Pandemia en Argentina: memoria de un desgobierno

El informe recopila las decisiones sanitarias del gobierno de Alberto Fernández y las analiza en comparación con otros países de la región y el mundo: “La crisis originada por la pandemia, a escala global y en múltiples dimensiones, obligó a reacciones de todos los gobiernos. En términos generales, las decisiones públicas que se adoptaron pueden agruparse en:  

Aislamiento de los ciudadanos y suspensión de las actividades prescindibles.

 
Detección de casos, rastreo de los positivos, su aislamiento y campañas masivas de vacunación

 
Medidas de alivio fiscal y monetario, junto con la compensación parcial de las consecuencias económicas del cese de actividades productivas.

“En el caso argentino, en cambio, las respuestas del Gobierno Nacional sólo se entienden al compararlas con las conductas de otros Gobiernos de la región y del mundo, con los que comparte el descreimiento sobre la conveniencia de recurrir al saber experto y a la evidencia, la subestimación de las ventajas de aprovechar las buenas prácticas internacionales y la desconfianza en los gobiernos cooperativos”.

El informe llamado “Pandemia en Argentina: Memoria de un desgobierno”, recorre los distintos momentos clave de la gestión de la pandemia:

 
Vacilaciones, errores y mala praxis al inicio de la epidemia. “La clave era detectar precozmente los contagios, pero no había tests porque no se habían comprado a tiempo; y no se habían comprado a tiempo porque se subestimó inicialmente la pandemia. Por lo tanto, no se podía implementar una estrategia para controlar la epidemia sin que se comenzara a abusar del confinamiento y el encierro como único recurso”, explica el informe.

Para mayo de 2020, cuando Argentina tenía apenas más de 100 casos por día, se propuso desde la Fundación Alem una salida ordenada de la cuarentena, ampliando la búsqueda activa de casos y protegiendo a los grupos de riesgo.

El proceso de vacunación. Aunque hoy tenemos un nivel de vacunación relativamente alto, tanto para la primera dosis como con el esquema completo, el proceso de contratación de proveedores y de aplicación de vacunas no estuvo exento de prejuicios, imprevisiones, contratiempos, errores y, también, inmoralidades como el

 
“Vacunatorio Vip”. Según se documenta en este informe “La concentración inicial de las compras en sólo dos o tres proveedores se combinó con una excesiva demora en las entregas, ralentizando la distribución y aplicación de las dosis”. Luego, cuando finalmente, el Gobierno se decidió a ampliar los oferentes, la escasez de vacunas pudo superarse. Sin embargo, queda pendiente que las autoridades expliquen las razones reales de la severa demora para adquirir las vacunas del laboratorio Pfizer en 2020, lo que hubiera permitido contar con mayores dosis en la primera parte del año 2021 y, por ende, limitar la cantidad de casos y muertes”.
Impacto económico y social. Con 232 días corridos de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO),

Argentina registró un nivel de confinamiento 40% superior al promedio mundial, según el Índice de Confinamiento construido por la Universidad de Oxford. El PIB cayó en promedio 9,9% en 2020, triplicando la retracción de la actividad económica mundial. Además, Argentina fue el país donde la tasa de pobreza registró el mayor aumento con respecto a la situación pre-pandemia. (Puntualmente, en nuestro país se registró un aumento de 9,8 pp. y creció de 27,2% a 37,0% entre 2019 y 2020. Este incremento triplica el aumento promedio de 3,2 pp. de los 17 países de la región analizados).

Educación. No hubo, por parte del Gobierno Nacional, una priorización del tema educativo para lograr una vuelta a las aulas. Argentina se encuentra entre los primeros países de la región con mayor cantidad de días sin clases presenciales, superando el promedio de América Latina de 300 días, de acuerdo con la OCDE. Las decisiones fueron únicas y generalizadas en un país diverso, heterogéneo y federal; no existió un plan de salida ordenada que anticipara necesidades producto de la suspensión de clases presenciales; se sobrevaloró la potencialidad de la educación remota en un país también muy heterogéneo en términos de conectividad y de acceso a dispositivos, además de una desigualdad educativa preexistente. No fueron escuchadas las voces de la oposición cuando en el ámbito del Congreso de la Nación y a través de los partidos políticos como fue el caso del documento de la Fundación Volver a las Aulas, demandaron la necesidad de declarar la esencialidad de la educación y aprobar un plan de regreso.

 
Calidad institucional y Derechos Humanos. En dos años de gobierno, la cantidad de decretos de necesidad y urgencia supera a las leyes sancionadas en el Congreso. Alberto Fernández ha dictado casi 60 DNU por año. Si se cuentan todos los decretos con contenido legislativo, son 86 por año. Este gobierno se lleva el récord de ser el que más ha arrebatado atribuciones del Congreso. Aunque sea una obviedad hay que decirlo: la atribución de legislar es del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Las restricciones impuestas por DNU dieron lugar a una serie dramática de arbitrariedades. Asesinatos de personas que habían sido detenidas por violar las restricciones.

Detenciones arbitrarias. Familias que no podían trasladar a sus seres queridos enfermos.

Una información poco conocida y lamentable. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos despachó por algunos de estos casos y por la situación de Formosa, medidas cautelares contra nuestro país. A sabiendas de que estos DNU colisionaban con derechos reconocidos en normas internacionales de Derechos Humanos de los cuales la Argentina es parte, el Gobierno no tuvo otra opción que comunicar a la Secretaría General de la ONU, la suspensión de ciertos derechos y garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hasta el 31 de diciembre de este año.

Por último, es verdad que la pandemia vino a agregar más incertidumbre sobre tiempos ya inciertos para todos los países del mundo. Sin embargo, los buenos gobiernos se destacan por diseñar e implementar políticas que contribuyen a reducir la falta de certeza y, también, por estilos de comunicación tendientes a disminuir la angustia y la perplejidad de la población.

 
En Argentina, el Poder Ejecutivo contribuyó a aumentar la incertidumbre y la beligerancia en el debate público.

La Fundación Alem está conformada por casi trescientos especialistas en políticas públicas de todo el país que se organizan en 15 comisiones de trabajo y que han elaborado informes en los últimos cuatro años para proveer información de calidad e intentar mejorar la conversación sobre los asuntos públicos.

Fuente: Fundación Alem