Cristina Kirchner: su frente judicial se complica y en Tribunales no descartan un pedido de prisión

Algo parece haber cambiado esta semana en ese territorio cenagoso que separa a la Justicia de la política. Dos hechos marcaron a fuego esa frontera plagada de ejercicios de guerra. La tambaleante declaración como testigo del presidente, Alberto Fernández, en la causa donde se investigan los escandalosos contratos viales concedidos al empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo. Y el rechazo de la Cámara de Casación a la apelación que había hecho Cristina Kirchner por el caso de los cuadernos de las coimas. La vicepresidenta seguirá camino a otro juicio oral y su situación judicial empieza a tener complicaciones de una magnitud que nunca antes había enfrentado. 

Salvo que se produzca algún hecho extraordinario, varias fuentes judiciales consultadas por TN coinciden en pronosticar un idéntico desenlace. En la causa conocida como “Vialidad”, la misma en la que declaró el Presidente el martes pasado, Cristina Kirchner deberá enfrentar un pedido de prisión efectiva en el mes de agosto próximo, luego del final de la feria judicial y de los alegatos posteriores de la investigación. Es la pena que solicitaría el fiscal Diego Luciani para la vicepresidenta.

Un camino parecido seguirían los otros tres imputados principales del caso: el afortunado Lázaro Báez, beneficiado en las dos décadas anteriores con el 10% de las obras públicas nacionales y el 86% de los contratos en Santa Cruz; el exministro de Planificación Julio de Vido; y el exsecretario de Obras Públicas José López, cuyo rostro se popularizó cuando las cámaras de seguridad de un convento de monjas en el conurbano bonaerense lo inmortalizaron portando una ametralladora en la madrugada y arrojando bolsos con nueve millones de dólares.

Si el pedido de prisión efectiva se concreta y la eventual condena tuviera un plazo de más tres años (los que llevarían a prisión a cualquier otro ciudadano argentino), esa situación de todos modos no se daría con Cristina. La vicepresidenta, como senadora nacional, tiene fueros parlamentarios que impiden cualquier sentencia de cárcel.

Sin embargo, y es la discusión que viene creciendo en los ámbitos judiciales y políticos, volverá a plantearse el debate sobre la vigencia de la ley de fueros para los legisladores. La política, como ya sucedió en los últimos años, deberá reiterar cuál es su última palabra sobre si le mantiene o no ese beneficio a Cristina.

En los últimos años, la discusión en la política sobre el alcance de los fueros parlamentarios tuvo dos resultados bien diferentes. El Congreso le quitó los fueros a Julio de Vido en octubre de 2017, quien había sido electo diputado nacional, para que se hiciera efectiva una condena de prisión y el exministro permaneciera preso durante treinta meses.

Diferente fue la suerte de Cristina. Sus adversarios, nucleados básicamente en Juntos por el Cambio, intentaron concretar su desafuero a comienzos de 2019, luego de que la Corte Suprema le confirmara la prisión preventiva en la causa del Pacto con Irán y la actual vicepresidenta quedara a tiro de una detención.

En ese momento, el protagonista de la estrategia para que la senadora siguiera contando con esa protección judicial fue Miguel Ángel Pichetto, por entonces jefe del bloque de senadores del PJ y quien calificaba esa posibilidad como “un absurdo y un exceso”.

Pichetto planteó que solo habilitaría el pedido de desafuero cuando la condena quedara confirmada en forma definitiva. Es decir, resuelta todas las apelaciones. Por esos senderos misteriosos que tiene la política, pocos meses después el senador peronista terminó como acompañante de Mauricio Macri en la fórmula presidencial derrotada por el Frente de Todos. La que encabezaron justamente Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

¿Qué podría pasar este año y el próximo si se plantea el mismo escenario? Ninguno de los posibles presidenciables para 2023 quiere hablar del tema en público, pero la posición mayoritaria es no llevar la situación a un extremo que luego puedan sufrir los dirigentes que hoy están en la oposición. Son varios los que arrastran causas judiciales y por ahora no habría consenso para eliminar la ley de fueros que protege la actividad parlamentaria.

El caso más emblemático es el de Macri, procesado el año pasado en la causa donde se lo investiga por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Pero el expresidente no cuenta con fueros parlamentarios, en el caso de que pueda ser condenado a prisión, y siempre ha dicho que no le interesa contar con ese beneficio. Algunos de sus aliados políticos, más preocupados por los vaivenes en la dinámica del poder, le han recomendado que el año próximo compita por una banca legislativa para estar protegido de sorpresas judiciales.

Los abogados defensores de Cristina siempre consideraron a la causa de Vialidad, y a las de Hotesur y Los Sauces, como aquellas en las que la Vicepresidenta corría mayor peligro. Quizás por eso, Cristina pidió que declararan como testigos los dos socios que eligió para armar el Frente de Todos. Alberto Fernández, que escaso favor le hizo el martes pasado, y Sergio Massa, quien debe presentarse este lunes ante los jueces del Tribunal Federal Oral 2.

Las declaraciones del Presidente y de Massa no solo están coordinadas con el equipo de abogados que comanda Carlos Beraldi, sino que también son parte de una arquitectura política con la que Cristina se aseguró el compromiso judicial de sus dos partners electorales. Para desconfiar de Alberto ya tenía la interminable serie de tuits y declaraciones en las que el Presidente la destrozaba y la vinculaba a la corrupción.

En el caso de Massa, fue mucho más importante la relación política que consolidó Máximo Kirchner con el líder del Frente Renovador. También hay videos y discursos del jefe de la Cámara Diputados criticando a La Cámpora, pero ya todo parece haber quedado en el olvido fácil que requiere la conservación del poder.

La declaración del Presidente en el caso Vialidad produjo un impacto en todo el Poder Judicial. El momento más destacado fue el intercambio entre Fernández y el fiscal Luciani cuando lo interrogó sobre un contrato vial para Lázaro Báez de $150 millones en el que finalmente se pagaron $225 millones. Alberto explicó que no conocía las cifras de cada contratación a pesar de que era Jefe de Gabinete, y el fiscal insistió con su pregunta.

“Ah, pero entonces usted tiene un problema de comprensión…”, contraatacó el Presidente, vulnerando una frontera que sorprendió a los jueces. Hasta ese momento, se había mantenido en el espíritu amable del profesor de Derecho Penal que a veces utiliza para salir indemne de las acusaciones políticas.

“Le pido que no me falte el respeto, doctor…”, fue la respuesta lacónica del fiscal Luciani, quien de inmediato hizo algo que marcó el clima cambiante que atraviesa a la Justicia. Le solicitó al Presidente que saliera por un tiempo de la sala de audiencias para consultar con los jueces cuestiones referidas a las preguntas. Unos minutos de aislamiento que se ordenan en otros juicios, pero que resultó extraordinario tratándose de un presidente.

“El idioma gestual del Presidente era el de un hombre acorralado entre lo que tenía para decir y la presión a la que lo sometió la defensa de Cristina”, relató una de las personas que presenció toda la declaración. Un jurista que también estuvo presente en aquel discurso de Cristina en diciembre de 2019, en el que fustigó con tremenda dureza a los jueces y rechazó entonces la consulta del mismo fiscal Luciani preguntándole si tenía alguna respuesta que dar a los planteos acusatorios.

“Yo no tengo ninguna respuesta que dar. Ustedes son los que van a tener que dar respuestas; a mí ya me absolvió la historia…”, les espetó Cristina en aquella declaración, con varios de sus dirigentes preferidos como invitados especiales en Comodoro Py y militantes kirchneristas en las calles cercanas. El Frente de Todos acababa de ganar las elecciones y el kirchnerismo se disponía a recuperar los resortes del poder.

La impresión dominante en el ambiente judicial es que aquel maltrato de Cristina a los jueces y al fiscal que la juzgaban se había convertido en un acto de desautorización que mostraba, como nunca antes, el estado de debilitamiento en la Justicia.

Son esos mismos observadores los que evalúan ahora el pedido de respeto que el fiscal Luciani (un integrante de la familia judicial que se consolidó siendo fiscal en la Cámara de San Martín) le hizo esta vez al Presidente como “una restauración de la autoridad judicial”.

Un sentimiento que va ganando espacio en los diferentes tribunales, sobre todo porque el kirchnerismo en su ofensiva ha atacado a casi todos los estamentos judiciales sin excepción. La marcha militante de hace dos semanas contra la Corte Suprema fue apenas una gota más en un vaso ya colmado.

Si las predicciones judiciales se cumplen, y el Tribunal Oral Federal 2 llegara a condenar a Cristina Kirchner a prisión efectiva por los contratos ventajosos para Lázaro Báez, las tensiones políticas tendrán un ingrediente más para estallar a poco más de un año de las elecciones presidenciales.

Al 2023 no le faltará nada entonces para convertirse en un mecanismo explosivo de relojería, alimentado por el combustible fatal de la incertidumbre.

 

 

* Para TN