La Corte tiene a Los Monos entre ceja y ceja: segundo fallo contra la banda narco en una semana

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el pedido que había hecho Jessica Lloan, la pareja de Emanuel Chamorro, uno de los líderes de Los Monos, para volver a tener prisión domiciliaria. Actualmente Lloan se encuentra detenida en un penal de Rosario, luego de que la Justicia Federal revocara la prisión domiciliaria, después de que se confirmó que no estaba en su casa donde debía cuidar a sus dos hijos.
 
La pareja de Chamorro, lugarteniente de Ariel Cantero, fue condenada a 12 años de prisión por narcotráfico. Después de que los hombres de la banda fueron detenidos en la causa llamada Los Patrones, se detectó que las parejas de Ariel Cantero –Vanesa Barrios– y de Chamorro se dedicaban a reorganizar y continuar con el negocio narco.

 Este es el segundo fallo de Corte Suprema contra la banda de Los Monos en menos de una semana. El martes pasado, el máximo tribunal rechazó los recursos y dejó firme las condenas de Guille Cantero, a 15 años de prisión, y de Chamorro, a 17 años, por tráfico de drogas.

Esta nueva decisión del máximo tribunal de la Nación se produjo días después del acto que se realizó en Rosario, donde el presidente del organismo, Horacio Rosatti, planteó que “si no se lucha contra el narcotráfico, se es cómplice”.

 El diagnóstico del presidente de la Corte Suprema de la Nación sobre el fenómeno narco en Rosario tiene un minucioso nivel de detalle y la decisión política del alto tribunal es que la Justicia Federal muestre una reacción y un cambio, a pesar de que desde dentro cuesta que algo se mueva. La mirada desde la Corte Suprema es que el problema del narcotráfico es más amplio, que incluso se irradió hacia sectores de poder económico que mueven engranajes claves en la ciudad de Rosario.

Las causas por narcotráfico crecieron un 16% en los últimos dos años y ya representan el 80% del total. Hay un déficit del 50% de personal de las fiscalías, la infraestructura edilicia está en crisis, no hay cárceles federales en Santa Fe y existen solo siete notebooks para los fiscales, mientras el sistema informático requiere modificaciones y el telefónico está obsoleto. En 2018 ingresaron en Rosario 4.930 causas por narcocriminalidad y en 2019 esa cifra creció a 5.726.

 Uno de los problemas es que la Justicia Federal llega tarde. En el Ministerio Público de la Acusación de Rosario se inician y se investigan las causas contra los engranajes del crimen organizado por delitos vinculados a la violencia, bajo la amplia figura de la asociación ilícita, como ocurrió el viernes de la semana pasada con Máximo Cantero, el fundador de la banda de Los Monos, cuyo perfil encarna un récord: nunca fue procesado ni detenido por delitos federales en Rosario. La única condena a seis años de prisión que carga sobre sus espaldas, a nivel federal, se produjo en 2001, dos años después de ser detenido en Itatí, Corrientes, con 91 kilos de marihuana. En Rosario jamás piso los tribunales federales.

En la causa contra Esteban Alvarado ocurrió lo mismo que con la banda de Los Monos. Fue juzgado antes por la Justicia provincial que por la federal. El rubro al que se dedica Alvarado es el narcotráfico, un delito federal. Horas antes de la llegada de los cien jueces federales de todo el país y cuatro ministros de la Corte Suprema de la Nación a Rosario, para analizar el problema del narcotráfico, en el Centro de Justicia Penal los fiscales del MPA Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que encabezan la Unidad de Criminalidad Organizada, hicieron un intenso alegado y tocaron el tema ríspido de la Justicia Federal. Sus críticas apuntaron al juez federal Marcelo Bailaque, titular del Juzgado de Instrucción Nº4.

 El desempeño del juez Bailaque está cuestionado desde hace tiempo, pero en el Consejo de la Magistratura nunca avanzaron las investigaciones. En setiembre de 2020, el entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, lo denunció por mal desempeño de sus funciones cuando subrogaba el Juzgado Federal de Santa Fe y no autorizó un allanamiento contra un grupo narco.

En medio del involucramiento de la Corte Suprema en la problemática narco de Rosario, las sospechas sobre el mal desempeño del magistrado, puestas de relieve en uno de los juicios más importantes de los últimos años, amenazan con provocar ahora otra mirada sobre los puntos oscuros de las investigaciones judiciales.

 Ante ese escenario, el lunes pasado hubo novedades inesperadas en la causa Alvarado, lo que muestra el impacto de la presión del máximo tribunal sobre jueces y fiscales.

 Otra persona cercana a un líder narco también sufrió esta semana un revés judicial. Se trata de Rosa Capuano, ex pareja de Esteban Alvarado, rival de Los Monos, que está siendo juzgado por la Justicia provincial. Los fiscales Diego Iglesias, de PROCUNAR, Javier Arzubi Calvo, de la Fiscalía Federal Nº1 de Rosario, y Diego Velazco, de PROCELAC, pidieron la detención de Capuano para indagarla por supuesto lavado de dinero.

A la mujer, que actualmente está separada del líder narco, se le atribuye haber adquirido y administrado dos Toyota Hilux, un camión Scania, una VW Saveiro, una Ford Eco Sport y un Ford Cargo. Esas operaciones se hicieron con montos que surgían de una trama de hechos ilícitos, entre ellos, el narcotráfico.

 Las acciones, según los fiscales, se desarrollaron de forma sistemática, durante 11 años, por personas con antecedentes delictivos o que se desenvuelven en un ambiente criminal, cuyos perfiles patrimoniales no son compatibles con las inversiones realizadas y también se advirtió un manejo inusual de dinero en efectivo.

 Alvarado está divorciado de Rosa Capuano. Ella habría desempeñado en el tiempo analizado “el rol de prestanombre de Alvarado, en momentos en que tenían una relación de confianza, pese a no ser más un matrimonio”. Rosa está registrada como socia de Logística Santino, una de las firmas propiedad del narco. Esa sociedad, según los perfiles de ingresos, compró en 2015 un camión y un semirremolque que no condicen con el capital aportado por la firma ni con su giro comercial de tres meses.

Capuano fue condenada a tres años de prisión por la Justicia provincial el año pasado en el marco del juicio en el que está siendo sometido su ex pareja, contra quien los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron una pena de prisión perpetua por liderar una asociación ilícita que, entre otras cosas, tramó el asesinato del prestamista Luciano Maldonado.

 El caso Alvarado se reavivó ahora en la Justicia Federal, luego de que el juez Marcelo Bailaque quedara en el centro de las miradas tras las fuertes acusaciones que hicieron los fiscales provinciales en ese juicio. Manifestaron que elevarán copia de lo que se trató en las audiencias para que el Consejo de la Magistratura analice el accionar y la omisión a la hora de investigar a este narco por parte de la Justicia Federal de Rosario.

El ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Emilio Lencina, declaró que desde 2012 se abrió una investigación contra Alvarado, pero Bailaque no autorizó luego las intervenciones telefónicas que se habían pedido para profundizar la pesquisa y la causa se terminó por caer.

 Recién en diciembre de 2019 Alvarado fue procesado por primera vez en Rosario por un delito de narcotráfico, luego de que la PROCUNAR insistiera en acusar al líder de la banda de organizador del tráfico de 493 kilos de marihuana interceptados en Río Negro en noviembre de 2017. Ahora hay otra etapa en la investigación de la Justicia Federal, por lavado de dinero, en la que será indagada Capuano, la ex pareja del líder narco.

Fuente: Aire de Santa Ffe, sobre una nota del periodista GERMÁN DE LOS SANTOS