Otro fiasco de Cristina Kirchner con Alberto Fernández

Cristina Fernández estuvo soñando mucho tiempo con la fotografía que mostró los últimos días la vida pública en la Argentina. Ella sobreseída en la causa de corrupción que más le inquietó siempre: Los Sauces-Hotesur. Sospechas de lavado de dinero, con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner involucrados. En paralelo, Mauricio Macri procesado por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hundido, aún no se sabe por qué, en noviembre del 2017. 

Aquel sueño de la vicepresidenta, sin embargo, parecería perturbado. No se produjo de la forma que había imaginado cuando en mayo del 2019 armó el dispositivo de poder para ganar las elecciones con Alberto Fernández como candidato a presidente. Consumió ya la mitad del mandato, sufrió en las legislativas una histórica derrota –lo admitió en su última carta-, deberá transitar los próximos años con una oposición fortalecida en el plano institucional y un oficialismo aturdido por el destino que podría depararle el 2023.

Tres factores más la insatisfacen. Debió forzar el fallo del Tribunal Oral Federal 5 que dictó un sobreseimiento plagado de desprolijidades jurídicas. Ocurrió además con voto dividido. En ningún caso se evidenció palmariamente su inocencia. Obtuvo el castigo contra Macri, de una forma similar, después de haber verificado el nulo impacto electoral que tuvieron las acusaciones de espionaje. Es probable que, si el Gobierno no recompone su presente político para resultar competitivo en 2023, aquel par de resoluciones del Poder Judicial puedan ser revisadas. En suma, podría tratarse de una victoria circunstancial. De patas cortas.

Adrián Grünberg, el juez subrogante de Justicia Legítima que votó para sobreseer a Cristina ya dejó el TOF5. En su lugar resultó sorteado Herminio Canero, poco afín a las políticas judiciales kirchneristas. Con antecedentes de condena contra Luis D’Elía, por el copamiento de una comisaría en La Boca. Su mirada sería más cercana a la de Adriana Palliotti, que votó por llevar a juicio oral la causa Los Sauces-Hotesur, que a la de Daniel Obligado, compinche de Grünberg en el sobreseimiento.

El apunte tendría importancia por un motivo. El fiscal Diego Velasco apelará aquella decisión. Obligará a otra intervención de la Cámara de Casación que, también con veredicto dividido, rechazó un planteo de la defensa de Cristina para que anulara la elevación de la causa a juicio oral. Ese cuerpo lo componen Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y la jueza K Ana María Figueroa. Las matemáticas, a priori, no resultarían funcionales a Cristina.

Esos pormenores pertenecen al laberinto judicial. Existen otros que atañen a la política. Están en la cima del poder. Allí aflora la relación distante entre Alberto y Cristina. La vicepresidenta dijo hace pocos días que para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la lapicera la tiene el Presidente. Aunque desgranó sus propias condiciones. Hubiera deseado que esa lapicera, junto al tramado propio que posee en la Justicia, la hubiera ayudado a zafar más rápido de sus ataduras con las causas de corrupción.

Se trata de una queja que circula con insistencia en el Instituto Patria. Cristina presume que Alberto no habría hecho todo lo que estaba a su alcance para aliviarla. El primer reproche radica en el tiempo perdido mientras Marcela Losardo, actual embajadora en la UNESCO ocupó el Ministerio de Justicia. ¿Acaso el arribo de Martín Soria fue la solución? Seguramente no. Pero el ex diputado liberó los caminos para que el viceministro, Juan Martín Mena, traficara influencias e imposiciones en las instancias judiciales que recorren las causas de Cristina.

Con una ayuda invalorable: sobrevivientes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con independencia de la conducción del organismo, a cargo de Cristina Caamaño. Vale un recordatorio: Mena fue segundo en la AFI de Oscar Parrilli, en el último mandato de Cristina. Se cargó en sus espaldas la restructuración de la agencia. El señor 8, así llamado, sabe qué sucede en ese mundo subterráneo.

El papel del viceministro de Justicia fue clave para otra decisión sensible: el sobreseimiento a Cristina por el Memorándum de Entendimiento con Irán. También anulando el juicio oral. Había sucedido algo igual en el entuerto, tal vez, menos judiciable: la venta de dólar a futuro. Portavoces de Comodoro Py arriesgan más: señalan que las argumentaciones centrales del fallo de Obligado y Grünberg sobre Los Sauces-Hotesur, fueron confeccionadas entre Mena y el cerebro de la defensa de la vicepresidenta, el reconocido abogado Carlos Beraldi.

Las insistentes referencias al viceministro de Justicia tendrían otro costado. La ausencia de operadores judiciales eficaces del Presidente. “Al final siempre me tengo que arreglar sola”, rezongó Cristina cuando varios días antes de tomar estado público se enteró del último sobreseimiento. De allí el festejo íntimo –una cena- con las senadoras leales que en las legislativas no lograron revalidar sus bancas. Hizo lo indecible para que fuera por unanimidad. Las presiones no pudieron con Palliotti.

La decepción de Cristina puede remitir al origen del armado que posibilitó el aterrizaje del Frente de Todos en el poder. ¿Ungió a Alberto sólo porque su aparente condición de moderado atraería los votos que ella era incapaz de traccionar? Fue el fundamento más divulgado. Auténtico. Influyó también la condición de gestor judicial, para tratos públicos y privados, que supo ostentar el ahora presidente.

Un caso fue el de la ex integrante de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco. Otro, el de Julián Ercolini, impulsado a juez federal por Alberto en épocas de Néstor Kirchner. Mantuvo con ese magistrado una fluida relación. Empezó a enrarecerse cuando tomó a su cargo la causa Los Sauces-Hotesur. El hoy mandatario lo frecuentaba y, por lo visto ahora, recibía cierta información sesgada acerca de la sospecha por lavado de dinero. Esperanzaba a Cristina. Eso explica la ruptura definitiva que se produjo cuando Ercolini decidió en mayo del 2018 procesar a la ex presidenta y sus hijos, entre varios. Desde entonces Alberto lo expuso públicamente como representante de la supuesta mala praxis judicial.

Quizás el Presidente pueda sentir injusta la sensación de su jefa. La causa por la cual ha sido procesado Macri nació como producto de un informe de la AFI de Caamaño con la participación del diputado K, Leopoldo Moreau. Pocas cosas hacen más feliz a la vicepresidenta que ver al ingeniero complicado. Caamaño también alumbró en Justicia Legítima. Reemplazó en su tiempo al fiscal suspendido José María Campagnoli, con quien tuvo enfrentamientos. Estos años se sintió protegida por Alberto.

Esa protección pareció incomodar la interna del Frente de Todos. Desde que asumió, su pliego nunca fue tratado en el Senado, hasta el 10 de diciembre con cómoda mayoría kirchnerista. Quedó olvidada en la Comisión de Acuerdos a cargo de Anabel Fernández Sagasti. Mano derecha de Cristina. ¿Olvido o castigo? Caamaño tuvo contratiempos. La filtración, por ejemplo, de identidades de agentes de inteligencia. Es probable que Alberto deba acudir a un decreto, como hasta ahora, para sostenerla. La semana entrante el kirchnerismo perderá la mayoría y el quórum en el Senado.

Los tropiezos de Caamaño no hablan bien de su administración. Tampoco, el informe con pruebas rústicas que sirvió al también subrogante juez Martín Bava, de Dolores, para dictar el procesamiento de Macri. Observando aquel material probatorio cabría interpelarse sobre el profesionalismo de la AFI para las tareas de inteligencia. La sociedad no podría sentirse resguardada con sus intervenciones.

El enrarecido proceso judicial no debe invalidar la denuncia sobre presunto espionaje de familiares de las víctimas. Ese es un tema que, con razón o sin ella, ha perseguido a Macri en su carrera política. Le sucedió como intendente de la Ciudad. Puede entenderse como una defensa política su referencia a una “persecución”. Bava es sólo un improvisado juez de primera instancia que recibió advertencias de la Cámara Federal de Mar del Plata. Allí quizá podrían concluir sus andanzas.

El FMI divide más al Frente de Todos

El enjuiciamiento público de Macri sirve para que un Frente de Todos fisurado de inmediato se amalgame. El efecto no suele durar mucho. En la coalición oficial prevalece el debate sobre un asunto crucial: la negociación con el FMI. A trazo grueso existen tres líneas. La del Presidente, con el timón de Martín Guzmán, que aspira a algún acuerdo (se ignora cuál) con el organismo. La de Cristina y La Cámpora, que avalan las gestiones apenas como observadores. La de sectores radicalizados que promueven acciones sorprendentes. La diputada Fernanda Vallejos habla de un juicio al FMI por haber violado su propio reglamento al haber liquidado US$ 45 mil millones para favorecer al gobierno de Macri. Amado Boudou propuso elevar el conflicto a la Corte Penal Internacional.

El ministro de Economía ha escuchado otras cosas. Cristina habló de un acuerdo con inclusión social. ¿Cómo sería para Kristalina Georgieva, la jefa del FMI? La CGT le dio aval al funcionario con la promesa de que el cierre de la negociación no incluya un ajuste. Varios K deslizaron la supuesta asistencia de China, Rusia y Arabia Saudita.

Guzmán absorbe todo como una esponja. A nadie coloca reparos mientras dice elaborar un programa plurianual que remitirá al Congreso. ¿Un programa con el aval del FMI?, interroga la oposición llamada a jugar un papel preponderante con la nueva composición en Diputados y el Senado. No hay respuesta. No la tiene un gobierno que juguetea sin percatarse que una soga va rodeando su cuello.

 

 

* Para Clarín