Locro podrido: Hasta Senestrari lo "empachó"

La UCR cordobesa finalmente presentó el viernes su  posición en la causa abierta por la denuncia de un abogado, a raíz de la participación que pudo tener el Ejército en la elaboración del locro organizado por el Frente Cívico, el 1 de mayo pasado. 

En los Tribunales Federales ingresó el escrito suscripto por el presidente del Comité Central, Marcos Carasso, los vices Liliana Ruestch y Martín Lucas, y los secretarios Viviana Pomiglio, Verónica Gazzoni, Silvina Leonelli, Pablo Farías y Julio Ochoa, además de los apoderados Verónica Garade Panetta y Horacio Santucho Saravia. 

Los radicales enfatizaron que la Constitución Nacional otorga a los partidos políticos “un rol fundamental en el sistema democrático de gobierno, garantizando su libertad, organización y funcionamiento” en el artículo 38. 

Para la UCR, existe “un estado razonable de sospecha” de que el partido “es objeto de una persecución política, pues los yerros previsibles de los extremos fácticos y legales que avalaron la manda judicial trasuntan un actuar temerario de quien debiera garantizar el normal desarrollo de actividades políticas”. 

 
“Entendemos –continúa el escrito- que la toma de decisión de afectar no solo recursos económicos, sino también materiales y humanos, para poner en escena una sobreactuación judicial desmedida para la investigación de un evento público y social como fue la realización de un locro, en el marco de los festejos del día del trabajador, no deja de sorprendernos y llamarnos fuertemente la atención”. 

“Ello se agrava cuando la medida de la instrucción, que en este caso fue un procedimiento con allanamiento subsidiario, se ordena sobre un domicilio que ninguna relación guarda con los hechos objeto de la investigación, ya que es de público conocimiento que el evento del 1 de mayo fue organizado por otro partido político, y no la UCR”, agrega. 

Carasso y compañía enfatizaron que todos en Córdoba saben que en San Juan 209 está la Casa Radical, por lo que no conciben que haya tal confusión que lleve a pensar que allí tiene sede la alianza Juntos por el Cambio, la que, además, recuerdan, “como sujeto político es inexistente”, porque las coaliciones electorales dejan de existir tras el cierre de los comicios. 

“Abona nuestra preocupación el hecho de que estas cuestiones son o debieran ser conocidas por el fiscal federal Nº1 (por Enrique Senestrari), ya que en su carácter de fiscal con competencia electoral no podría ignorarlas, salvo que aceptemos el desconocimiento del derecho por parte de dicho funcionario”, acusaron. 

El procedimiento del lunes 4 de julio, “constituye un acto de serio peligro institucional que no podemos soslayar, en particular por el absurdo sustento fáctico y legal de aquella que la torna carente de todo sentido jurídico”. “Es flagrantemente arbitrario”, lo calificaron. 

“No queda más que rememorar con estas acciones las épocas pretéritas y oscuras de nuestra historia reciente, pues a tenor de la inexplicable e infundada disposición de la medida, no cabe sino concluir que ella tenía otra, no confesa, finalidad extraña a un proceso penal”, concluyeron. 

La UCR pidió que se archiven las actuaciones en lo que respecta al partido y, también, hizo reserva de solicitar intervención del Consejo de la Magistratura y del Procurador Nacional, para que tomen conocimiento de lo sucedido y evalúen la conducta de los funcionarios judiciales que actuaron. 

Fuente: Alfil Diario