Acuerdo político nacional: el plan del Gobierno para el día después de las elecciones

Más allá de cuál sea el resultado de las elecciones legislativas del domingo próximo, el presidente Alberto Fernández tiene resuelto convocar a los empresarios, sindicatos y a la oposición a un acuerdo político nacional el día después de los comicios. La vicepresidenta Cristina Kirchner –con la que retomó el diálogo, aunque la relación continúa tirante– ya dio su aval, aseguran en la Casa Rosada.
 
Sergio Massa, la otra pata del trípode societario del Frente de Todos y presidente de la Cámara de Diputados, será su articulador en el Congreso con un paquete de proyectos de ley con el cual el Gobierno pretende marcar una nueva impronta. Massa es optimista: cree que el Frente de Todos logrará revertir la derrota en la provincia Buenos Aires; en la Casa Rosada son más cautos y Cristina Kirchner es más bien escéptica.

El tigrense está convencido de que en el principal distrito del país hay unos 20 puntos porcentuales en disputa con la oposición y que el oficialismo, con toda la artillería militante y de recursos públicos que desplegó en el territorio en el último tiempo, está en condiciones de sumar un buen caudal de votos que le permitiría acortar la brecha de seis puntos que separaron al Frente de Todos de Juntos por el Cambio en las primarias de septiembre.

 ¿De dónde surgen estos 20 puntos? De tres vertientes principales. Una, del universo de electores que no fueron a sufragar el día de las primarias; en la Casa Rosada creen que buena parte de aquellos “no votantes”, o de quienes votaron en blanco, apoyaron en 2019 al Frente de Todos pero que, desencantados con la gestión, evitaron concurrir a las urnas el 12 de setiembre. Dos, de los votos que recibieron de aquellas agrupaciones que en las primarias no superaron el umbral del 1,5% para competir en las elecciones generales: un total de 700.000 electores (más de 8 puntos). Tres, de la grieta con Juntos por el Cambio: el oficialismo confía en deshilachar aún más el raleado porcentaje que obtuvo Florencio Randazzo en las primarias (3,7%), disputarle el electorado a la izquierda (con la que comparte algunos temas de agenda, como medio ambiente, género y trabajo) y espera que una porción de quienes apostaron por Facundo Manes en las primarias finalmente tomen otro rumbo en las generales.

Una derrota a nivel nacional –que todos asumen en el oficialismo– pero una remontada épica en el principal baluarte del Frente de Todos, la provincia de Buenos Aires, dejaría mejor parado al Gobierno y al presidente, se entusiasman en la Casa Rosada, aunque eviten mostrarse optimistas en público. Las encuestas no reflejan por ahora este optimismo, aunque algunas de ellas empezaron a dar cuenta de que la brecha entre el oficialismo y el principal espacio opositor comienza a acortarse.

 Lo cierto es que, más allá de las especulaciones que hoy dominan las usinas oficialistas y opositoras, al día siguiente de las elecciones la Casa Rosada pretende dar vuelta rápidamente la página para sentar las bases de un nuevo perfil de gestión de gobierno. El primer puntapié será la convocatoria a un acuerdo político nacional para el cual serán invitados representantes del empresariado, de los sindicatos y de la oposición.

En el Congreso, el acuerdo que el oficialismo pretende enhebrar se basaría en una etapa inicial en una media docena de iniciativas:

Proyecto de ley destinado a fomentar inversiones en el sector automotriz. Ya presentado en el Congreso, prevé beneficios para el sector como la devolución anticipada del IVA, amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y derechos de exportación del 0% hasta diciembre de 2031.
Régimen de promoción de la producción agroindustrial. Acordado con el Consejo Agroindustrial Argentino, propone beneficios como el otorgamiento de un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas y la definición de la ganadería como un bien público de consumo popular.
Régimen de Incentivo a la Construcción y acceso a la vivienda. Tiene como objetivo promover el desarrollo o la inversión en proyectos inmobiliarios realizados en nuestro país.
Hidrocarburos. Propone un esquema destinado a estimular la producción y las exportaciones de gas y de petróleo en un horizonte a 20 años mediante una serie de beneficios, que incluyen el acceso parcial a divisas y la rebaja de impuestos. Habría una iniciativa similar para la minería.
El presupuesto 2022 comenzará a discutirse inmediatamente después de los comicios. El oficialismo ya tiene decidido introducirle cambios, aunque aún no está claro si se retocarán los principales ejes macroeconómicos de la iniciativa que elaboró Martín Guzmán y que, a la luz de los recientes cimbronazos cambiarios y movimientos inflacionarios, aparecen como una quimera. Por caso, el presupuesto para el año próximo prevé una inflación del 33% y un tipo de cambio de $131 pesos por dólar.

El acuerdo con el FMI será otro de los tópicos que aterrizará en el Congreso. Así lo quiso el ministro de Economía para comprometer a la oposición, en caso de que apoyen el acuerdo en el Congreso, con los ajustes que necesariamente deberán hacerse en la economía para acordar con el organismo internacional.

 ¿Qué actitud tendrá Juntos por el Cambio? El oficialismo confía en que se sentará a la mesa del diálogo, al menos el sector más moderado del espacio. “No tiene alternativa. Si persiste la grieta y no se articula un acuerdo político de gobernabilidad para el próximo tiempo, la Argentina va a implosionar y no habrá 2023 para nadie”, advierte un destacado miembro del elenco oficial.

*Para Aire de Santa Fe