Torturas, asesinatos y detenciones de activistas: la 'normalización' de Maduro

Torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias, acusaciones falsas y mucha impunidad. La nueva oleada represiva del chavismo insiste contra los defensores de derechos humanos y añade a dirigentes de Bandera Roja, organización marxista en la oposición, que ha liderado diferentes protestas. Pero además, suma un caso inédito hasta ahora: la detención y muerte de un agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), la policía judicial venezolana.

La autopsia conocida de Juan Pantoja, quien cayó en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), confirma que el detective murió por "asfixia mecánica por sumersión". Este cuerpo militar ha convertido su sede central de Caracas en uno de los principales centros de tortura del continente.

El mismo agente avisó a sus compañeros de las torturas que estaba sufriendo tras su detención. "Fue sumergido en una pipa (depósito) de 200 litros que había en el lugar", confirmó Tamara Suju, activista de derechos humanos. A Pantoja le acusaban de ayudar a la fuga de Reyes Hernández, propietario de una hacienda y perseguido por el chavismo, que pudo huir del país.

Edema cerebral severo, edema y congestión pulmonar, hemotórax masivo y otras lesiones asoman en la autopsia del detective, un nuevo casos de torturas en la Venezuela chavista. La Corte Penal Internacional ya investiga a Nicolás Maduro y a sus generales por ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

"Son momentos oscuros para los derechos humanos en Venezuela, un abanico de crímenes de Estado en vivo y en directo. Están tratando de inmovilizar a la población", resumió el ex fiscal Zair Mundaray, quien desde el exilio informó al país de lo que sucedía en la comisaría de Apure.

La Unión Europea y Canadá acaban de denunciar otro asesinato, el de Virgilio Trujillo, líder indígena del Amazonas y defensor ambiental, quien protegía los territorios ancestrales de los piaroas de la minería ilegal y las guerrillas colombianas, aliadas de Maduro.

El asesinato de Pantoja coincide con la nueva arremetida contra defensores de derechos humanos, sociales y laborales, "quienes representan un obstáculo para los planes del régimen de normalizar la dictadura, por eso los secuestran y persiguen", denunció Andrea Tavares, secretaria general de La Causa R.

Entre ellos está Gabriel Blanco, dirigente de la Alianza Sindical Independiente y trabajador humanitario de la ONG Éxodo, a quien acusan de terrorismo y asociación para delinquir, herramientas habituales de las tres dictaduras continentales contra sus perseguidos. Según los datos del Foro Penal, actualmente permanecen en las mazmorras del chavismo 236 presos políticos, entre ellos 129 militares y 14 mujeres.

Su trabajo con las comunidades más vulnerables, sobre todo en derechos de la mujer, le había convertido en blanco de la persecución revolucionaria. Su mujer, Diannet Blanco, es miembro de los Comités de Derechos Humanos y ex prisionera política del chavismo.

Se trata sólo de uno entre los siete detenidos de las últimas horas, que incluyen a dirigentes y activistas de Bandera Roja. La maestra jubilada Jenny Pérez, los dirigentes Reynaldo Cortés y Alcides Bracho, los militantes Néstor Astudillo y Alonso Meléndez y el sindicalista Emilio Negrín completan la lista de perseguidos.

Carlos Hermoso, líder de Bandera Roja, aseguró que se mantienen firmes en la protesta. "Vamos a impulsar un frente nacional contra la represión", adelantó.

*Para El Mundo de España