene. Los primeros elegidos para la nueva composición fueron los dos representantes del sector académico, Hugo Galdaresi y Guillermo Tamarit.

La semana pasada fueron elegidos los cuatro representantes de los abogados. Llegan al Consejo Miguel Piedecasas y Héctor Recalde y continúan Jimena de la Torre y María Fernández Vázquez. Y también los cuatro de los jueces: Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola.

Para completar los 20 integrantes restan los representantes del Congreso de la Nación, cuatro de la Cámara de Senadores y otros cuatro de Diputados. Tiene plazo para designarlos hasta el 18 de noviembre. Y como dio cuenta ayer Infobae el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se encaminan a repetir a sus representantes parlamentarios.

Cuando el cuerpo esté completo el primer paso será definir a sus nuevas autoridades. La presidencia por el ley es para Rosatti, titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La primera disputa será por la vicepresidencia. Hoy está en manos de la oposición con el abogado radical Carlos Matterson, quien el mes que viene deja el cuerpo.

Pero también se discutirá la presidencia de cada una de las cinco comisiones: Acusación, Disciplina, Selección, Reglamentación y Administración y Financiera. Las tres primeras son las más importantes. Por allí pasan las denuncias por mal desempeño contra los jueces y los concursos para cubrir las vacantes en la justicia. La primera hoy la preside el diputado del PRO Pablo Tonelli; la segunda la senadora del Frente de Todos María Inés Pilatti Vergara; y la de Selección el académico Diego Molea. En tanto, al frente de Administración y Financiera está el abogado del PRO Diego Marías y de Reglamentación la diputada peronista Graciela Camaño.

El reparto de esos lugares clave se reparten en base a la negociación política de los bloques. De esos presidentes los que tienen chances de continuar desde el mes que viene son Tonelli y Pilatti Vergara. El resto dejarán el Consejo.

Cuando el organismo quede conformado en todos sus comisiones le quedará poco tiempo de trabajo hasta fin de año. Luego llegará la feria judicial de enero. Con ese escenario pocos apuestas a que en el resto del 2022 se puedan tomar decisiones trascedentes.

La más esperada tiene que ver con los concursos públicos para cubrir las vacantes en los tribunales de Comodoro Py. Son tres lugares en juzgados de primera instancia, dos en la Cámara Federal y media docena en Tribunales Orales Federales. El oficialismo quiere desde hace tiempo una aprobación de esos lugares. Le interesa particularmente cubrir los lugares en la Cámara Federal donde hoy están Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Sin embargo, no tiene los votos y necesita los de la oposición. En ese sector no los dan y así los concursos están trabados. La expectativa es que haya definiciones el año que viene. Sin embargo, por ser un año electoral y por la disputa política que se dará y hoy hay entre el oficialismo y la oposición nadie apuesta a que sea sencillo. La oposición hace cálculos de ganar las presidenciales en 2023 y tener más poder en el Consejo.

Otro tema importante es la acusación contra el juez federal de Mendoza Walter Bento. El magistrado está acusado de mal desempeño por los procesamientos con prisión preventiva que tiene por varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Bento pasó por el Consejo de la Magistratura la semana pasada en dos audiencias públicas para defenderse de las acusaciones.

Cumplido ese trámite, la Comisión de Acusación debe resolver si aprueba su envío a juicio político y luego la resolución del plenario en la que se necesitan 14 votos. Todo indica que la resolución final pasará al próximo Consejo.

 

 

Con información de www.infobae.com